Yaiza dice al juzgado que la propiedad del Son Bou ejecute “sin más dilaciones” la demolición del hotel
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha confirmado este martes por la tarde en nota de prensa que el Ayuntamiento trasladó este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tal y como adelantó el programa "A buena hora" de Crónicas Radio, un informe técnico encargado por la institución que propone una solución de demolición parcial del hotel Son Bou de Playa Blanca de conformidad con la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo en octubre de 2005, “que permitiría cumplir estrictamente con el fallo judicial y adaptar lo no demolido a la normativa urbanística”. En su escrito, según ratifican ahora, el Gobierno sureño pide después de años de litigio que sea la propiedad del hotel la encargada de ejecutar materialmente dicha demolición “sin más dilaciones” mediante la contratación de una empresa que cuente con los medios humanos y materiales suficientes para llevarla a cabo. Esta decisión supone el final de un largo contencioso que se inició en el mismo momento en el que el Cabildo que presidía Enrique Pérez Parrilla sacó adelante en 1998 la conocida como moratoria turística y se produjo un efecto llamada que llevó a muchos empresarios a construir en dos años lo que no se había planificado construir en veinte. Después de más de veinte sentencias contra otras tantas licencias, finalmente hay tres establecimientos que tienen sentencias parciales de derribo, el hotel Papagayo Arena, el Princesa Yaiza y el Son Bou, que se ha utilizado como una extensión del anterior y que pertenecen al mismo empresario. De hecho, ambos establecimientos están conectados por un túnel subterráneo que pasa por debajo de la carretera. Curiosamente, durante todos estos días el Partido Socialista (PSOE), que es el que más beligerante se ha mostrado con los hoteles del empresario Juan Francisco Rosa, objetivo casi diario de sus ataques al vincularlo a sus archienemigos de Coalición Canaria (CC), ha obviado esta compleja situación del Son Bou, que prácticamente tendrá que desaparecer como tal si ejecuta como ahora parece que va a tener que hacer la demolición de lo que no se ajusta a derecho, para centrarse sólo en el Papagayo Arena.
Al hilo de esta nueva diligencia, Óscar Noda subraya en su nota que “el Ayuntamiento nunca ha dejado de actuar". "Lo que sí había era una indeterminación en el modo de acometer la ejecución parcial, pero ahora, tras este dictamen técnico que hemos encargado, proponemos a la Sala un modo concreto de ejecutar la sentencia sin mayores dilaciones”, ratifica.
En este sentido, el Gobierno sureño explica que desde que en 2005 el TSJC dictó la sentencia que obligaba a la demolición parcial del hotel Son Bou, el Ayuntamiento de Yaiza ha venido requiriendo a la propiedad del complejo alojativo para que procediera a cumplir con el fallo judicial. Tanto la legalización instada por el hotel, que se sustanció en el correspondiente procedimiento administrativo, como la indeterminación del modo en que se ha de proceder a dicha demolición parcial, ha dilatado en el tiempo la ejecución material de lo ordenado en la resolución judicial.
El Ayuntamiento, con el propósito de acabar con tal indefinición en el modo de ejecutar la demolición parcial del hotel, procedió a encargar un dictamen técnico que arrojara luz sobre el modo de ejecutar la citada sentencia. Este informe técnico contiene una solución de demolición parcial de lo edificado, que permitiría cumplir estrictamente con el fallo judicial y adaptar lo no demolido a la normativa urbanística.
En consecuencia, Yaiza ha puesto el citado informe técnico en conocimiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, para someter a su consideración y aprobación la solución propuesta, como modo concreto de acometer la demolición ordenada, acompañado además de un calendario de los diversos trámites administrativos que deberán llevarse a cabo para proceder a la ejecución material y definitiva de la sentencia.
Yaiza, según resumen en su nota, defiende una vez más que debe ser la propiedad del hotel la responsable de elaborar el correspondiente proyecto técnico de demolición, con sujeción estricta a la solución ofrecida en el reseñado dictamen técnico, para someterlo posteriormente al trámite de licencia, tras la conformidad de la Oficina Técnica municipal. “Y del mismo modo, deberá ser la propiedad del hotel quien ejecute materialmente la demolición parcial en su caso autorizada”, apunta Noda.
El Ayuntamiento de Yaiza dice que de lo contrario se vería obligado a ejecutar dichos trabajos, mediante ejecución subsidiaria, en el caso de que la propiedad del hotel no cumpliera con las obligaciones expuestas, sin perjuicio de repercutir posteriormente el coste soportado. “Al no contar con medios propios, desde el Ayuntamiento nos veríamos obligados a licitar dichos trabajos de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, con la consiguiente dilación en el tiempo de la total y definitiva ejecución de la sentencia”, puntualiza el alcalde.
En todo caso, será la Sala quien disponga lo procedente sobre el plan propuesto por Yaiza al objeto de proceder a la ejecución de la sentencia de demolición parcial del hotel Son Bou.
Caso Papagayo Arena
Por otra parte, el alcalde de Yaiza confirma que la Administración respondió el pasado 6 de noviembre al requerimiento del TSJC referido al hotel Papagayo Arena, otro de los complejos alojativos con licencia anulada por los Tribunales. El Ayuntamiento argumenta que no es posible resolver el expediente de legalización en trámite sin los informes necesarios de otras instituciones.
Para ellos, existe una nueva servidumbre de protección derivada de la nulidad parcial del Plan General de Yaiza, y los accesos al mar deben ser informados por Costas. El Ayuntamiento, que deja constancia de que no es su intención negarse a continuar con la tramitación del expediente, interpuso recurso contencioso administrativo contra el nuevo deslinde de Costas notificado en julio de este año.
La Orden Ministerial de rectificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo – terrestre estableció que la servidumbre de protección en Playa Blanca, y en el entorno del proyecto de referencia, es de 100 metros y no de 20 metros, rectificación que afecta a parte del hotel.
El Ayuntamiento ya aclaró en agosto pasado que en el caso de que el complejo alojativo cumpliera con los parámetros del Plan General vigente, no podía conceder licencia urbanística sin la autorización turística definitiva del Cabildo de Lanzarote y el visto bueno de Costas, así que mientras no tenga ambas autorizaciones no podrá emitir resolución ninguna sobre el proyecto de legalización del hotel.