IC considera que la nueva ley de las jubilaciones es discriminatoria

Ante el dineral que supone el pago de las pensiones a una sociedad cada vez más envejecida, el Gobierno está incentivando que los trabajadores se mantengan en su puesto laboral una vez traspasada la mítica barrera de los 65 años. Lo que para un catedrático que da clases en una universidad puede suponer un aliciente ya que está en plenas facultades, para un camarero o un albañil es una propuesta casi inviable. Se darán una serie de gratificaciones como un 3% más de pensión de jubilación por cada año trabajado a partir de los 65 años, si se tienen 40 años cotizados, un 2% si son 35, hasta un máximo del 15%.

Para Andrés Barreto, asesor de Intersindical Canaria, “esta medida sería buena para una parte de los trabajadores, aquellos que no tienen todavía los 15 años cotizados que hacen falta para cobrar la jubilación”. Piensa que la iniciativa es buena porque se entiende que es voluntaria pero “lo malo viene cuando alguien tiene que trabajar más tiempo del deseado por el mero hecho de no tener una pensión digna”. Cree que es aquí donde debe estar el debate. Reconoce que la propuesta gubernamental no viene motivada por un espíritu solidario hacia aquellas personas que creen que todavía son aptas para desarrollar su labor más allá de los 65 años como por un afán de eliminar el pago de pensiones y su coste para el Estado. “Es lo mismo que pasa con el tabaco, que el Gobierno dice que fumar es malo para la salud pero no es menos cierto que el Estado se beneficia de los efectos nocivos del tabaco ya que los fumadores nos morimos antes y tienen que pagarnos menos años por la jubilación”.

Para el asesor de Intersindical Canaria, la gente trabaja por un salario, no por gusto y “el estado de bienestar social por el que se ha luchado tanto tiempo ha ido desapareciendo de forma paulatina”. Dice que “yo considero irracional la medida porque antes de haber llegado a esta situación se les ha quitado derechos a los trabajadores ya que antes el procedimiento que había para conseguir unas pensiones dignas era a través de lo que cotizabas en los dos últimos años; ahora está en los últimos 10 años y las perspectivas futuras según el Pacto de Toledo, va a ser coger todas las cotizaciones del tiempo trabajado durante toda tu vida laboral, lo que va a suponer un recorte tremendo de las pensiones de la gente”. Dice que “muchos trabajadores se van a sentir obligados a cotizar más para tener derecho a una pensión un poco más digna”.

En Lanzarote hay poca prejubilación

Explica Andrés Barreto que en Lanzarote las prejubilaciones sólo se están haciendo en las instituciones públicas y en empresas muy grandes como Iberia ya que “en las empresas normales no es posible porque existe una obligatoriedad por parte de la compañía se seguir cotizando durante un tiempo que es algo que no está en disposición de hacerlo ninguna de las empresas de la Isla”. Estima que la mayor parte de las jubilaciones que se producen en Lanzarote son a los 65 años y de forma voluntaria.

Cotizaciones bajas

“La gente que lleva 40 años trabajando en la construcción y que gana 1.000 euros va a tener unas pensiones bajísimas y por eso, algunos trabajadores se ven obligados a ampliar su vida laboral”, explica. Cree que “hoy nadie puede quedarse aquí con una pensión de 750 euros, que es lo que ocurre con muchos trabajadores del sector de la construcción, que tienen convenios muy bajos y cotizan muy poco”. Y es más, piensa que “el sector de la alimentación, que saca unos pingues beneficios tiene a los trabajadores cobrando una miseria de sueldos”.

Barreto recuerda que “todos tenemos el derecho al trabajo y nadie puede quitártelo pero si se diera cuenta la gente de los recortes que se han hecho en cuanto a la protección de los derechos laborales verían lo que se ha hecho en el Parlamento español”. Comenta que “a algunos trabajadores se les ha quitado el 30% de lo que han cotizado”.

Por ello, piensa que también debería existir una pensión mínima “pero no sólo en las jubilaciones sino en aquellos casos en los que en un hogar una de las personas tiene una pensión por incapacidad ya que cuando fallece el beneficiario, los viudos se quedan con unas pensiones que suponen auténticos dramas”. Dice que “el Estado se hace una apropiación indebida de ese dinero”. Propone que “tendría que haber unas pensiones mínimas y que no sean del salario mínimo interprofesional porque es bajísimo”.

Entrada tardía de los jóvenes

Si los mayores no se jubilan, los jóvenes no pueden entrar en el mercado laboral. Por eso, para ellos, esta nueva medida es claramente discriminatoria. “Hay un problema de lesión de derechos porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a un trabajo, pero también a una vivienda y mira cómo nos va”, comenta el sindicalista. Dice que “estamos como en la época franquista, que para paliar el paro se mandaba a los jóvenes al cuartel catorce meses”. Piensa que “hay un futuro desesperanzador para nuestros jóvenes, que van a tener que terminar marchándose del país”.

También piensa que esta medida beneficia a determinado estrato social, el más elevado ya que “si bien para un profesor de universidad o un notario no le va a suponer ningún esfuerzo alargar su vida laboral, no se puede decir lo mismo para una camarera de piso, que está demostrado que a los diez años de estar trabajando haciendo camas va a tener una artritis segura”.