San Ginés pregunta ahora "cómo se clausura una desaladora sin desabastecer a los 5.000 usuarios de Montaña Roja y a una decena de hoteles cuando no existe conexión pública de la red"
"Alguien lo va a tener que explicar", ha advertido el presidente. "Alguien me lo va a tener que explicar. ¿Cómo se clausura una desaladora y no se desabastece a la población y a la industria turística si no hay conexión a la red pública?", ha insistido San Ginés, en un tono crítico con algunas de las últimas decisiones judiciales. "¿Cómo se hace esto? No sé si el Gobierno, o haciendo alguna consulta en algún juzgado, pero alguien nos lo va a tener que explicar", ha reiterado el presidente.
El máximo responsable del Cabildo y del Consorcio ha destacado en este sentido que en su día el Consorcio y Canal Gestión Lanzarote [la actual adjudicataria del ciclo integral del agua en la Isla] iniciaron las obras para que la red pública llegara al sur, trabajos que paralizaron los tribunales a través de un interdicto. "A nosotros entonces la única fórmula que se nos ocurrió fue la incautación como medida cautelar. No se necesita esa desaladora, intentamos hacer las obras, nos la paralizó un interdicto, y es por eso que incautamos la planta como medida cautelar, para evitar el desabasto"., ha explicado.
"Ahora", advierte, "resulta que nos vemos en la paradoja de tener que ejecutar esa clausura decretada por el Gobierno de Canarias, aunque supongo que la promotora recurrirá, pero entiendo que el Gobierno nos exigirá al Consejo insular el cumplimiento de esa resolución y esa clausura". "Pero al Gobierno le preocupa sobremanera", ha subrayado, "y así se manifiesta en el decreto, ese desabastecimiento". "Yo dejó ahí la pregunta porque no tengo la solución", ha reconocido el presidente.
Respecto al comunicado de prensa emitido este miércoles por la noche por el Ayuntamiento de Yaiza, en el que el Gobierno de Gladys Acuña viene a ratificar que Club Lanzarote no contaba con licencia de Actividades Clasificadas para ejercer la actividad de venta de agua, San Ginés, que entiende que tendrán que sentarse a negociar el Cabildo y Club Lanzarote para buscar una salida a este conflicto, se ha mostrado sorprendido con una parte del escrito municipal en la que el Ayuntamiento sureño indica que al menos en 1988, cuando la promotora que explota la desaladora de Montaña Roja acordó con Yaiza abastecer de agua a los usuarios de la zona hasta que la red pública llegara, no era necesaria una licencia de estas características para ejercer este tipo de actividad.
San Ginés ha explicado, además, que la decisión del Gobierno canario se produjo el pasado lunes en Consejo de Gobierno y ha valorado el último archivo del recurso planteado desde la Administración pública. "El archivo de esa denuncia por la supuesta comisión de un delito medioambiental no es tal noticia, en la medida en que archivado ya fue en su día. Aquí lo que ha ocurrido, aunque algunos se rasguen las vestiduras, es que el Cabildo recurrió aquel archivo y, efectivamente, ante la Audiencia hemos perdido ese recurso, es decir, la Audiencia se ha ratificado en el archivo que ya hizo en su día el juzgado, sorprendentemente desde luego para nosotros, pero así fue y así ha sido ratificado", ha manifestado el presidente.
Cree que la oposición cuestionará a los nueve letrados
Por otro lado, San Ginés ha afirmado que en la oposición hay gente tan atrevida "por ignorancia" que ahora dirá que se ha utilizado la influencia de Coalición Canaria (CC) para lograr que el Gobierno canario decrete la clausura de la desaladora de Montaña Roja. A ello el presidente responde que estarían "poniendo en cuestión a esos nueve letrados", los nueve secretarios técnicos generales del Gobierno de Canarias, todos ellos letrados de la Administración canaria, que han adoptado este acuerdo por unanimidad, algo que es bastante "significativo" para la Presidencia del Cabildo.
La Corporación insular también destaca que “se desestiman las alegaciones realizadas por la entidad Club Lanzarote SA con base en la fundamentación jurídica indicada en los antecedente de hecho del presente decreto” entre otros motivos porque “el suministro de agua potable a los ciudadanos es un servicio público esencial de titularidad municipal”.
El Cabildo ha adelantado que el Ejecutivo canario ha sancionado a la entidad mercantil con una multa de 300.000 euros por infracción administrativa muy grave por actuar sin título administrativo y sin licencia para producir y vender agua.