Dicha actuación se enmarca en una serie de inspecciones administrativas que realiza la Guardia Civil en determinadas épocas de año, sobre todo ante la proximidad de las fiestas navideñas

La Guardia Civil interviene 12 cohetes lanzacabos y 81 bengalas de uso en marina, en un establecimiento que no poseía autorización administrativa para su comercio

Componentes de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, en el marco de la vigilancia y control en materia de armas y explosivos, han procedido a denunciar administrativamente, el pasado 26 de noviembre, a un negocio del municipio de Las Palmas de Gran Canaria por comerciar con el citado material sin disponer de la correspondiente autorización gubernativa.

Según informa este lunes el Instituto Armado a través de un comunicado de prensa, dentro de las labores periódicas de inspección que realiza la Guardia Civil para el correcto control de las armas y explosivos -competencia de este Cuerpo según la Ley Orgánica 2/86, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, los agentes procedieron a la inspección y control de un determinado comercio, encontrando en el mismo, y puesto a la venta al público, 12 cohetes lanzacabos y 81 bengalas, artículos pirotécnicos de utilización en la marina, recogidos en el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Seguidamente se solicitó a los propietarios del establecimiento la autorización gubernativa preceptiva para la venta de este tipo de material, que es concedida por resolución del Subdelegado del Gobierno en la provincia, a petición de los interesados, pudiendo comprobar la Guardia Civil como los propietarios del comercio carecían de la misma, por lo que los agentes procedieron a la denuncia administrativa del establecimiento por una infracción al artículo 23 –apartado a- de la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, así como a la inmovilización del material descrito, el cual ha quedado depositado en el comercio en cuestión, a disposición del Director General de la Guardia Civil, competente para el inicio del correspondiente expediente administrativo sancionador.