El PP acusa al PSOE de ignorar a los propietarios y “normalizar” la ocupación ilegal de viviendas en Lanzarote

El portavoz del PP, Ángel Vázquez, defendiendo la moción este martes en el Cabildo.
Pese a la negativa de los socialistas, los populares sacaron adelante su moción y el Cabildo de Lanzarote exigirá la tramitación de la Ley Antiocupación para el desalojo en 24 horas

El Cabildo de Lanzarote exigirá la tramitación de la Ley Antiocupación del Partido Popular (PP) que lleva más de un año bloqueada por el Partido Socialista (PSOE) en la Mesa del Congreso de los Diputados y que permitiría resolver el desalojo de las propiedades ocupadas ilegalmente en 24 horas. La iniciativa, que salió adelante con el voto en contra del PSOE y la abstención del consejero de Nueva Canarias (NC), Oscar Noda, plantea instar al Gobierno de España a derogar la actual Ley de Vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. Según explican este miércoles en nota de prensa, es una ley que, insistió el portavoz del PP en el Cabildo, Ángel Vázquez, “favorece al okupa y castiga al propietario”. 

“A pesar de que los casos no paran de aumentar desde que Sánchez llegó a La Moncloa, en el PSOE normalizan la ocupación y niegan que sea un problema en nuestro país, como afirmó la portavoz socialista en el pleno”, critica Vázquez, quien invita a los socialistas “a darse un baño de realidad” y ponerse en la piel de cualquier familia que ve impotente como usurpan la casa que ha conseguido con el esfuerzo de toda su vida.

“En el PP tenemos muy claro nuestra defensa de la propiedad privada y de las familias que han puesto todo su empeño en tener una vivienda que no puede disfrutar porque directamente se la han ocupado o han dejado de pagarle el alquiler”.

“Para los socialistas no será un problema pero para nosotros es un drama y una ilegalidad con la que hay que acabar”, afirma el portavoz cabildicio, que insiste en resaltar que los cambios legales que se proponen “no afectan a la obligada protección que deben tener las personas o familias vulnerables por parte de las diferentes administraciones públicas”.