Pedro San Ginés dice ser víctima de un “juicio paralelo” y anuncia que narrará por capítulos todo lo que sucedió bajo la gestión de Espino en los Centros

El portavoz adjunto del Grupo Nacionalista (Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario) en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha vuelto a denunciar este jueves en nota de prensa la campaña de descrédito a la que se está viendo sometido por el entorno de la presidenta de la corporación, la socialista María Dolores Corujo, “tratando de inhabilitarme como adversario político en esta ocasión a cuenta del proceso de investigación sobre la gestión de Carlos Espino al frente de los Centros Turísticos (CACT)”.

En su propia nota los nacionalistas recuerdan que al ex presidente del Cabildo de Lanzarote se le ha encausado como investigado por un presunto delito de falsa denuncia, acompañada de falso testimonio, por la que estuvieron imputados durante diez años Carlos Espino, en aquel entonces consejero delegado de los CACT y secretario general del Partido Socialista (PSOE) y en la actualidad jefe de Gabinete de la Presidencia en el Cabildo de Lanzarote, y Mario Alberto Perdomo, asesor de Espino en los Centros Turísticos y en estos momentos jefe de Prensa de la Primera Corporación insular.

San Ginés afirma de nuevo no entender cómo el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, le ha abierto juicio oral cuando la querella que dio origen al caso de los CACT la presentó la actual presidenta insular del Partido Popular (PP), alcaldesa de Arrecife y entonces consejera delegada del ente público, Astrid Pérez. En este sentido, el portavoz nacionalista en el Cabildo explica que “aunque ya he aclarado y demostrado que no fui yo quien puso la querella sino Astrid Pérez, que no acudí yo a la Guardia Civil sino que fui citado por el juez César Romero Pamparacuatro en el marco de la operación Unión, ni tampoco puse denuncia alguna en ningún juzgado de guardia, considero que ante el juicio paralelo que una vez más se me pretende hacer, ha llegado el momento de hacer públicos los testimonios realmente relevantes y graves de cuanto aconteció en la instrucción de este caso sorpresivamente archivado que, además de la de hoy, daré a conocer en futuras publicaciones”.

Independientemente de su situación judicial, San Ginés reitera en su nota que “no solo no reniego de lo testificado entonces, sino que sigo sosteniendo cuanto dije porque en gran medida estuvo sustentado, además de en mi propia investigación sobre los sobrecostes corroborados por un peritaje judicial, en los gravísimos testimonios trasladados tanto a mí como posteriormente en sede judicial nada menos de por quienes eran los números uno y dos de las finanzas de los CACT, su consejero delegado, que fue despedido por Carlos Espino por no transigir con sus desmanes, y el director económico y financiero de la entidad, testimonios ante la Guardia Civil y ante el juez”. En este sentido, San Ginés detalla ahora que “mi testimonio ni siquiera fue tenido en consideración por el juez que archivó la causa”.

En este primer capítulo de lo que anuncia San Ginés que va a ser otro serial para defenderse del “juicio paralelo” que entiende que están haciendo algunos medios para apartarle de la vida pública, ha recopilado lo que considera clave para que la ciudadanía entienda en qué estaba sustentada la denuncia contra Espino y lo sorprendente que resulta no sólo que se archivara la causa sin llegar a juicio sino que ahora, muchos años después, los familiares del ex dirigente del PSOE Antonio González le denuncien a él por falso testimonio, todo a su modo de ver orquestado por el entorno de la actual secretaria general de los socialistas lanzaroteños.

Declaraciones del director económico y financiero de los CACT ante la Guardia Civil recopiladas por Pedro San Ginés

“(…) se ha abonado a la empresa CLIMAFRICAL una factura que no estaba inscrita en el anterior contrato mencionado, ascendiendo la cantidad en unos 60.000 euros aproximadamente”.

“(…) había contrato previo aceptado por Espino y que no es procedimiento válido en la Administración Pública”.

“(…) el contrato con Climafrical que superaba dicha cantidad no siguió ese procedimiento”.

“(…) el consejero tenía conocimiento que para dichas contrataciones tenía que ir a un procedimiento de un concurso público”.

“(…) José Juan Lorenzo puso este hecho en conocimiento de Espino y fue cesado posteriormente”.

“(…) a pesar de que el contrato era suministro de equipamiento, las facturas que se presentaron fueron certificaciones de obra y fue imposible comprobar que los equipamientos llegaron a las cocinas”.

“(…) a partir de un momento determinado empiezan a aparecer facturas a nombre de Climafrical sin contrato en el Monumento al Campesino y Montañas del Fuego”.

“(…) para la contratación era necesario un procedimiento, o bien por la Ley de Contratos del Sector Público, o bien con las instrucciones [de contratación de los CAC] del 2008 y no se siguió ninguno de los dos procedimientos”.

“(…) realicé advertencias a Espino de que se estaban haciendo contrataciones ilegales”.

“(…) recibí órdenes expresas del señor Páez [designado directamente por Espino como director de proyectos, dirección inexistente en los CACT] diciendo que quería el contrato con una empresa determinada y ya estaba determinada”.

“(…) el proceso de contratación pública se inició y después se para el proceso, ya que al declarante le llega un presupuesto firmado por Carlos Espino”.

“(…) al declarante solo le notificaron los presupuestos y la empresa que iba a hacer la reforma, Climafrical”.

“(…) las reformas de todas las cocinas se concedieron a Climafrical”.

Preguntado sobre si es normal que se conceda a una sola empresa, el declarante manifiesta “es normal si se sigue el procedimiento correcto. No se siguió procedimiento de contratación en todos los casos”.

“(…) el representante legal de Climafrical tiene varias empresas, cuando entró Espino se empezó a contratar esas empresas y no se siguieron las instrucciones”.

“(…) en la época en la que Espino fue consejero a veces se seguían las instrucciones sobre todo en los contratos menores y en los mayores no se solían seguir”.

“(…) antes de la moción de censura se realizan pagos y pagarés, la mayoría para pagar a Climafrical y a empresas de su administrador”.