El Gobierno de Canarias convoca urgentemente al sector turístico de Lanzarote para buscar soluciones a los hoteles con sentencias de nulidad

- Además de varias partidas para las personas dependientes de Canarias y el regadío de interés general, el Consejo de Gobierno autoriza la enajenación de la parcela destinada a la cárcel de Juan Grande, aprueba un decreto para la autorización de los nuevos títulos universitarios y la creación de una base aérea para la brigada contra incendios en Puntagorda

El Gobierno de Canarias, reunido este martes en Consejo de Gobierno en la sede del Cabildo de Lanzarote, acordó convocar urgentemente a todos los representantes de los sectores de la actividad turística en la Isla, con el fin de dar con posibles soluciones "conjuntas y legales" a la pretendida legalización de aquellos establecimientos turísticos sobre cuyas licencias pesan sentencias de nulidad.

Así lo manifestó al término del Consejo de Gobierno el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, quien acompañó a la portavoz del Gobierno, Carolina Déniz, durante la rueda de prensa. "Nos reuniremos, tanto la Consejería de Turismo [dirigida por Rita Martín] como la de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, no más allá de la semana que viene con la presidenta del Cabildo, [Manuela Armas], los alcaldes de Teguise y Yaiza, [José Dimas Martín y Gladys Acuña, respectivamente], los empresartios alojativos aglutinados en la patronal Asolan, y con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT", afirmó.

Soluciones "consensuadas y legales" ante tanta polémica

El objetivo de dicho encuentro, según Berriel, no es otro que "verificar" las opciones de los establecimientos turísticos para ser legalizados, "siempre dentro de la más absoluta legalidad", toda vez que estos días se ha creado una polémica a cuenta de diversas declaraciones y publicaciones. Y es que un día después de que el Partido Socialista de Lanzarote acusara al consejero Domingo Berriel de "prevaricación intelectual" por asegurar éste que iba a estudiar "caso por caso" para intentar legalizar todos los establecimientos alojativos que fueran legalizables en la Isla, el diario El País publicaba una información en la que asegura que el Cabildo, "gobernado por el PSOE", iniciará la semana que viene conversaciones para "legalizar hoteles".

Al hilo de dicha polémica, Berriel explicaba este martes que "el Gobierno no quiere interferir ni polimizar sobre este asunto por simple responsabilidad, ya que la actitud del Partido Socialista sólo daña los intereses turísticos de Lanzarote y de Canarias, crea alarma entre los trabajadores e incertidumbre económica". Según el consejero, el Ejecutivo "quiere solucionar este problema reconduciéndolo por la vía de la legalidad, legalizando todos aquellos establecimientos turísticos cuyas deficiencias detectadas por los tribunales sean adaptables a la normativa vigente y, por tanto, legalizables. Pero lo quiere resolver sin demagogia ni alarmismo alguno".

Para Berriel, ni siquiera los propios tribunales, en sus sentencias, "deberían detraer tantas consecuencias al aplicar la ley y la normativa de ordenación vigentes, pues así se pierde credibilidad y se incentiva el alarmismo".

Así, desde el Gobierno presidido por Paulino Rivero se han ofrecido todo tipo de facilidades para agilizar en lño posible la tramitación burocrática y los pasos administrativos para que los expedientes de legalización puedan llevarse a buen fin.

Berriel recordó que el Gobierno había elaborado un anteproyecto de Ley en cuyos artículos se ofrecía la posibilidad de legalizar aquellos establecimientos turísticos que ahora, por mandato de las normativas posteriores, no pueden aparecer en el Registro de Instituciones Turísticas. "Los hoteles deberán estar acordes con la normativa legislativa urbanística vigente", insistió.

Cuestionado por esos 30 millones de euros que supuestamente va a exigir la Unión Europea (UE) en concepto de subvenciones no justificadas por los empresarios tras una iniciativa de un diputado de Los Verdes, Berriel sostuvo que, efectivamente, la UE había solicitado los expedientes de concesión de ayudas como incentivos regionales para revisarlos. "Suman un total de 30 millones de euros. La UE todavía no se ha pronunciado, pero si, efectivamente, al final decide retirar esa cantidad, el turismo de Lanzarote y de Canarias se verían muy afectados en el futuro", dijo. "Pero esta no es más que otra de las consecuencias que se derivan de esa pérdida de confianza sobre nuestro modelo turístico", agregó.

III Festival Costa de Música

Por otra parte, entre los asuntos tratados por el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Carolina Déniz, anunció que el Ejecutivo canario colaborará con el Ayuntamiento de Teguise en la cantidad de 18.000 euros para la organización de la tercera edición del Festival Costa de Músicas que acoge Costa Teguise en el mes de septiembre.

El Gobierno de Canarias ha aprobado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Teguise por el que, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se respalda la iniciativa, fundamentada en la música electrónica, con la citada cantidad. Durante dos días, el festival pretende movilizar a más de 20.000 personas que acudirán a más de veinte actuaciones programadas.

La cita será los días 26 y 27 de septiembre en Playa Bastián, y contará con las actuaciones de Lovie Austen, Wagon Cookin, Soul Wax, Facto de la Fe y Las Flores Azules, Tiga, Sr. Coconut, Cassius, Amparanoia, Dub Pistols y Mo'Horizons.

Asimismo, el Gobierno regional colaborará con el Ayuntamiento de Candelaria, con 160.000 euros, para la celebración del Festival Música Viva, que este año alcanza su XIII edición.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Gobierno de Canarias aprobó varias subvenciones para las personas dependientes de Canarias. Así, destinará 184.795,24 euros a Cáritas Diocesana de Tenerife, para el sostenimiento de tres centros de atención a personas mayores con algún grado de dependencia; 185.888,22 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para contratar personal de tramitación de la prestación canaria de inserción; invertirá 275.643,85 euros a centros de atención de personas dependientes del sur de Gran Canaria; y destinará 160.410 euros a los programas de atención a personas con dependencia de San Vicente Paúl, en Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno acordó también destinar 1,13 millones de euros y casi 3 millones de euros, respectivamente, en la mejora de regadíos insulares, de La Gomera y Tenerife, de interés de la Comunidad Autónoma, para los años 2008 y 2009.

Además, el Consejo autorizó la enajenación de la parcela destinada a la cárcel de Juan Grande a la Sociedad de Infraestructuras Estatales Penitenciarias (SIEP), por valor de 5 millones de euros, siempre y cuando la otra parte contratando cumpla con todas las condiciones acordadas.

El Consejo aprobó también un decreto que regula los criterios, requisitos y procedimiento de evaluación para la autorización de los nuevos títulos universitarios. Además, respaldó la propuesta de destinar con 2.267.750 euros la innovación en el tejido productivo canario, así como la concesión de 5.722.2787 euros a material para el laboratorio del Materno Infantil de Gran Canaria.

Además, autorizó la creación de una base aérea para la BRIF (Brigada de Refuerzo contra Incendios) en Puntagorda, La Palma, que requerirá de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio.

Por último, delimitó la protección el Antiguo Colegio de la Asunción, en Santa Cruz de Tenerife, como Bien de Interés Cultural (BIC).