La entonces presidenta del Cabildo, ya advertida por el Grupo al que pertenecía el polémico galeno, podría haber tratado de amarrar su situación ante los cambios que finalmente se produjeron tanto en el Gobierno de Canarias como en los tribunales de justicia. El fiscal que estudia también las causas del Ayuntamiento de Arrecife cree que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa