La oposición de Arrecife acudirá al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para tratar de impedir la ejecución del PEPA
La oposición del Ayuntamiento de Arrecife está dispuesta a llegar hasta el final en su objetivo de impedir la ejecución del Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA). Tras el rechazo del Consistorio a los recursos de reposición que presentaron hace un mes, sólo les queda la vía contencioso-administrativa, que ya están estudiando sus abogados. Efectivamente, la Secretaría del Ayuntamiento ha emitido un informe en el que rechaza los mencionados recursos alegando que “no son un medio de impugnación pertinente porque el PEPA, como cualquier otro Plan Urbanístico, tiene la naturaleza jurídica propia de las disposiciones de carácter general, contra las que no cabe ningún recurso en vía administrativa”. Por ello, el informe suscribe que los recursos de reposición “deben ser inadmitidos sin que se haya de entrar a analizar el fondo de las cuestiones planteadas en ellos”.
Sin embargo, los grupos de la oposición cuentan con documentación que contradice dicha argumentación jurídica. Los especialistas consultados por el Partido Popular (PP), Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) coinciden al afirmar que el PEPA no debe ser considerado como una “disposición de carácter general” y que, por lo tanto, sí es recurrible por la vía administrativa. Por su parte, la concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, confirmó ayer a esta redacción que el grupo de gobierno sólo tendrá en cuenta el informe emitido por la Secretaría del Consistorio.
Pleno el próximo lunes
Interpretaciones jurídicas al margen, el próximo lunes se celebrará una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Arrecife para admitir o rechazar los mencionados recursos de reposición. Sin embargo, este viernes todos sabían lo que iba a ocurrir. El grupo de gobierno rechazará los recursos de reposición con el informe técnico del Ayuntamiento en la mano, y la oposición tratará de convencerles para que tramiten los recursos, con la documentación que contradice dicho informe. El equipo de Déniz cuenta con la mayoría necesaria para salirse con la suya, así que los grupos de la oposición tendrán que acudir a los tribunales si quieren gastar sus últimos cartuchos. En tal caso, se iniciaría un proceso judicial en el que los abogados de la oposición pedirían la paralización del PEPA para impedir su ejecución. La decisión estará en manos del juez. No obstante, el magistrado podría admitir a trámite el proceso sin necesidad de ordenar la paralización del Plan Especial, tal y como ha ocurrido en todos los procesos judiciales emprendidos por el Cabildo contra construcciones que considera ilegales, en zonas como Playa Blanca y Costa Teguise.
Nuria Cabrera
La concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, explicó que la fundamentación en la que se basa el informe emitido por el Ayuntamiento para no admitir los recursos de la oposición “es un tema de interpretación jurídica”. Una de las cosas que la concejal quiso dejar clara es que “el informe en ningún caso es un documento político, sino jurídico”. Admitió que pueda haber “otros que consideren que estamos dando una interpretación distinta o errónea; puede ser, pero nosotros presentamos el informe de la Secretaría del Ayuntamiento y no podemos rebatirlo porque no somos quiénes para hacerlo”, explicó.
En el pleno del lunes, dijo, “previsiblemente ellos presentarán sus informes jurídicos y nosotros presentaremos el nuestro, que es al que vamos a hacerle caso”. Asimismo, supuso que “los que tengan otras interpretaciones, llevarán el asunto al juzgado. Es algo que se preveía”. Por otro lado, Cabrera reiteró la legalidad del PEPA, aduciendo que “es un plan que ha estado en exposición pública, ha habido unas alegaciones que se han aceptado y otras que no, hay cosas que nos pueden gustar más o menos, pero entendemos que es un buen proyecto, un buen Plan Especial y nosotros vamos a seguir adelante”. Además, añadió que “se ha hecho bien, con los pasos que se tenían que dar, y que no tenemos que volver atrás”, dijo.
Ginés Quintana (AC-25M)
El concejal de AC-25M, Ginés de Quintana, insistió en que “sí se puede presentar un recurso de reposición contra un Plan Especial porque no es una disposición general”. Los planes especiales, dijo, “hay que tramitarlos como planes urbanísticos, pero no tienen la consideración de una disposición de carácter general, y por lo tanto, sí son recurribles y sí puede presentarse un recurso de reposición contra ellos”, explicó. En cuanto al pleno del lunes, dijo que su grupo intentará “convencer” al equipo de gobierno para que admita a trámite los recursos de reposición que presentaron hace un mes. “Si lo aceptan”, especuló, “habría que discutir si se aprueban o no. Pero será que no”, reconoció.
Quintana confirmó que están recopilando información de profesionales juristas para llevar el lunes la documentación necesaria que avala su postura. “La idea es llegar hasta el final y lo único que habría que evaluar es el coste del proceso judicial”, mencionó. El concejal de la formación de izquierdas tiene claro que el informe del Ayuntamiento “no se corresponde con lo articulado en la legislación”. El grupo de gobierno, en su opinión, debería admitir los recursos a trámite, “y luego, si quieren, votar en contra”. En caso contrario, se preguntó, “qué sentido tiene convocar un pleno para discutir una cosa que no admiten”.
Eugenio Hernández (PP)
El concejal del PP, Eugenio Hernández, cree que “es absurdo que una cuestión administrativa se lleve a pleno”. En todo caso, asegura que en su partido están “pendientes” del proceso contencioso-administrativo porque están convencidos de que “con la aprobación del PEPA se perjudica al municipio”. Sin embargo, Hernández no puede confirmar que finalmente vayan a acudir a los tribunales porque “es el partido quien lo tiene que decidir”. Explicó que tienen que reunirse porque “el proceso judicial tiene unos costes y habría que consultar con los servicios jurídicos las posibilidades que tenemos”. En cuanto a la interpretación jurídica ofrecida por el informe, Hernández se expresó en los siguientes términos: “Que el PEPA sea una disposición general o no, es algo que será estudiado por nuestros asesores jurídicos y daremos una respuesta. Pero ya no caben más recursos, lo siguiente sería el contencioso-administrativo, proceso en el que se aportaría el informe del Ayuntamiento”.
El popular recuerda que su grupo ha presentado “un recurso de veintisiete páginas contra la aprobación definitiva del PEPA, en el que hemos expuesto ocho argumentos explicando que el PEPA no se debe aprobar porque los conductos que se han utilizado no son los adecuados”. Hernández insistió en que “se ha llevado mal, de forma chapucera y torticera”. Recordó a Déniz que “no se puede vulnerar la ley, no se puede burlar a las demás administraciones ni fundamentarse en errores como la Adaptación Básica”, señaló. Y todos esos argumentos, se quejó, "no han sido contestados”.
Florián Corujo (PIL)
El concejal del PIL, Florián Corujo, coincidió con sus compañeros en la oposición al señalar que el informe del Ayuntamiento “es discutible”, ya que “hay otras interpretaciones posibles”. “La información que nosotros tenemos a través de abogados”, dijo, “es que ese punto es discutible porque se trata de un planeamiento local”. Sabe que la alcaldesa sólo va a tener en cuenta el informe jurídico del Ayuntamiento y anuncia que su grupo iniciará el proceso contencioso-administrativo, “no porque no queramos que esto salga adelante, sino porque no se han recogido las alegaciones presentadas por los grupos políticos, asociaciones, colectivos, ONG y particulares”, concluyó.