El PP anuncia que presentará mociones en todas las corporaciones en contra del decreto del registro de viajeros
El Partido Popular (PP) de Lanzarote registrará en todas las corporaciones locales de la Isla una propuesta en contra del Real Decreto que entró en vigor el pasado día 2 de diciembre y que establece las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Una medida que claramente, según dicen este domingo en una nota de prensa enviada a este diario, supone “un lastre y un obstáculo” para los viajeros.
Además, los populares apuntan que de un “ataque a la privacidad e intimidad de los ciudadanos” y ser contrario a la normativa europea, el registro constituye “un golpe a la competitividad turística de nuestro país frente a otros destinos competidores”.
En la moción presentada por el PP se contemplan los problemas que conlleva la nueva normativa que “el Gobierno del Estado se comprometió a consensuar con los colectivos afectados a los que claramente engañó” porque siguió adelante hasta su entrada en vigor. En este sentido, apuntan entre otros aspectos a la “carga administrativa desproporcionada” que supone a los establecimientos alojativos recopilar hasta los más de cuarenta datos que se piden a los clientes o los ochenta que deben solicitar las empresas de alquiler de vehículos, lo que “lastra de lleno la operativa diaria de miles y miles de pequeñas empresas dentro de la cadena de la industria turística”.
Desde las filas del PP recalcan asimismo que este “gran hermano turístico” también afecta a todos los ciudadanos españoles que hagan turismo interior o que por cuestiones laborales o de salud se desplacen dentro del país, pues están igualmente obligados a proporcionar una cantidad de datos personales muchísimo mayor a la actual al llegar a su alojamiento, afectando a su experiencia de cliente y vulnerando asimismo su privacidad.
Además de solicitar la derogación del Real Decreto, la iniciativa plantea la necesidad de buscar con los operadores una solución consensuada que aporte garantías jurídicas y no atente contra la privacidad e intimidad de turistas y clientes.