Victoria Sande ve polémico que se blinden los contratos a mujeres maltratadas

Por Laura San José

El Consejo General del Poder Judicial acaba de hacer pública su propuesta para que un cambio en la Ley favorezca las condiciones laborales de las mujeres maltratadas. Entre otras cuestiones, consideran que es preciso que se establezca un blindaje de su contrato y que se facilite la forma de que aquellas mujeres que quieran acogerse a una reducción de jornada, obtengan unas “rentas sustitutivas” que les compensen por la disminución salarial.

La secretaria general de CCOO en Lanzarote, Victoria Sande, considera que “se va a producir una gran polémica si esta medida sale adelante”.

De momento, ninguna mujer maltratada ha acudido al sindicato a plantear que está siendo agraviada en su puesto de trabajo. Reconoce que no se suele plantear en términos como “encima de recibir malos tratos en casa, me han despedido de la empresa”, sobre todo porque la inmensa mayoría de las personas que sufren esta situación en su hogar, no trabajan fuera.

En cuanto a la posibilidad de que por Ley se favoreciera a estas personas, asegura que la controversia iba a estar servida ya que hay otros muchos colectivos, como el de los inmigrantes o jóvenes que se sentirían discriminados.

Este tipo de medida puede sonar a la discriminación positiva, que tan elogiada o denostada ha sido por parte de distintos sectores. En opinión de Sande, las mujeres maltratadas deben tener los mismos derechos que el resto de la población, ni uno más ni uno menos, al margen de que evidentemente,“si esa persona tiene que faltar un día al trabajo por un problema evidente o porque tiene que acudir a unos juzgados, hay que ser sensible con la situación”.

La representante sindical cree que “quizá lo que se está pretendiendo con esta iniciativa es que las mujeres se sientan más apoyadas laboralmente y se atrevan a denunciar los casos de violencia de género”.

Rentas compensatorias

Otra de las medidas que los jueces han considerado oportunas es que se favorezca que estas mujeres puedan recurrir a la reducción de jornada, para atender mejor sus necesidades personales, sin que ello suponga una reducción de su salario. Para ello, proponen que se establezca una “renta sustitutiva” ya que de lo contrario, pocas mujeres podrían acogerse a una medida que les dejaría sin dinero con el que pasar el mes. Para Victoria Sande, “tendría que ser el Estado quien se ocupar de ofrecer esta compensación económica, ya que en caso de tener que hacerlo la empresa, ésta se consideraría agraviada”. De nuevo aquí podría haber descontentos, incluso por parte de otras personas que se ven obligadas a reducir su jornada, por ejemplo, por tener hijos a su cargo y sin embargo, no se verían compensadas por ese sueldo añadido.

Aún así, considera evidente que “no se favorece que las mujeres maltratadas puedan separarse de sus maridos si tienen que reducir la jornada para ocuparse de sus hijos pero luego no pueden llegar a fin de mes”.

¿Quién debe recibir ayuda?

Otra de las cuestiones a debatir sería quién tendría derecho a beneficiarse de estas medidas; es decir, ¿serían las mujeres consideradas maltratas al presentar una denuncia por esta causa o sólo las que puedan presentar una sentencia judicial que lo avale? En este sentido, la responsable sindical reconoce que sería realmente complicado establecer quién sí y quién no, ya que “hay muchas mujeres que son vejadas psicológicamente y es muy difícil demostrarlo”. En estos casos, sería injusto que estas trabajadoras no dispusieran de las ventajas que proponen desde el Consejo General del Poder Judicial.

Lo que no cree Victoria Sande es que este tipo de cuestiones desatara fricciones entre los propios empleados, ya que “todo el mundo tiene derecho a tener el horario que mejor se adecúe a sus circunstancias ya que se supone que el empresario tendría que contratar a otra persona para hacer ese trabajo, sin perjuicio para resto”.

Lo preocupante es que en el caso de aprobarse este cambio legal, que teóricamente serviría para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras, se correría el peligro de casi lo contrario; que tanto a ellas como al resto de personas de su mismo sexo, cada vez les cueste más encontrar un empleo. Tal como y dice Sande “si ahora tenemos peores puestos de trabajo y hasta un derecho como quedarnos embarazadas puede suponer un inconveniente, esto sólo serviría para poner más trabas a nuestra contratación”.

Aún así, la sindicalista se muestra tranquila ya que ve poco probable que esta propuesta del CGPJ consiga llevarse a cabo en un futuro cercano.

Alcohol en el Trabajo

Precisamente el sindicato CCOO ha participado recientemente en la elaboración de un estudio llamado “Percepción y actitud de las empresas españolas ante el alcohol y otras drogas”, en el que se ha llegado a conclusiones tan impactantes como que se ha producido un aumento considerable del consumo de alcohol por parte de las mujeres en sus puestos de trabajo. De hecho, el 88% de los empresarios, delegados sindicales y miembros de recursos humanos consideran que es un problema muy grave el que los trabajadores beban o consuman drogas en su puesto laboral. La propia Sande reconoce que “hemos tenido casos de despidos en Lanzarote por culpa de la bebida”. Dice también que “aunque esto ha pasado siempre, ahora se habla más del tema porque con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todas estas cuestiones están saliendo más a la luz”. Uno de los factores claves para que no se haya oído hablar mucho sobre este tema, es en opinión de la representante sindical, “que normalmente los compañeros suelen tapar a las personas que tienen este problema y son los que les recomiendan que se controlen antes de tener problemas en la empresa”.

Buscando lo positivo del asunto, la secretaria general de CCOO dice que “afortunadamente, ahora los trabajadores están recibiendo mucha más ayuda para poder superar sus adicciones”.

Dice también Sande que “en la mayoría de las ocasiones que hemos visto en la Isla, la empresa ha entrado en razón y ha ayudado a la rehabilitación de los empleados, sin que el problema tuviera que derivar forzosamente en un despido”.