'Operación Unión`: Lanzarote, en el punto de mira
Fotos: Dory Hernández
El juez del Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife ha confirmado que en el marco de la “Operación Unión”, Ubaldo Becerra Robayna, ex primer teniente de alcalde de Arrecife ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza y se le imputa el delito de cohecho.
En el mismo caso se encuentra el asesor del Patronato de Turismo, Matías Curbelo Luzardo, que también ingresó anoche en prisión comunicada y sin fianza y se le imputa un delito de cohecho.
A última hora de la noche prestaba declaración ante el juez José Miguel Rodríguez, ex concejal de urbanismo, economía y hacienda de Arrecife.
Por otra parte, el juez decretó la libertad con el cargo de cohecho para Alfredo Rodríguez, trabajador del Patronato. Está previsto que Dimas Martín preste declaración esta mañana.
Por ahora, en total han sido detenidas oficialmente 17 personas, todas ellas relacionadas presuntamente por su relación con la operación Unión, que se ha llevado a cabo en los municipios lanzaroteños de Arrecife y Yaiza. La trama ha salpicado también al propio Cabildo de Lanzarote e incluso a la Cámara de Comercio de Lanzarote, pues la Guardia Civil asegura que uno de los empresarios detenidos ofreció comisiones a un consejero y también a varios vocales del Pleno del ente cameral.
La operación la siguen realizando miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.
La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.
Un ingreso en prisión y varios liberados con cargos
Segundo Rodríguez, ex secretario general del PSOE en Lanzarote y ex vicepresidente del Cabildo insular, ha sido la primera persona que ha pasado al grado de prisión incondicional como consecuencia de la Operación "Unión".
Tras ser interrogado poco antes de la madrugada del viernes, el juez decidió enviar al hasta ahora militante socialista a la prisión de Tachíche con el cargo de cohecho.
Por otro lado, cabe recordar que a Juan Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, fue puesto en libertad sin fianza entre este jueves y este viernes, tras declarar ante el juez del Juzgado número 5 de Arrecife, que le ha imputado el cargo de 'revelación de información privilegiada'.
Está previsto que la primera fase de dicha operación concluya probablemente este mismo sábado con la toma de declaración ante el juez de, entre otros detenidos, Dimas Martín Martín, líder honorífico y fundador del PIL. Parece que los interrogatorios de la segunda fase podrían producirse este mismo domingo.
Concejales de Arrecife
Este mismo viernes la instrucción del caso dedicó prácticamente toda la jornada al interrogatorio del ex concejal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife Ubaldo Becerra Robayna, cuya declaración ocupó la mañana y se prolongó desde las 16:00 horas de la tarde.
Inicio de las declaraciones
Los diez detenidos en la Operación Unión fueron trasladados este jueves poco a poco hasta los juzgados de Arrecife, donde se retrasó unas dos horas el comienzo de la ronda de declaraciones ante el magistrado del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 5.
Mientras tanto, en una agitada mañana de intervenciones, la Guardia Civil confirmaba que las actuaciones, en el Ayuntamiento de Yaiza y en varias oficinas y viviendas de empresarios afincados en la Isla, este jueves, forman parte de la ‘Operación Unión' iniciada este lunes. A los detenidos de este jueves se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Pasado el mediodía, en el Palacio de Justicia se confirmaba que el ex concejal del PIL José Miguel Rodríguez, uno de los diez detenidos tras la intervención judicial en el Ayuntamiento de Arrecife, era el primero en declarar ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, y el primero también en abandonar el Palacio de Justicia todavía en condición de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
Finalmente la joven lanzaroteña María José García Acosta, una de esas diez personas que permanecía retenida desde el pasado lunes, quedaba en libertad con cargos tras prestar declaración ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro.
La empresaria y administradora única del grupo de comunicación Opciones Creativas S.L., que se ha asumido dicha responsabilidad desde el fallecimiento del decano de la prensa insular, Agustín Acosta, abandonó los juzgados de Arrecife en torno a las dos menos cuarto de la tarde y rodeada de expectación. Lo hizo agasajada por familiares y compañeros, tras tres días de arresto en los que permaneció incomunicada en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise.
A pesar de su detención, de momento sólo ha trascendido el bajo perfil de su implicación en los hechos, al margen de su satisfacción tras poder abandonar la situación en la que se encontraba. Según explicó a la familia, en todo momento ha recibido un trato excelente por parte de la Guardia Civil y de las personas encargadas de instruir el caso.
Otro de los detenidos en la 'Operación Unión' que testificaba este jueves ante el juez en Arrecife, Daniel Jesús Dairán, quedaba después en libertad con cargos, en torno a las 17:45 horas de la tarde.
Daniel J. Múñoz, que hasta ahora dirigía a los jóvenes del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), abandonó el Palacio de Justicia de la capital lanzaroteña con cargos y acusado de cohecho.
Al filo de las nueve de la noche volvía a declarar un cuarto detenido, en este caso otro de los diez retenidos desde el pasado lunes en Arrecife, el empresario Jorge Álvarez, a quien se le relaciona con la empresa Clusa. Álvarez prestó declaración por la mañana y lo hizo nuevamente por la noche, esta vez asistido por una conocida letrada penalista desplazada desde Gran Canaria.
Seis detenciones más
Además, este viernes ha trascendido que el constructor Fermín Curbelo, relacionado con el 'caso Costa Roja' de Yaiza, fue la sexta persona detenida este jueves en la segunda fase de la 'Operación Unión'.
Según fuentes oficiales, Curbelo, que es propietario de la empresa Construcciones Curbelanz, está imputado por un delito de cohecho.
Su detención se produjo tras la sorprendente intervención judicial por parte de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Yaiza. En esta segunda fase de la Operación Unión han sido detenidos, junto a Fermín Curbelo, los empresarios Enrique Gómez Ruiz, Honorio Nicolás García -hijo del ex alcalde de Yaiza Honorio García Bravo-, Lluís Lleó y Fernando Becerra, junto al secretario del Consistorio sureño, Vicente J. Bartolomé.
Del mismo modo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado que el hijo de la concejala socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Chani Ruiz, Enrique Gómez Ruiz, está imputado por un delito de cohecho. Este empresario fue detenido en Gran Canaria y trasladado este jueves en helicóptero hasta Lanzarote, donde de momento permanecerá, como el resto de los detenidos el jueves, bajo detención provisional de 72 horas.
Precisamente Fermín Curbelo, el constructor detenido este jueves está relacionado con otro empresario arrestado en Gran Canaria, Enrique Gómez Ruiz, y también está vinculado en promociones urbanísticas, como el caso de las 1.000 viviendas de Costa Roja, con el empresario Lluís Lleó, también detenido durante la misma mañana en Reus, en la provincia de Tarragona.
Al parecer, también está previsto que preste declaración ante el juez la que era encargada de Contratación en el Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín, hija del fundador del PIL, Dimas Martín, quien salió en libertad el pasado miércoles con cargos de cohecho y tráfico de influencias.
Política de pactos
En lo que a la política de pactos en las isntituciones se refiere, la Ejecutiva Insular del PSC de Lanzarote acordó esta semana que el alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, cesara a los siente concejales del PIL en el Ayuntamiento capitalino. A día de hoy no se han producido nuevas rupturas en el mismo pacto (PIL-PSC) que se repite en los ayuntamientos de San Bartolomé, Teguise y Tías, además del propio Cabildo insular de Lanzarote.
De momento Coalición Canaria (CC) está insistiendo en que no pactará de momento ninguna posibilidad de entrar a gobernar, simplemente aprovechando las circunstancias por las que pasan los dos socios de gobierno en la Isla. En todo caso, el pacto sureño de CC y PIL en Yaiza parece que de momento se tambalea más por disputas internas que ante una operación judicial de esta magnitud.
Dentro de la cascada de reacciones políticas, junto a Segundo Rodríguez, el PSC también ha anunciado la suspensión cautelar en el partido de Juan Rafael Arrocha.
Qué será lo próximo
En cuanto al ambiente en los juzgados de Arrecife, muchos comentarios entre pasillos y tensa calma. Los dimes y diretes dentro y fuera del Palacio de Justicia iban desde cuál será la próxima institución de Lanzarote que será intervenida judicialmente, al rumor de que el propio Carlos Morales, arquitecto y marido de Alexia de Grecia, acudirá durante los próximos días a los juzgados como imputado.
Lo cierto es que los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Madrid hasta Lanzarote tienen reserva hotelera en la Isla hasta finales de la próxima semana. Tiempo habrá de registrar en el resto de ayuntamientos, el propio Cabildo y, si el juez quiere, hasta en los mismísimos Centros Turísticos.