El Plan complementa las políticas de vivienda de los competentes en esta materia, ayuntamientos y comunidades autónomas, siendo estas últimas libres a la hora de acogerse a dichas ayudas o renunciar a ellas de manera voluntaria
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado el pasado viernes por
el Gobierno, permitirá incrementar la oferta de vivienda pública y privada
destinada al alquiler y facilitará el acceso a la misma para aquellas
personas con menos recursos.
Según la información facilitada a este diario por el Ministerio de Vivienda, el Plan contempla un programa destinado a impulsar el fomento del
parque de viviendas en régimen de alquiler o en régimen de cesión en
uso, incentivando económicamente su promoción pública o privada y
exigiendo un compromiso de permanencia mínima en esos regímenes
de 25 años.
Para ello, en este programa se fijan rentas y precios máximos que están
condicionados a los niveles de ingresos que se establecen para los
inquilinos, medidas que evitarán que los precios de este parque de
vivienda en alquiler se incrementen ya que no podrán optar a subvención
aquellos que rebasen los límites fijados.
En concreto, se plantean dos opciones. En una primera, el importe de la
ayuda podrá ser de hasta 350 euros por metro cuadrado útil de vivienda
con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros por vivienda. Las
viviendas que se promuevan con esta ayuda están dirigidas a inquilinos
con ingresos (de todos los miembros de la unidad de convivencia) de
hasta 3 IPREM y tendrán un precio máximo de alquiler de hasta 5,5 euros
por metro cuadrado útil al mes.
En una segunda opción, las ayudas podrán ascender a un máximo de
300 euros por metro cuadrado útil de vivienda con un límite del 40% de
la inversión y de 31.500 euros por vivienda. Las viviendas que se
promuevan con esta ayuda están dirigidas a inquilinos con ingresos (de
todos los miembros de la unidad de convivencia) de hasta 4,5 IPREM y
tendrán un precio máximo de alquiler de hasta 7 euros por metro
cuadrado útil al mes.
Asimismo, los promotores públicos y privados no recibirán la totalidad de
la ayuda hasta que no conste en el Registro de la Propiedad la nota
registral que garantice que esa vivienda se va a destinar al alquiler
durante el plazo de 25 años y con las condiciones que se regulan en el
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Competencia de comunidades autónomas y ayuntamientos
Las comunidades autónomas y ayuntamientos, como competentes en
esta materia, son los responsables de la creación de un parque público
de vivienda. El Plan aprobado por el Gobierno complementa las políticas
de vivienda de los entes autonómicos, que pueden optar por utilizar o no
las ayudas del Ministerio de Fomento.
En conclusión, el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 refuerza la
cooperación y coordinación interadministrativa y fomenta la
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión en esta materia,
cuya competencia exclusiva es de las administraciones autonómicas y
locales.
Incremento de las subvenciones del 62,5%
Además, en el nuevo plan las subvenciones no sólo no se han recortado,
sino que se han incrementado considerablemente, un 62,5%, hasta los
1.443 millones de euros. Los ejercicios correspondientes al Plan Estatal 2013-2016 tenían una dotación de 888,2 millones de euros en concepto
de subvenciones, según el presupuesto fijado por las distintas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios correspondientes.
En todo momento se está mencionando el presupuesto consignado, y no
el presupuesto ejecutado, como se ha apuntado desde alguna formación
política.
Este nuevo Plan Estatal de Vivienda tiene dos grandes objetivos:
contribuir al incremento del parque de viviendas en alquiler y fomentar la
rehabilitación y regeneración urbana y rural.
La gestión de las ayudas del Plan corresponderá, como en los anteriores,
a las comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. La
colaboración entre ellas y el Ministerio de Fomento se instrumentará
mediante los convenios correspondientes, en los que se establecerá la
previsión de financiación a aportar en cada anualidad por la
Administración General del Estado, así como los compromisos de
cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la comunidad
autónoma o Ciudades de Ceuta y de Melilla.
