El Gobierno anuncia su apoyo a la propuesta de distribución de menores entre otras Comunidades que pueda efectuar Canarias

ACN

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, manifestó

este miércoles en el Senado que el Gobierno del que forma parte "apoyará" al Ejecutivo regional en el Consejo Superior de Política de Inmigración si formula ante este órgano "una propuesta de distribución solidaria" de los menores que llegan irregularmente a las costas del Archipiélago.

Caldera hizo este anuncio en respuesta a una pregunta del senador de CC por Tenerife y presidente del Cabildo de esta Isla, Ricardo Melchior, quien cuestionó que la Comunidad Autónoma tenga que atender "a los menores que provienen de Africa si la política exterior es competencia del Estado".

Caldera anunció que el Gobierno no piensa aprobar ninguna "legislación específica" sobre los menores inmigrantes y que seguirá aplicando el marco jurídico internacional que al respecto se recoge en la Convención de Derechos del Niño y en las circulares para su aplicación elaboradas por la Fiscalía General del Estado.

No obstante, también aseguró que el Gobierno pondrá en marcha "en poco tiempo" dos centros de acogida en Marruecos, además de que próximamente se sustituirá el Protocolo sobre esta materia que actualmente está vigente con el Reino vecino.

Melchior reclamó que se construyeran centros de acogida de menores inmigrantes también en otros países y alertó de que a finales de este mes los 400 que actualmente hay en centros canarios podrían llefar a ser 600, e incluso "duplicarse" esa cifra en poco tiempo.

Separación

Además cuestionó la separación que se efectua de los menores inmigrantes de "las personas mayores" que vienen con ellos en los cayucos, señalando que ello les puede producir "perjuicios psicológicos" al perder referencias culturales, y manifestando que con la normativa existente "es casi imposible" que retornen a su país de origen.

En este punto, Caldera dijo que "no hay evidencia de relaciones familiares" entre los menores y quienes les acompañan, por lo que el Gobierno y la Fisacalía General del estado consideran que la separación "sería una violación" de la normativa internacional y española al respecto.