Inalsa consigue un nuevo auto a su favor en la lucha contra el laudo que la condena a pagar 10 millones de euros

Fotos: Jose Curbelo.

Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) cerró este viernes el último Consejo de Administración de esta legislatura con una buena noticia: la anulación por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas del recurso presentado contra la empresa isleña por la UTE Edam-Janubio, compañía que en su día acusó a Inalsa de un presunto incumplimiento de contrato para la construcción de una nueva planta desaladora en el municipio de Yaiza.

El auto emitido por el tribunal canario considera “inadmisible el recurso administrativo presentado por la UTE (constituida por FCC Construcciones SA, Servicios y Procesos Medioambientales)” y “acuerda el archivo de las acciones”, tal como se confirma el documento. Esta determinación de la Sala, que no admite recurso, ha sido acogida “con plena satisfacción” por los responsables de la empresa pública conejera, ya que “supone un nuevo paso en la defensa del agua como bien público”, según declaró el delegado de la entidad, Mario Pérez. Aunque esta decisión aclara sin lugar a nuevas dudas que el contrato con la UTE es nulo de pleno derecho, lo cierto es que sólo un trámite más dentro de un largo proceso que se viene arrastrando la Corporación insular. De hecho, una vez conocido el auto de la Sala del TSJC, los servicios jurídicos del Cabildo y de la empresa pública de agua Inalsa remitirán al Tribunal Supremo el último con el objetivo de que este órgano judicial paralice definitivamente el laudo condenatorio contra la empresa pública.

Como se recordará, tras el dictado del laudo por el que se condenaba a Inalsa al pago de 12 millones de euros, el Consorcio Insular de Aguas inició un procedimiento a través del cual declaró, con el aval del Consejo Consultivo de Canarias, que el contrato que en su día celebró Inalsa con la UTE era nulo de pleno derecho, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y por infringir los derechos de igualdad y de no discriminación. Frente a dicha declaración de nulidad, la UTE entendió que el Consorcio se había inventado un procedimiento con el único fin de no satisfacer el pago de los 10 millones de euros al que condenó el laudo arbitral. El juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria acogiendo los argumentos esgrimidos por el letrado del Consorcio, Ignacio Calatayud Prats, entiende que en virtud del artículo 51.3 de la LJCA el Juzgado puede no admitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido. Aplicando este artículo la magistrada entiende que “es evidente que el Consorcio no ha incurrido en vía de hecho ya que la tramitación de un procedimiento previsto por la Ley, como es el recurso de revisión, no se puede encuadrar en una actuación material desprovista de cobertura jurídica”, razón por la cual declara la inadmisión y el archivo del recurso interpuesto por la UTE, dando la razón al Consorcio de Aguas de Lanzarote.

Nuevos procesos

El auto actual archiva el recurso de la UTE contra el acuerdo judicial que inicia el procedimiento de declaración de nulidad del contrato y supone una paso más en el largo proceso emprendido por Inalsa para evitar el pago de 12 millones de euros, sin embargo, existe procesos paralelos en los tribunales como consecuencia de otros recursos interpuestos por la FCC. “La UTE va a seguir defendiendo sus intereses, lo ocurre es que nosotros ya estamos en otro estado y esperamos que ahora también nos de la razón el Tribunal Supremo” señaló el consejero delegado de Inalsa. “Además la ventaja de este auto es que cierra uno de los capítulos más complicados”, añadió el consejero. Y es que según explicó el responsable de Inalsa, la posición actual en la que se encuentra la compañía allana el camino a la resolución positiva de nuevos recursos “de tal manera que la posición del Cabildo es muy fuerte frente al gigante”, dijo. Por otro lado, Mario Pérez apuntó que una vez terminados estos trámites los servicios jurídicos de la Primera Institución analizarán la posibilidad de acudir a la vía penal.

A pesar de todo, sobre este asunto pesa la duda no aclarada acerca de quién o quiénes deben asumir la responsabilidad política de esta situación. Un asunto que se debate actualmente en la comisión de investigación política. En este sentido, Pérez adelantó que será un pleno de la nueva corporación el que determine el cierre de la misma, ya que hasta ahora las últimas sesiones se han cerrado sin conclusiones.