Sigfrid Soria presenta una querella en la Fiscalía General del Estado contra Pedro Sánchez por autorizar las manifestaciones del 8-M
El ex director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias y ex diputado del Partido Popular (PP) Sigfrid Soria ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado una querella contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por autorizar las manifestaciones y actos multitudinarios del pasado 8 de Marzo de 2020, eventos y concentraciones a los que asistieron en su conjunto muchos cientos de miles de personas en toda España, "a pesar de la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del día 30 de enero de ese año por la COVID-19, por emergencia de salud pública de interés internacional (PHEIC)".
Por ello, Soria atribuye en el escrito al que ha tenido acceso este diario al presidente del Gobierno un delito de prevaricación administrativa por omisión y otro delito contra la salud pública, "sin perjuicio de que esta Fiscalía aprecie y califique otros".
El ex diputado del PP canario recuerda en su denuncia que Sánchez actuó también en contra del criterio fijado por el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que siguió las directrices de la propia OMS, y cuestiona también que el presidente autorizara las referidas concentraciones "a pesar de que el día 2 de febrero el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) anunciara que la alerta pasaba de moderada a alta, y a pesar también de que el propio ECDC exigiera el 2 de marzo a todos los Estados miembros de la UE que suspendieran todas las concentraciones masivas y actos multitudinarios para frenar los contagios".
En su escrito de denuncia, fechado el pasado 2 de abril y remitido a la Fiscalía General del Estado por burofax, Soria interesa también, "en caso de que se desprenda de dicha investigación la comisión de uno o varios delitos", que se proponga "la detención inmediata y puesta a disposición judicial del presidente".
Cabe recordar que hace un año Soria ya reclamó a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que admitiera sus argumentos e iniciara una línea de investigación para determinar si había indicios de varios delitos en la actuación del presidente.