La defensa sostiene que “nada” de lo manifestado por la Fiscalía pudo acreditarse en el juicio y pide la absolución de ambos

La Fiscalía aumenta de 8 a 10 años la solicitud de prisión para los dos policias acusados de agredir a un africano

El Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión, uno más, por un delito de detención ilegal; dos años de prisión, en vez de uno, por un delito contra la integridad moral; y mantiene el resto de penas consignadas en el escrito de acusación

Fotos: Anabel Navarro

El juicio celebrado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a dos policías nacionales, Juan Carlos E. y Javier C., acusados por la Fiscalía de tres delitos (detención ilegal, contra la integridad moral y falsedad en documento

oficial) y de falta de lesiones a Javier C, quedó visto para sentencia este miércoles. El Ministerio Público, representando por Ignacio Stampa, solicitó en las conclusiones del juicio aumentar en dos años la condena propuesta inicialmente en el escrito de acusación. La Fiscalía entiende que procede imponer a ambos acusados cuatro años de prisión, uno más, por un delito de detención ilegal; dos años de prisión, en vez de uno, por un delito contra la integridad moral; y mantuvo la petición de cuatro años de cárcel por falsedad en documento oficial. Además, ratificó la solicitud de pena de dos meses de multa, con cuota diaria de 30 euros, a Javier C. por una falta de lesiones. Así, la petición inicial de ocho años la eleva a diez. Por su parte, el abogado de la defensa, Marcial Francisco Hernández, pidió la absolución de sus representados al considerar que en el juicio no pudo acreditarse “nada” de lo manifestado por la Fiscalía. Al final del juicio, los dos policías, ahora suspendidos de funciones, prefirieron no hacer uso del derecho a la declaración final. Los funcionarios se sentaron en el banquillo de los acusados por una supuesta agresión contra un ciudadano (George A.) de Ghana en las inmediaciones del bar El Linde de Arrecife y su posterior actuación en Comisaría. La noche de los hechos, ocurridos en noviembre de 2005, los policías no estaban de servicio. Si la Audiencia condena a los dos acusados por detención ilegal, como mínimo les caen tres años de cárcel pero si sólo considera la falta por lesiones, el policía acusado se limitaría a pagar una multa económica.

El fiscal tildó la calificación de los hechos de “muy meditada”. Stampa además dijo que para un representante del Ministerio Público no era nada fácil ir contra dos policías nacionales, sin embargo, consideró que los acusados no son representativos de la Policía Nacional. “Desprestigian la institución y quebrantan la confianza que tiene la sociedad en ella”, agregó. Para el fiscal, no hay dudas de que la detención practicada por Juan Carlos y Javier a George fue ilegal, sencillamente porque no hubo causa legal para hacerla, tachando de “patraña” la versión de los hechos ofrecida por los acusados, quienes en el juicio negaron cualquier agresión en la calle y actuación al margen de la ley en Comisaría. Según el fiscal, Juan Carlos y Javier no se “cortaron un pelo” en utilizar a sus compañeros para ejecutar la detención al margen de la ley.

Vejación

En cuanto a la acusación por un delito contra la integridad moral, el fiscal señaló no tener claro si la agresión se produjo por “negro”, pero entiende que hubo humillación cuando a George se le dio un manotón en Comisaría al tiempo que uno de los acusados le decía “mono de mierda”. El fiscal cree que los policías abusaron de su condición de funcionarios y dispensaron a George un trato degradante. Con respecto a la acusación de un delito de falsedad de documento oficial, Stampa subrayó que los acusados no hicieron otra cosa que mentir en el juicio, recordando que el instructor del atestado, que testificó a través de video conferencia, dijo que ante la insistencia de Juan Carlos sólo se dedicó a transcribir el relato de los policías el día de los hechos, cuando habitualmente es el instructor el que redacta el atestado considerando la narración de los funcionarios y haciendo las preguntas que considera oportunas. El testigo admitió que hubo una discusión entre él y Juan Carlos durante la diligencia en Comisaría y que el acusado le alcanzó a decir que “no tenía ni puta idea” de lo que estaba haciendo. El policía testigo sostuvo que fue Javier quien finalmente apaciguó los ánimos. El fiscal aseguró que los acusados también mintieron al decir que leyeron los derechos a George. En cuanto a la falta por lesiones, “Javier tuvo suerte de que a George no le cogieran puntos de sutura por la patada en la cara”, con estas palabras el fiscal explicó que de lo contrario hubiera pedido dos años más de prisión para él. Javier es el policía acusado de propinarle una patada a George mientras Juan Carlos lo mantenía reducido en el suelo. Finalmente, el fiscal anotó que la tesis de que los acusados sí se identificaron como policías en el sitio de los hechos para consumar la detención del africano por una presunta agresión de éste, “sólo la mantienen sus amigos”. El fiscal no entiende por qué los propios acusados fueron quienes hicieron toda la diligencia en Comisaría. Un testigo policía dijo que ese era el procedimiento acostumbrado no sólo en Arrecife sino en varias comisarías del país, mientras que otro funcionario, de 34 años de servicio en el Cuerpo, declaró que dicha situación no es la “normal”.

“¿Dónde ocurrieron los hechos?”

Fue una de las preguntas que con mayor insistencia lanzó el abogado de la defensa en el juicio. Marcial Francisco Hernández insistió en que hay serias contradicciones entre la versión de sus clientes y la del africano. Según la defensa, los hechos fueron provocados por George al agredir sin razón a Javier a pocos metros de El Linde. No obstante, Hernández subrayó que la persona de color siempre habló de que fue agredida en un aparcamiento localizado a unos 50 metros del bar, con lo cual hay dudas sobre este asunto en concreto. Además, la defensa consideró que hubo excesos del fiscal al llamar delincuentes a unas personas que no han sido condenadas. Hernández entiende que la acusación de la Fiscalía estuvo sustentada en valoraciones subjetivas de los hechos acaecidos. Hernández dijo que la actuación de los policías fue totalmente correcta tanto en la calle como en Comisaría. Agregó que los policías de paisanos, así no estén en servicio, tienen la obligación de intervenir ante un delito. Hernández rebatió que George hubiera recibido un trato vejatorio en Comisaría. Según la defensa, la herida de George en la cara fue producto no de una patada sino del forcejeo que mantuvo con Javier en el piso cerca del bar. Hernández restó importancia a los dos testigos que aseguraron ver la patada que recibió George advirtiendo de que ambos habían estado bebiendo copas.

La defensa del Estado

Por su parte, el abogado del Estado comentó en las conclusiones que al Ministerio del Interior le interesa ante todo el esclarecimiento de los hechos. El letrado dijo que su presencia en el juicio correspondía a la responsabilidad subsidiaria que podría recaer en el Estado. Así, consideró “correcta”, en caso de ser condenado Javier, la petición económica de la Fiscalía por daño físico, aunque apuntó que no hay pruebas contundentes para acreditar daños morales.

Médico perito

La facultativa confirmó en el juicio que atendió a George y que presentaba una contusión ocular con un edema “importante” en el ojo derecho. “El señor tenía una inflamación manifiesta”, dijo la médica, quien aseguró que el golpe pudo haber sido producto de una patada. También atendió a los dos policías acusados, uno de ellos presentaba una erosión superficial y en el otro certificó una contusión en el pie, que pudo haber sido por un golpe en la parte afectada o al propiciar un golpe con el pie.