Jiménez denuncia que Corujo engañó a los vecinos de Valterra con la supuesta titularidad de sus casas poco antes de las elecciones

El consejero de Vivienda del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Jiménez, ha denunciado este jueves en el programa “A buena Hora” de Crónicas Radio que el Gobierno de la socialista María Dolores Corujo engañó a los vecinos de las viviendas de Valterra poco antes de las elecciones de mayo de 2023 anunciando que había resuelto la situación de incertidumbre en la que se encontraban al poder concretar la titularidad de cada inmueble. Lejos de ser así, visiblemente indignado, el consejero adelantó que han tenido que retrotraer el expediente al origen porque lo único que habían hecho era una auténtica chapuza para salir del paso que no servía para nada, puesto que ni se había informado a los departamentos correspondientes del Cabildo ni mucho menos se había identificado a cada uno de los propietarios que en teoría se debían hacer con la titularidad de cada inmueble. “María Dolores Corujo vendió que todo estaba solucionado con las viviendas de Valterra. ¿Qué hizo María Dolores Corujo realmente? Se enteró de que la ley cambió y que las viviendas pasaban de la Marina al Cabildo de Lanzarote con la finalidad de entregarlas oficialmente a sus auténticos propietarios. El problema es que en esa cesión no hay a quién entregárselas porque se hizo de una manera absolutamente irregular. Ella lo vendió como que todo estaba arreglado y no dejaron absolutamente nada hecho, es increíble pero cierto”, criticó visiblemente molesto el consejero de Vivienda.

Jiménez también mostró su enfado por el uso político que realizó el Partido Socialista (PSOE) de una cuestión tan importante para los residentes del barrio marinero. “No es un proceso descalificatorio, se ha jugado con esto a la política, usted no me ha visto a mí, ni a mi partido, ni al grupo de gobierno que represento hablar de las casas de Valterra porque entendemos que es un problema social bastante grave que no era sencillo de solventar, no podía ser en ningún caso un hueco compromiso electoral para ganar unos cuantos votos. En cambio, otros sabiendo que han cometido un error, que han engañado a la gente, han jugado a política y parece que lo quieren seguir haciendo”, afeó.

El encargo del área de Vivienda detalló de primera mano cómo a su llegada al Cabildo encontraron que muchas de las áreas implicadas en la teórica resolución oficial del problema no tenían constancia del expediente. “Nosotros cuando entramos al Cabildo a gobernar nos hemos encontrado primero que ese expediente no lo conocía ni Intervención ni Contratación, no lo sabía que existía ni el Departamento Jurídico ni el Departamento de Vivienda. Ese expediente solamente lo tenía el secretario y sus dos asesores. Lo que hicimos fue liberalizar todo ese expediente para los distintos departamentos y nos encontramos la sorpresa de que ya habían inscrito esas propiedades a nombre del Cabildo. Con lo cual, esto pasa a propiedad del Cabildo de Lanzarote. La cuestión ahora es saber cómo le transferimos a esas personas las viviendas cuando no hay ninguna documentación que acredite quiénes son esas personas a las que en teoría pertenecen”, explicó asombrado.

La situación contrasta con las diferentes informaciones que en su momento, con las elecciones a la vuelta de la esquina, se dieron desde el Gobierno de María Dolores Corujo acudiendo la plana mayor de los socialistas al Congreso de los Diputados para la modificación de la Ley de Vivienda, trasladando luego la papa caliente de las viviendas al Cabildo de Lanzarote. 

Tras la votación, la que fuera presidenta del Cabildo realizó incluso reuniones junto al senador Manuel Fajardo y el que fuera consejero de Vivienda por aquel entonces, Jorge Peñas, para informar a los vecinos de Valterra de la situación y que iban a darles la documentación oficial que llevaban esperando durante años, acabando así en teoría con su calvario y el de los herederos de las personas que accedieron inicialmente a las casas. 

Tras esta complicada situación desde el Cabildo se pusieron manos a la obra en un arduo trabajo de investigación. “¿Qué hemos hecho nosotros en todo este tiempo? Intentar recabar información de manera legal. Yo sé que es un proceso lento pero lo estamos intentando. Esas personas en muchas ocasiones han fallecido y estamos buscando a los herederos que se queden con esas casas”, aseveró el consejero.

Pese al trabajo hecho, los propios departamentos jurídicos frenaron la situación al no haber una identificación clara “Nosotros pusimos un funcionario para que atendiera a las 70 personas de esas viviendas, de los cuales hemos tenido información de 57. Nosotros creíamos sinceramente, en el mes de julio, que todos los procedimientos que habíamos hecho eran correctos y ya podíamos ceder algunas viviendas a las personas que teníamos más claras. Pero nos encontramos con la sorpresa incluso aquí en el Cabildo con los distintos departamentos jurídicos que nos decían que el procedimiento no era el correcto porque no se identificaban correctamente a quien cederle la vivienda. No olvidemos que esto es institución pública porque el problema que tenemos es que cedieron las viviendas al Cabildo pero no cedieron los titulares”, aclaró.

Estas complicaciones obligaron al Cabildo a dar macha atrás a todo el proceso regresando al origen de todo con contactos con la Marina. “¿Qué hicimos nosotros el año pasado cuando nos vimos en el atolladero? Decidimos otra vez retroceder el proceso. Fuimos otra vez a la institución de la Marina, allí nos reconocieron que  habían advertido en su momento al PSOE que no había titulares, que no tenían información. Con lo cual el proceso de dar esa vivienda iba a ser complicado pero se pusieron a nuestra entera disposición. Ellos nos pidieron información de esas personas de esas 57 viviendas que nos hubieran dado información, fuera la que fuera que se la trasladaran a ellos para que intentaran buscar en su histórico de alguna manera algún propietario o relación que ellos pudieran tener”, señaló.

Los damnificados por toda esta complicada situación incluso han llegado a acudir a una jurista para los contactos con la máxima institución insular. “En ese proceso los vecinos han contratado a una jurista que se ha reunido con nosotros, le hemos explicado el procedimiento. Ahora estamos en el proceso de que esas 57 viviendas que tenemos nosotros controladas con la gente que nos da la información recabar precisamente toda esa información que nos piden para cedérselo a ellos. Después ellos nos podrán hacer ese trabajo de investigación”, informó.

 Ante la dura pregunta de si todo esto podrá tener una solución clara próximamente, el consejero de Vivienda mostró su deseo de que algunas de las casas puedan ser dadas antes de que finalice el mandato.“Nuestra esperanza es que podamos conseguir solucionar el entuerto de muchas de esas viviendas, no de todas pero de algunas sí, esa es la esperanza que tenemos”expresó visiblemente preocupado.

Sin embargo, Jiménez narró una anécdota que vivió recientemente en su departamento siendo una muestra de la implicación de los técnicos con la situación. “El otro día tuvimos una reunión en el Departamento de Vivienda y la técnico me dijo que esto de las casas de Valterra no es una cuestión técnica sino personal suya como técnico para intentar buscar una solución. En esa línea estamos, lo que pasa que yo entiendo la desesperación de los vecinos porque han engañado desde hace más de 40 años. Yo llevo escasamente 12 meses con esta cuestión. Yo lo que pido es tranquilidad, tiempo y que no hablemos de manera demagógica de un problema social bastante grave”, narró el consejero durante su intervención radiofónica. 

El encargado del área de Vivienda hizo un repaso histórico de como comenzó la disputa por un total de 200 viviendas.“Eso lo formaban 200 viviendas de las cuales 130 pertenecían a la institución de la Marina y 70 pertenecían a las conserveras. Esas 130 tenían un contrato entre esas personas y la Marina, con el resto había un contrato entre las conserveras y esas personas. ¿Qué pasó? Que en el año 2000 cuando terminaron los contratos la institución de la Marina le reclamó a las conserveras que les devolvieran esas viviendas. Entonces las conserveras dijeron que no y hubo un pleito entre ambos por la titularidad. Al final ganó el pleito la institución de la Marina con lo cual esas 70 viviendas volvieron a las instituciones de la Marina”, recordó.

La que fuera alcaldesa de Arrecife llegó a renunciar a la cesión de las viviendas observando desde un principio la dificultad para identificar a los titulares de los inmuebles. “Las 130 restantes las fue entregando a sus auténticos propietarios porque tenía un contrato entre la Marina y los pescadores. Aún faltan por entregar 10 de esas 130 y las otras 70 se intentó cederlas al Ayuntamiento de Arrecife estando Astrid Pérez y dijeron que no porque hay un problema que es que no saben quiénes son los verdaderos titulares de esas viviendas porque no hubo un contrato entre la Marina y esos pescadores”, finalizó.