El secretario general del PNL asegura que los Centros Turísticos han sufrido la firma de una orden de embargo de sus cuentas

Fotos: Dory Hernández

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT's) del Cabildo insular de Lanzarote han sido sometidos a la firma de una orden de embargo de sus cuentas, según fuentes oficiales y según denunció el secretario general del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) en el programa "El Despertador" de Agustín Acosta Radio.

Por un lado, el secretario general del PNL aseguraba este miércoles que los Centros Turísticos "tienen a día de hoy embargadas sus cuentas por impago a la Seguridad Social”. Aunque De Armas garantizó que sabe a ciencia cierta que la orden de embargo se ha llegado a firmar, por lo que pidió al Cabildo “que lo desmienta si es mentira”, fuentes del Cabildo han asegurado a este medio que durante la jornada de este mismo miércoles la situación ha quedado solucionada.

El secretario general del PNL explicó que la situación económica de los CACT's es la misma que la de cualquier persona o entidad jurídica “que tiene dinero en una cuenta del que automáticamente el Estado dispone, por no pagar la Seguridad Social o no pagar los impuestos". Sin embargo, al mediodía Pedro de Armas sostuvo que "en cuanto escucharon mis declaraciones le han puesto una solución desde el Cabildo" a este asunto.

Por su parte, el Comité de Empresa se ha interesado en el hipotético embargo de las cuentas de los Centros Turísticos, pero por el momento no han obtenido una respuesta que les aclare sus actuales dudas.

En cuanto al consejero delegado de los Centros Turísticos, Carlos Espino, este medio no ha recibido su respuesta por el momento, aunque se ha comprometido a responder a las declaraciones de Pedro de Armas una vez que éstas fueran difundidas.

Licencias de apertura concedidas por silencio administrativo

El propio consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo ha asegurado este miércoles que éstos disponen de licencia de apertura concedida por silencio administrativo desde los años 70. Según el consejero, en aquella época, cuando los Centros debían regirse por lo que se denominaba ‘Actividades Clasificadas, insalubres, molestas y peligrosas', los ayuntamientos no contestaron negativamente en el plazo legal de seis meses a la solicitud de licencias, por lo que legalmente se entiende que los Centros cuentan con éstas.

De esta forma, Espino ha garantizado que los escritos presentados por 14 empresarios solicitando el cierre cautelar de los Centros no tiene ninguna validez legal por cuanto “no cabe el cierre cautelar” de los mismos.

Según el consejero, incluso el propio Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) contempla en sus artículos 2.2, 2.3 y 2.5 el funcionamiento de los Centros Turísticos como sistemas generales relativos a actividades de ocio y servicios turísticos.

Fue primero con motivo de la ejecución del Plan de Emergencia y Evacuación cuando se detectaron algunas carencias en ese sentido, y luego al abordar la obtención de la ISO 9001 y 14001, que exigían acreditar la posesión de las respectivas licencias de apertura.

Por tanto, ha habido un compás de años, desde finales de los 90, cuando se inició la nueva normativa, hasta el año 2007, cuando comenzó la actualización de las licencias a la normativa vigente, durante el que los Centros Turísticos han estado careciendo de una adaptación administrativa temporal que, según Espino, no significa que quedaran sin licencia de apertura en ningún momento.

Es más, y aunque existía un plazo de un año prorrogable a dos para llevar a cabo esa adaptación, Espino asegura que desde noviembre y diciembre de 2007 el Cabildo le ha hecho llegar a los distintos ayuntamientos los trámites para la actualización de dichas licencias de los Centros Turísticos a la actual normativa, en la que el departamento que regula este tipo de actividad de ocio se incluye en el departamento de Actividades Clasificadas. “Las nuevas normas sobre espacios naturales también recogen la existencia de los Centros Turísticos y limitan mucho las posibles medidas de estos bienes de interés cultural, por mucho que pretendamos adaptarlos a las nuevas exigencias”, subrayó.

Pide agilidad a los ayuntamientos

A pesar de que aseguró que legalmente, según recogen las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), todo establecimiento tiene derecho a disponer de un plazo razonable para recopilar y aportar la documentación que se le exija, Espino pidió agilidad a los ayuntamientos, que ahora deberán formalizar sus solicitudes de informes a Actividades Clasificadas para que dicha Oficina, a su vez, informe favorablemente para que luego, los propios Consistorios municipales, sean los que emitan la pertinente licencia de apertura ya actualizada a la normativa vigente.

Carlos Espino daba así respuesta a la serie de escritos formulados por Fariones 4, S.L., representada por Joaquín Barber Cabrera y Miguel Ángel Armas, Explotaciones Turísticas La Geria S.L. y Playa Blanca 5, S.L., representadas ambas por Antonio Curbelo Robayna, y Playa Blanca 6, S.L., representa por Epifanio Delgado Quintero, en los que se solicita el cierre cautelar de Montañas del Fuego, Los Aljibes, Monumento al Campesino, Castillo de San José, Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Mirador del Río y Jardín de Cactus, junto con el cierre cautelar de El Almacén, el Teatro Insular y la propia Fundación César Manrique (FCM) por carecer supuestamente de aspectos fundamentales como licencia de apertura y una serie de preceptos legales en materia de seguridad y seguros de responsabilidad civil.

En este sentido, y al hilo del accidente que sufrió una turista andaluza en el Jardín de Cactus el pasado 23 de noviembre de 2008, Espino desmintió que el Cabildo hubiera tenido que indemnizar a la visitante. “Se activó el protocolo de actuación pertinente para estos casos, se dio traslado a la paciente, con cuyos familiares se contactó a diario, y se comunicó lo sucedido al Seguro del Cabildo y a la correduría de seguros de los Centros Turísticos”, explicó.

“Grupete de casi delincuentes”

Carlos Espino volvió a dedicar duras acusaciones a los empresarios que han encabezado esta cruzada y no descartó que el Cabildo incluso interponga una reclamación judicial por daños y perjuicios. “Es un burdo intento, condenado al fracaso, de un grupete de mafiosos por chantajear a las instituciones, un ataque frontal al reclamo y la oferta que más y mejor identifica a Lanzarote”, afirmó.

Para Carlos Espino, el que el Cabildo interpusiera recursos contra licencias de hoteles no justifica la actitud de estos viles chantajistas”.

Rechazo al cierre desde CC

La solicitud por parte del un grupo de empresarios del cierre cautelar de los Centros de Turísticos está provocando una reacción en cadena de posicionamientos contrarios. Así, por una parte, Coalición Canaria (CC) manifestó este miércoles a través de un comunicado de prensa que “rechaza de plano la petición de que se produjera un eventual cierre cautelar de unos Centros Turísticos, que representan el principal activo de la singularidad de Lanzarote como destino turístico, y lamenta que la confrontación político-empresarial haya derivado en este tipo de actitudes”, al tiempo que recuerda que el Cabildo de Lanzarote “ni siquiera ha solicitado jamás el cierre cautelar de ninguno de los establecimientos turísticos que carecen de licencia de apertura”.

Los nacionalistas van más allá y recuerdan que el propio Partido Socialista otorgó muchas licencias turísticas de apertura a complejos cuya licencia de construcción tenía recurridas el Cabildo, y terminaron finalmente por ser anuladas por los tribunales, sin que el Cabildo haya revocado sus licencias de apertura, ni tampoco solicitado su cierre cautelar, aunque el grupo de gobierno “sigue mareando la perdiz en este asunto”.

Sin embargo, CC discrepa en algunas de las afirmaciones realizadas por Carlos Espino. Aseguran que aquella adaptación de las licencias no se hizo en su día en tiempo y forma no hasta la llegada de Espino a la Consejería, sino hasta que después de muchos años, en concreto sitúan el momento “en la pasada legislatura”, el ex consejero de los CACT's Pedro San Ginés encargó a un ingeniero externo la redacción de los pertinentes proyectos múltiples que permitirían adaptar los Centros a la normativa actual, y obtener nuevamente las licencias de apertura “actualizadas”.

“Si bien es cierto que las solicitudes de apertura se presentan formalmente a los ayuntamientos a comienzos de la presente legislatura y no en la pasada -como admite el ex consejero del área haber afirmado de manera imprecisa- no es menos cierto que se trata de un paso más de un largo proceso iniciado al menos un año y medio antes, que los ayuntamientos y el propio Cabildo tardan bastante tiempo en estudiar y contestar a los proyectos, y que aun cuando fuera cierto que las licencias antiguas estuvieran “caducadas”, el caso es que todos los CACT's están en trámites de regularización y antes o después se culminará ese proceso”.

Oposición también de los sindicatos

Además, tanto la patronal turística Aetur como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras ya han manifestado su total “rechazo” a la petición de los empresarios. Por ello, el presidente de Aetur, Victoriano Elvira, ha indicado en una carta remitida a los ayuntamientos que el papel de los empresarios de la Isla no puede ser el de actuar “frente a los intereses de la comunidad insular ni en perjuicio de los CACT”.

Elvira pide que se regularice la situación administrativa de los Centros Turísticos, que están tramitando los expedientes de apertura, si bien llevan abiertos desde hace décadas. En cualquier caso, los servicios jurídicos de Aetur consideran que esta “regularización” no debe implicar un “cierre cautelar”.

Aetur destaca que “desde el punto de vista de la intermediación turística, este tipo de actuaciones lo único que consiguen es debilitar la posición del destino en un momento cuanto menos delicado”.

La patronal turística sostiene que “se pone en duda la ilegalidad de establecimientos totalmente comprometidos con la preservación y conservación del medio ambiente, y que constituyen nuestra mayor insignia a nivel turístico mundial”.

Por su parte, también los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han rechazado la actitud de los empresarios. UGT asegura que con su acción “sólo se pretende doblegar las políticas que viene desarrollando en materia de defensa del territorio el Cabildo”, mientras que, por su parte, Comisiones Obreras afirma que “los responsables de semejante proceder y sus cómplices, formarán parte de la historia negra de esta Isla”.