El Juzgado de Primera Instancia Nº Uno de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, José Miguel Suárez Gil, contra la Asociación Promotora de la Cámara de Comercio de Lanzarote en la persona de su presidente, Jesús Fernández Morales, por una supuesta intromisión ilegítima en su derecho al honor, su intimidad y su imagen. Suárez Gil pedía una indemnización de 20.000 euros en concepto de daño moral.
Motivó la demanda un artículo de la Promotora de la Cámara de Comercio lanzaroteña publicado en la prensa regional y firmado por Jesús Fernández.
Según la Promotora, el demandante, Suárez Gil, en la actualidad vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ofrecía una versión de los acontecimientos "absolutamente mutilada, queriendo dar a entender que el contenido de la carta a la que atribuye la intromisión ilegítima era completamente infundado". Lo vinculaba, desde luego, al proceso de creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote, "pero de forma vaga e imprecisa, y afirmaba que en realidad nunca se había opuesto a su creación, y que la carta referida está animada exclusivamente por la animadversión personal que, supuestamente, le tenía Jesús Fernández actuando en representación de la Asociación Promotora de la Cámara de Comercio de Lanzarote".
La demanda fue interpuesta en abril de 2005 (Juicio Ordinario nº 1.129/2005), unos días antes de la publicación del decreto del Gobierno de Canarias autorizando la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote.
En el citado artículo, se decía, otras cosas, lo siguiente:
“No es usted bien recibido por nosotros. Bien lo sabe. Y no lo es porque, además de considerarle un auténtico vividor y una rémora para el desarrollo del movimiento empresarial canario, no ha hecho usted más que obstaculizar el proceso de creación de la anhelada Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote.
(...)
Posee usted la rara virtud de mentir sin ponerse colorado, de tergiversar los hechos con el descaro de un jugador profesional de póquer y de encadenar medias verdades una detrás de otra hasta pervertir la realidad. Con el único fin de mantenerse en el machito, se ha dedicado usted a ofrecer lo que no tiene, a intentar reanimar cadáveres, a proponer como hombres de confianza a personas reprobables desde todo punto de vista y a intentar manipular el proceso de liberación y emancipación propuesto desde Lanzarote.
... a pesar de sus zancadillas y de la presión que usted ha venido ejerciendo en los poderes políticos para evitar que se haga realidad nuestra legítima aspiración...
a su decepcionante paso por el movimiento empresarial.
No tiene usted nuestro respeto.”
La sentencia hace prevalecer el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión sobre la supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor, invocada por Suárez Gil, a quien el tribunal condena al pago de las costas del juicio.
El fallo considera que “la carta donde se contiene dichas expresiones se enmarca como se ha dicho en un largo, enconado y enquistado proceso de relaciones entre dirigentes empresariales de una y otra isla relativa a la creación y autonomía de un bando empresarial respecto del otro”.
El fallo considera que “el término vividor ni es grosero ni zafio” y, por otra parte “la utilización de expresiones ‘de mentir sin ponerse colorado y de tergiversar los hechos con el descaro de un jugador de póquer' que esta vez en el contexto del párrafo donde su utiliza sí tiene razón de ser, y dado que con ello lo que se describe son cualidades de una persona fría o calculadora, o imperturbable (...), y todo ello también como se ha dicho en la contienda político empresarial entre los sujetos y teniendo la condición el demandante de persona que ostenta cargo público, no ha de tener tampoco la consideración de insultos que afecten al honor del demandado. Todas estas razones conllevan ala íntegra desestimación de la demanda.”
La Promotora considera que Suárez Gil "hizo todo lo posible por obstaculizar e impedir la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote". La defensa jurídica de la Asociación Promotora de la Cámara de Comercio de Lanzarote y de su presidente corrió a cargo de la letrada lanzaroteña doña Irma Ferrer Peñate.
