La Audiencia Provincial suspende de nuevo el juicio de la última pieza del caso Montecarlo y lo traslada a octubre de 2025
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha decidido este lunes suspender nuevamente el juicio por la última pieza del caso Montecarlo que estaba previsto que se iniciara tras ya varias suspensiones y dilataciones en Arrecife. La vista ha sido retrasada esta vez hasta octubre del año 2025 debido a la incomparecencia del abogado del acusado Lorenzo Lemaur, justificó su ausencia por una baja médica. El presidente de la Sala, Miguel Ángel Parramón, tras informar acerca de la nueva fecha para el arranque de uno de los casos más importantes de posible corrupción en Lanzarote junto al caso Unión, ha pedido disculpas a todas las partes implicadas y ha justificado la decisión por la gran cantidad de señalamientos que tienen pendientes únicamente cuatro magistrados que se deben hace cargo de todos ellos.
Como no podía ser de otra manera ante un caso de supuesta corrupción de tal calado hubo una gran expectación y medios cubriendo lo que presumiblemente parecía el comienzo del juicio y el principio del fin de esta larga historia. Sin embargo, ya en los instantes previos se respiraba en el ambiente y se barruntaba la posibilidad de una nueva y fatídica suspensión ante la incomparecencia del abogado encargado de la defensa de Lorenzo Lemaur. Un auténtico jarro de agua fría para los acusados y los testigos, que es lógico que quisieran que acabara de una vez este tremendo calvario que supone estar pendiente de que caiga o no sobre ti todo el peso de la ley. El ex concejal del Partido Popular (PP) también mostraba en su rostro nerviosismo ante la incertidumbre de qué iba a suceder con este nuevo bache, en este caso seguramente que con un asunto no imputable a su causa. Pero, claro, no es lo mismo que retrasaran el juicio hasta octubre de este año, que habría sido grave, como que lo hayan hecho hasta octubre del siguiente. Otros dos años de tortura psicológica para algunos de los implicados y un tiempo de espera que no se puede justificar de ningún modo.
Lemaur, ante la pregunta del juez que presidia la Sala, afirmó que desde el pasado 12 de diciembre intentó ponerse en contacto con el abogado que se le había asignado de oficio pero que no había logrado contactar con él. Desde el despacho se le comunicó que su abogado se encontraba de baja médica y que se solicitaría la suspensión del juicio, situación que finalmente se produjo este mismo lunes. Un asunto que otros letrados no entienden y que se debería haber solucionado antes de que arrancara el macroproceso.
En esta pieza se estudia el abono presuntamente arbitrario de 3,2 millones a la empresa Tunera Producciones, especializada en organización de eventos, por parte del Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2009 y 2012. De esta cantidad, 121.182 euros habrían sido por servicios que no llegaron a realizarse, según se determina en la acusación, algo similar a lo que pasó con la pieza anterior por la que finalmente se absolvió a todos los acusados y a las empresas que se creía que no habían prestado servicios que finalmente se demostró que sí que prestaron.
En el banquillo de los acusados por esta causa se encuentran el ex alcalde de Arrecife José Montelongo, el ex interventor del Ayuntamiento Carlos Sáenz, el administrador de la empresa Eduardo Ferrer, y varios concejales como Víctor San Ginés, Eduardo Lasso o Lorenzo Lemaur. Además, también se encuentran entre los acusados antiguos asesores o trabajadores municipales como José Nieves, Miguel Ángel Leal, Francisco Hernández o Blas Cedrés.
La Asociación Acción Cívica contra la Corrupción ejerce de acusación popular en este caso y el Ayuntamiento de Arrecife la acusación particular. El fiscal solicita seis años de cárcel para el dueño de la empresa y para el interventor, además de cuatro años y nueve de inhabilitación absoluta para José Montelongo.
Para los antiguos ediles Lorenzo Lemaur y Eduardo Lasso y también para los técnicos José Nieves y Miguel Ángel Leal se solician cuatro años y medio de prisión. Para los ex concejales Isabel Martinón y Victor Sanginés se piden tres años. Por su parte, el Ayuntamiento de Arrecife coincide en las peticiones de la Fiscalía.