Dimas Martín se enfrenta a dos años de prisión y multa de 12.000 euros por el caso de la casa de Los Rostros

El que fuera líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ha comparecido este miércoles, 8 de febrero, ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife para enfrentarse a la petición de 2 años de prisión, 12.00 euros de multa y a la inhabilitación para promover obras, al estar acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El fiscal basa su acusación en la construcción de una vivienda en la zona de Los Rostros, en Yaiza, edificada presuntamente sobre suelo rústico.

En el juicio, que ha arrancado con cierto retraso este miércoles a las 9.30 horas en el Palacio de Justicia de Arrecife, ha reunido también a la actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña (entonces integrante del PIL), que gobernaba cuando las obras de la casa se llevaron a caso junto a Leonardo Rodríguez, entonces primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento sureño (miembro de CC), en calidad de testigos.

El juicio ya se ha pospuesto en varias ocasiones y esta es ya la sexta ocasión en que se había anunciado su celebración. Según el escrito del fiscal, Dimas Martín desarrolló obras de transformación del suelo y de ampliación de la casa sin licencia de obras ni calificación territorial entre los meses de marzo y mayo de 2009.

Las obras de la casa fueron denunciadas, tal y como se ha puesto de manifiesto en la vista oral, pero la pieza nace del caso Unión, ya que los pinchazos telefónicos a Dimas Martín no sólo revelan las obras que se estaban haciendo, sino también los intentos por evitar la sanción o la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Yaiza.

En el arranque de la vista oral, el abogado de Martín ha solicitado la nulidad de las pruebas alegando que los citados pinchazos telefónicos incluso fueron modificados durante el registro de los mismos. El letrado ha asegurado que también que ha existido indefensión de Dimas Martín, ya que durante el período de desarrollo de las diligencias las pruebas no se han custodiado de forma legal y segura.