El solar de Ginory se compró en 1977 por 57.200 pesetas
Lanzarote En Pie (LEP), formación política con tres concejales en la oposición del Ayuntamiento de Arrecife, está realizando un enorme trabajo de investigación sobre el laberíntico y farragoso asunto del conocido como solar de Ginory, una parcela de terreno que por arte de birlibirloque pasó de venderse entre particulares por algo más de 300 euros a costarle al bolsillo de todos los contribuyentes 27 millones de euros.
LEP, con su portavoz, Leticia Padilla, al frente, están buceando en los miles y miles de documentos que existen y que demuestran a las claras la negligencia culpable de diferentes políticos, técnicos y abogados que pasaron por la Corporación capitalina y que provocaron que algo que no debería haber costado nada termine siendo una enorme losa en 2022.
Padilla estuvo este miércoles en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, donde analizó de forma pormenorizada los primeros avances que ha tenido la investigación que todavía no ha concluido. Como es lógico, como hace la gente ordenada, en LEP han tratado de comenzar por el principio, ir al origen de la historia. Lo primero realmente sorprendente es que han hallado documentos que demuestran que la empresa Litos Canarias, cuyos herederos son los que han recibido los 27 millones de euros que ha abonado el grupo de gobierno que capitanea la alcaldesa popular Astrid Pérez, compró en 1977 al ciudadano Antonio Medina la agrupación de dos fincas, la 721 y la 1.511 de esa conocida zona cerca del Charco de San Ginés, por 57.200 pesetas. La finca 1.511 es la que cuenta con una casa en la calle Jacinto Borges y la 721 una parcela definida como tierra rústica de pésima calidad y fondo con una superficie de 6.947 metros cuadrados. Posteriormente, la finca, con el relleno ganado al mar, se modifica hasta alcanzar los 12.737 metros cuadrados, casi el doble. Llama poderosamente la atención el precio cuando ahora ha averiguado la formación local que en 1925 ese solar se vendió por 500 pesetas, que al cambio sería mucho más dinero que las 57.000 de 1977.
Padilla explicó que el momento clave se produce en 1987, cuando la empresa Litos Canarias se queja al entonces alcalde socialista José María Espino de que están ocupando parte de su solar para ensanchar la calle Juan de Quesada sin su autorización. “Nadie del Ayuntamiento contesta a los requerimientos de la empresa y continúan con sus obras, cuando podrían haber llegado a diferentes tipos de acuerdo, entre ellos permitir que la empresa construyera un edificio como los que hay ahora en la zona a cambio de la entrega de toda la parcela, lo que habría hecho que a día de hoy no tuviéramos que hablar de ningún caso Ginory”, apuntó la portavoz de LEP durante su intervención.
Una de las fechas importantes en la historia y en el análisis que está realizando la formación política es 1991. En ese año la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias decide que el solar sea calificado como “sistema general de uso público”; Litos Canarias, como es lógico, se opone y presenta una denuncia en los juzgados correspondientes.
Entre la lentitud de los juzgados y la desidia habitual de los asuntos que se tramitaban en el Ayuntamiento de la capital el pleito llega a 2004, momento en el que se produce una primera sentencia estimando parcialmente la denuncia de Litos Canarias al considerar como urbana parte de la parcela, concretamente 10.033 metros cuadrados. “Política Territorial informó entonces al Ayuntamiento del resultado de la sentencia y le explicó que existía un auto judicial de 2005 en el que se les ordenaba a ambas administraciones garantizar los derechos de la demandante mediante la expropiación o el convenio urbanístico”, explicó Leticia Padilla. “Lo increíble es que hay mucha documentación sobre los intentos que hace Litos Canarias desde 2004 de llegar a algún tipo de acuerdo y el Ayuntamiento no contestó nunca, no hay constancia documental en ningún expediente de que se contestara a esta gente para llegar a algún tipo de acuerdo que habría evitado sin duda lo que sucedió después. Es incomprensible”, sostuvo.
Posteriormente, en marzo de 2005 Litos Canarias presenta un escrito y documentación ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa para que se fijara el justiprecio de la parcela urbana, que la empresa valora en ese instante en 31.055.953, 98 euros. En mayo de ese mismo año Política Territorial recuerda al Ayuntamiento que debe cumplir la sentencia pendiente y le da 15 días para firmar un convenio urbanístico o para proceder a la expropiación. “No se lo van a creer. El Ayuntamiento tampoco contestó”, subrayó Padilla, recordando que en ese periodo, concretamente de 2003 a 2007, la institución estuvo gobernada por la nacionalista María Isabel Déniz.
La portavoz de LEP también ha señalado como fundamental otra fecha, el 14 de febrero de 2006, día en el que se produce una reunión del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa a la que acude una técnica del Ayuntamiento, Penélope Tabares García. El Jurado informa allí de que han pasado más de diez meses sin que el Ayuntamiento haya remitido el expediente, estimando que como no hay oposición al justiprecio presentado por la propiedad, se acuerda aceptar como bueno lo que pedían por la parcela, nada menos que 31 millones de euros. Al producirse el acuerdo por unanimidad en LEP entienden que la técnico del Ayuntamiento, se supone que con instrucciones políticas, no se opuso.
Etapa de Cándido Reguera y de Enrique Pérez Parrilla
En su exhaustivo y riguroso relato de los hechos, Padilla explicó que tras la sorprendente actuación del Gobierno de María Isabel Déniz vinieron otras sorpresas, en este caso por parte de un alcalde del Partido Popular (PP), Cándido Reguera, y de uno del Partido Socialista (PSOE), Enrique Pérez Parrilla, ambos ya fallecidos.
El 5 de octubre de 2007 Litos Canarias queda disuelta y liquidada y Aurora Paloma Fuster se convierte en la propietaria de la finca. Padilla apunta además que el 15 de abril de 2008 se presenta documentación en el Ayuntamiento de Arrecife relativa a la retasación. Acto seguido, el 21 de abril de ese año, Antonio Arrechea Fuster solicita al Ayuntamiento la retasación de los terrenos objeto de la expropiación presentando una hoja de aprecio con un valor de 44.582.843, 76 euros. El 18 de julio de ese mismo 2008 el Jurado Provincial de Expropiaciones le dice al Ayuntamiento que también ha recibido ese documento de retasación, dando dos meses a la institución para que remita el expediente completo.
No se hace nada de nada y el 22 de junio de 2020 se produce otra reunión del Jurado de Expropiación. “Por parte del Ayuntamiento acude la técnico Lidia Sánchez Suárez, y allí se fija la nueva tasación en 20.012.622, 01 euros. En este caso sí que se adopta el acuerdo con el voto contrario de la representante municipal”, apuntó la portavoz.
Comisión de investigación
Con algunas notables diferencias entre el criterio de unos y de otros y la forma de gestionar lo que se va a hacer, los actuales inquilinos del Gobierno de Arrecife y los partidos que conforman la oposición acordaron que el asunto se lleve a una Comisión de Investigación cuyo presidente va a ser el nacionalista Armando Santana. Padilla apuntó durante su intervención en la radio que a día de hoy no les han convocado a una sola reunión, ni siquiera a una preparatoria para decidir cómo se va a articular el órgano, de ahí que sospechen que todo es un nuevo paripé para ganar tiempo y no se conozca la verdad que ellos ahora están dispuestos a hallar con todos los documentos que han estudiado y con los que están por estudiar.