Karl Polanyi en su libro La gran transformación. Crítica al liberalismo económico, de 1944 denominaba al trabajo, la tierra y el dinero, mercancías ficticias, porque a diferencia de las verdaderas mercancías, ellas no son producidas para la venta. La gente no tiene hijos para suministrar trabajadores al mercado laboral. Los recursos naturales, incluida la tierra, son un don para beneficio de todos. Y el dinero es una convención social. Permitir que el mecanismo del mercado autorregulado los dirija, conduce inexorablemente a la destrucción de la sociedad. La pretendida mercancía “fuerza de trabajo” sería zarandeada o inutilizada, afectando gravemente a los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. La naturaleza y los paisajes serían saqueados, los ríos polucionados, el poder de producir alimentos y materias primas destruido. Igualmente el mal uso del dinero podría conducir a crisis financieras continuas.
Esta sociedad mercado, en la que todo está en venta si hay beneficio, nos dice Polanyi no es el fin de la historia. En general, a todo avance indiscriminado del proceso de mercantilización de la vida social, de pretensión de desligar la economía del resto de la vida social, política o moral, ha surgido a lo largo de la historia un movimiento defensivo. Como la de los campesinos ingleses contra la liberalización del mercado de granos en el siglo XVIII. O las luchas encarnizadas en el siglo XIX por los sindicatos y partidos obreros que trajeron la legislación protectora del trabajo. O las reformas que propiciaron el Estado de bienestar tras la II Guerra Mundial.
Es muy interesante el Informe de C.J Cristianisme i Justicia. Mercancías ficticias. Recuperando a Polanyi para el siglo XXI, publicado en el cuaderno 216, de noviembre de 2019, cuyo editor es Guillermo Casanovas, y los autores, Miriam Feu, David Murillo, Inma Naranjo. Tal Informe, aplica a la vivienda la misma argumentación de Polanyi sobre al trabajo, la naturaleza y el dinero, como “mercancías ficticias”. La evolución del sector de la vivienda en los últimos años nos conecta de lleno con las tesis de Polanyi: por un lado, la expansión del mercado sin control autorregulado produce hipotecas de alto riesgo, fondos buitre, gentrificación, desahucios, inaccesibilidad a la vivienda…). Ante esta situación de distorsión social se genera una movimiento defensivo de la sociedad (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Sindicato de Inquilinos, partidos que promueven la vivienda pública, manifestaciones …). En el fondo del debate está la concepción que tenemos de la vivienda: un bien de intercambio como otro cualquiera (una commodity, en lenguaje polanyiano) o un hogar que genera relaciones de vecindad, lazos familiares, pertenencia a una comunidad y desarrollo de un proyecto vital.
Termino recurriendo a nuestra Constitución de la que muchos (ab)usan, cual si fuera un ladrillo para lanzárselo a la cabeza del adversario, mejor enemigo. Artículo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Es un derecho social que, no confiere a sus titulares una acción ejercitable en el orden a la obtención directa de una vivienda "digna y adecuada"., no obstante está incluido en los «Principios rectores de la política económica y social» del Capítulo III del Título I, que según el TC han de inspirar la actuación de los poderes públicos e informar la legislación positiva. Por su objeto, el derecho constitucional (a la vivienda) así reconocido incide además en el goce del contenido de otros derechos constitucionales, declarados incluso fundamentales, como los relativos a la integridad física y moral (artículo 15 CE), a la intimidad personal y familiar (artículo 18 CE), a la protección de la salud (artículo 43 CE) y a un medio ambiente adecuado (artículo 45 CE); derechos, todos ellos, que guardan una relación estrecha con los valores de la calidad de vida –de la que habla el propio preámbulo de la norma fundamental– y del libre desarrollo de la personalidad en sociedad (artículo 10.1 CE).
Siendo el problema tan grave, ¿Serán capaces los políticos, de derechas, izquierdas o medio pensionistas, de abordarlo de una puñetera vez?