Ayuntamiento y Cabildo acusan al gobierno socialista del empeño de Costas por materializar el deslinde de El Golfo

Aunque parecía que el conflicto de los vecinos de El Golfo con la Dirección General de Costas ya había llegado a buen puerto, la decisión de esta autoridad de seguir la lucha a pesar de haberse certificado que se trata de un núcleo de población ha reanudado la guerra entre ambas partes y el cruce de acusaciones entre administraciones.

En esta ocasión la diana de todos los dardos lanzados desde el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Yaiza están dirigidos hacia el Partido Socialista. Por una vez las dos administraciones se ha puesto de acuerdo en algo: los socialistas son los responsables de que esta situación no se decante del lado de los vecinos.

El consejero de Política Territorial de la Primera Institución de la Isla, Mario Pérez, va incluso más allá y pide a los socialistas que se “posiciones públicamente” porque no confía en que vayan a apoyar a los vecinos y les pide que personalmente “expliquen a las familias qué va a pasar con sus casas y cuál va a ser su futuro", como reclamó este lunes en la 95.8.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Consistorio sureño, José Antonio Rodríguez, insistió también en el programa radiofónico matinal en que el grupo de gobierno “ha hecho sus deberes” y que estas actitudes no tratan más que de “minar” el esfuerzo hecho desde las instituciones canarias para solucionar el conflicto.

El Ayuntamiento de Yaiza

“El Ayuntamiento hasta el día de hoy ha hecho sus deberes y ha defendido a sus vecinos”, señaló el concejal, cuestionándose a la vez si serán capaces “esta semana la diputada nacional que va ahora aquí al Ayuntamiento a las listas del PSOE (Olivia Cedrés)” y “el que fuera ministro y que encabeza la candidatura al Gobierno de Canarias (Fernando López Aguilar)” de venir a explicar “a sus vecinos que cachondeo es este”.

Y es que para el concejal de Urbanismo está claro que los únicos culpables de que el conflicto abierto tras el anuncio de la Dirección General de Costas de su intención de hacer efectivo un deslinde marítimo terrestre que afectaba a la mayor parte de esta zona costera, no haya terminado es del partido que gobierna el Estado.

Estas declaraciones surgen después de que Costas decidiera recurrir ante la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del certificado de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) para acreditar que El Golfo existe como núcleo de población consolidado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Costas se ha revelado y en contra de toda expectativa ha recurrido en vía administrativa mediante requerimiento previo la decisión tomada por la COTMAC.

Para Rodríguez “está demostrado que el núcleo de población existe antes de 1988 y que nunca han invadido el deslinde”, por lo que le pide a los socialistas que acudan “esta misma semana a dar las explicaciones a los vecinos”. En este sentido insiste en que Costas “sólo viene a tirar los hoteles de Playa Blanca y en este caso se están despreocupando de las necesidades de los vecinos”.

“Hipócrita y engañoso”

En esta misma línea se redactó el comunicado enviado por Coalición Canaria este mismo lunes a los medios, en el que tachan de “hipócrita y engañoso” el “talante de los socialistas lanzaroteños”.

Así, se preguntan “dónde se esconden los socialistas para evitar la vergüenza de El Golfo” y los acusan de guardar un “silencio vergonzoso” sobre la decisión de Costas de recurrir el acuerdo sobre el deslinde”.

El presidente de los nacionalistas lanzaroteños, Mario Pérez, se pregunta "dónde se esconden ahora los socialistas lanzaroteños, tanto su diputada nacional, como el senador, y qué es lo que opinan sus candidatos sobre la decisión de Costas". "Que expliquen a todos los ciudadanos qué dice el programa electoral de estos señores con respecto al Golfo y que expliquen a las familias de El Golfo qué va a pasar con sus casas y cuál va a ser su futuro", insistió.

Además, reclama a la Dirección General de Costas “la aceptación” de un acuerdo ratificado por “un órgano del Gobierno de Canarias que muestra el reconocimiento de consolidación del suelo urbano de El Golfo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988”, reclamando que "Costas debe rectificar el ancho de la servidumbre y mantenerlo en los 20 metros existentes anteriores a esa fecha. Es un derecho ya consolidado y constatado con numerosos documentos".

LOS VECINOS PRESENTARÁN UN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIENTRAS ESPERAN QUE SE MEDIE POLÍTICAMENTE

Mientras desde las administraciones competentes para solucionar el conflicto se dedican al cruce de acusaciones, los vecinos de El Golfo siguen intentando solucionar su problema. Hace unos días terminaba el plazo para recibir una respuesta de Costas sobre el recurso de reposición presentado por buena parte de los propietarios que contrataron a un abogado particular para defender su causa. Este letrado, José Ortega, reconoce encontrarse ahora con una situación inusual porque no existen casos anteriores en los que Costas haya respondido de esta manera ante la presentación de un certificado oficial, por lo que ahora sólo les queda esperar a la respuesta de la Dirección General para después interponer un recurso contencioso administrativo.

Aún así, el contencioso presentado por el Ayuntamiento anteriormente se resolverá primero, por lo que será el resultado de éste el que dé la respuesta final al conflicto de los vecinos de El Golfo. Esto ocurrirá, con mejor o peor resultado, en un plazo de tiempo que aún no se ha determinado en el que los vecinos convivirán con la incertidumbre de saber si sus propiedades seguirán siéndolo para sus hijos y los lanzaroteños con la de saber si esta tradicional localidad pesquera seguirá formando parte de su paisaje.

La única solución posible para poner fin a la incertidumbre: la mediación política. Así lo entienden muchos de los afectados, que piden a las autoridades que viajen a Madrid para hacerse entender y explicar convenientemente la sinrazón de empeñarse en declarar como no urbana una zona que lo es desde hace más de un siglo.