María Isabel Serrano, la jueza que instruye el caso 'Topolino', que ha salpicado estos días a la multinacional Vitaldent por un presunto fraude a Hacienda de unos 17 millones de euros, ha enviado esta semana a prisión a Javier Arteaga, el administrador de una franquicia de Vitaldent en la calle Fajardo de Arrecife, en la capital de Lanzarote.
Arteaga Gálvez, tal y como apunta en su edición digital Voz Pópuli, fue director general de Expansión de Vitaldent en Miami entre 2006 y 2007 y mantenía una estrecha amistad con Ernesto Colman, el propietario y máximo responsable de la multinacional.
La magistrada señala en el auto que “es y ha sido conocedor de todo lo relativo al movimiento de dinero B, dentro de la organización liderada por este”, algo que ha reconocido parcialmente. En la actualidad posee 22 clínicas franquiciadas en Madrid, Andalucía y Canarias.
Javier Arteaga aparece en bases de datos mercantiles como administrador solidario de la empresa Micalmar Lanzarote SL, constituida en febrero de 2007, con domicilio en la calle Blas Cabrera Topham de Arrecife y cuyo objeto social es el de “clínica odontológica que prestará todos los servicios relacionados con la odontología bajo el nombre de Vitaldent”.
En el auto, la jueza Serrano explica cómo Arteaga habría establecido rondas por las clínicas para recoger el dinero en efectivo de manera trimestral de forma personal o a través de su hermano, Óscar Arteaga”, también administrador solidario de Micalmar Lanzarote SL.
El informe definitivo remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia (UDEF) a la instructora de la 'operación Topolino' revela que la cúpula Vitaldent defraudaba a la Hacienda Pública más de 17 millones de euros al año a través de los pagos en B que obtenía de las denominadas clínicas propias, es decir, aquellas cuya gestión dependen de la propia marca a diferencia de las franquicias. Así lo pone de manifiesto la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda en el auto donde envía a prisión al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, Bartolomé Conde y a los colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga.
Una presunta estafa de 17 millones de euros
Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal.
En la resolución, la juez cifra de la siguiente manera el fraude fiscal cometido por la cúpula de Vitaldent: "se puede determinar que cada una de las clínicas propias paga un canon mensual de 10.000 euros por lo que anualmente se perciben por los investigados cantidades millonarias, que se estima por la UDEF, partiendo de la base de que hay 146 clínicas propias, que se elevarían a 17.250.000 euros al año los cuales se ocultan a la Hacienda Pública".
El ‘caso Topolino’, que ha destapado un presunto fraude a Hacienda de más de 17 millones de euros al año a través de las clínicas Vitaldent, también ha salpicado a Lanzarote. La jueza instructora del caso acordó el miércoles prisión incondicional para Javier Arteaga, uno de los detenidos, que posee en la actualidad 22 clínicas franquiciadas en Canarias, Madrid y Andalucía.
