El PSOE exige a Astrid Pérez que frene el pago de Ginory y evite el expolio al Ayutamiento

Las teóricas buenas relaciones entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) han llegado a un evidente fin. Es lo que se refleja por ejemplo en la moción de urgencia que han presentado los socialistas en el Ayuntamiento de Arrecife exigiendo a su alcaldesa, Astrid Pérez, que frene inmediatamente el acuerdo de pago que ha alcanzado con una entidad bancaria para liquidar la deuda de la parcela de Ginory, un trozo de terreno ganado al mar colindante con el populoso Charco de San Ginés que le va a costar a todos los ciudadanos la friolera de 27 millones de euros.

En la moción, a la que ha tenido acceso este diario y que se tendría que debatir en la sesión que se celebra el próximo lunes, la ex concejal de Hacienda Cristina Duque advierte seriamente tanto a la alcaldesa como a la edil Elizabeth Merino sobre su responsabilidad por haber votado a favor de ese pago en una reunión de la Junta de Gobierno “en contra de los sostenido ante los tribunales de justicia por el propio Ayuntamiento y sin agotar todos los mecanismos que en derecho se permiten para la defensa del interés público y con un claro perjuicio para las arcas públicas”. En el inicio de la moción, además, aseguran los expulsados socios de gobierno que lo acordado en esa Junta de Gobierno va en contra del acuerdo plenario del pasado 26 de marzo, en el que se descubrió que el terreno pertenecía a una lámina de agua y que “no son propiedad de la expropiada”.

Curiosamente, en la exposición de motivos el PSOE echa mano de una iniciativa de los actuales socios de gobierno de Pérez, Coalición Canaria (CC), recordando que en ella se habló “del origen del procedimiento, más acertado hubiera sido escribir expolio, que está en un gobierno del PP que entre los años 2010 y 2012 no ejercitó el derecho de presentar Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución de la Junta de Expropiaciones Forzosas de la Provincia de Las Palmas”. Se agarran también a lo expuesto por los nacionalistas alegando que “no existe en los archivos municipales documentos atinentes a la mencionada controversia Jurídica datados entre los años 2010-2013, debiendo obrar en el procedimiento”, algo que ha justificado la abstención de los nacionalistas.

Le dan la razón también ahora a CC al afirmar que “diversas fuentes históricas y graficas sostienen que la parcela en cuestión nace de la unión de otras dos que ni siquiera eran colindantes y que parte de ella ha sido ganado al mar que a nuestro entender y como regula la ley de costas debe ser dominio público marítimo terrestre”. Asimismo, recuerdan en su moción que el propio Ayuntamiento de Arrecife aportó dentro del Procedimiento Ordinario Contencioso Administrativo 196/2011 informe pericial en el que, sin conocer las nuevas pruebas aparecidas que expondremos con posterioridad, aun así concluía, al igual que hizo en el Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 49/2015, que si con carácter general resulta exigible el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43.4 TRLS para proceder al "pago" del justiprecio, aún más necesario resulta su observancia en el presente caso porque existen graves anomalías en el título de propiedad de la expropiada, las cuales se pusieron de manifiesto en la prueba pericial practicada en el Procedimiento Ordinario 196/2011, seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro TSJC entre las mismas partes de este procedimiento, a saber, nuestro ayuntamiento y la expropiada Doña Aurora Paloma Fuster Conrado. Así, insisten en que en el informe pericial que se admitió como prueba de este Ayuntamiento y que fue ratificado y sometido a contradicción en el citado procedimiento, se acredita la existencia de graves errores o contradicción en relación a la superficie de la finca titularidad de la expropiada antes mencionada (la finca objeto de expropiación y justiprecio por la que la Sra. Alcaldesa de Arrecife pretende pagar sin solución de continuidad el resto del precio de 27 millones de Euros) que se aprecian claramente con el examen de los asientos del registro de la propiedad, de ahí la extrema importancia de que se exija a dicha parte la aportación de la certificación que establece el art. 43.4 como requisito previo al momento del “pago”. “Es evidente que esta primera anomalía (patente contradicción de los asientos del registro y evidente error de la superficie asignada a la finca 2617) tiene una directa y decisiva incidencia a la hora de efectuar el pago de un justiprecio que ascendía a 20 millones de euros y que se calculó tomando como referencia la superficie de la finca, porque significa que según los asientos del registro de la propiedad la expropiada únicamente sería titular de 1.815 m2 de suelo y no de los 10.754 m2 objeto de la expropiación, de ahí la absoluta necesidad de exigir en el presente caso la aportación de los certificados exigidos en la Ley para proceder al pago, ante el riesgo de que se está abonado con dinero público una enorme cantidad de dinero a quien según el propio registro de la propiedad no tiene derecho a ello”, remarcan ahora desde el PSOE. “Pero es que, además, la prueba pericial practicada en dicho procedimiento también acreditó, siempre analizando el contenido de los propios asientos del registro de la propiedad conforme a las certificaciones que de los mismos expidió el Registro de la Propiedad de Arrecife, que la finca 2617, de la que es titular la expropiada, está afectada en su totalidad por las servidumbres de tránsito y de protección de la Ley de Costas de 1988. Hecho éste que tampoco es una apreciación o deducción de la perito autora del informe obrante en autos (como si lo eran las manifestaciones que la contraparte hacía al respecto), sino que es el reflejo, literal, de lo que consta en el asiento registral de la finca 2617, cuya certificación obra en las referidas actuaciones y en los archivos de este Ayuntamiento”, añaden.

Nuevas pruebas y comisión de investigación

En el complejo y amplio texto de la moción firmada por Cristina Duque se argumenta que en “recientísima fecha” han aparecido nuevas pruebas graficas y se han pronunciado multitud de vecinos de Arrecife que conocedores de la zona donde se ubica el llamado solar de Ginory aseguran que gran parte del mismo, y por el que ese Ayuntamiento pretende terminar de pagar 27.000.000 de euros, procedía de una lamina de agua que lo ocupaba y que fue rellenada en su día.

Con todo ello, y a tenor de las nuevas pruebas y una vez que han salido del grupo de gobierno exigen que se cree una comisión de investigación para analizar la situación. En la misma línea, piden a Astrid Pérez que utilice la ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de Abril, y a resultas de los conclusiones que se obtengan de la comisión de investigación exija de inmediato las responsabilidades de toda índole, tanto penales como civiles, a todas aquellas personas que por negligencia o mediando dolo hayan dado lugar a la presente situación en relación a la expropiación del denominado solar de Ginory con evidente perdida de oportunidad para la defensa de este Ayuntamiento representante de todos los arrecifeños.