A Manuel Jordán Martinón, copropietario de la Isla de Alegranza, le desestimaron en su momento todas las alegaciones hechas al Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo y hoy por hoy no sabe que va a pasar con su propiedad, aunque el Gobierno central dice que ha adelantado conversaciones para compararla. Jordán cree que en el fondo se está consolidando una expropiación encubierta. “No sé cómo hablan de que las conversaciones van estupendamente si nadie ha hablado conmigo y yo soy el portavoz de la familia”. Cree que en el fondo el Ministerio de Medio Ambiente no está interesado en adquirir la Isla. En la misma incertidumbre están los propietarios de Montaña Clara y la Isla de Lobos.
A los tribunales
Actualmente vista Alegranza y dice que de momento no le han llamado la atención, “en el buen sentido de la palabra”, por estar en un espacio protegido. Jordán cree recordar que su familia es propietaria de Alegranza desde el año 1940. La propiedad, según dijo, está debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad desde que éste empezó a funcionar en Lanzarote. “Se recoge absolutamente todo, incluso la casa con el faro”. No entiende cómo en un Estado de Derecho se puede expropiar por expropiar sin considerar la opinión de los legítimos propietarios. Insta a la autoridad competente a que pague a él y sus hermanos las más de 1.300 hectáreas de la Isla. Jordán y su familia optaron por llevar el caso a los tribunales de Justicia y para ello han interpuesto un contencioso administrativo. “No nos quieren reconocer nada”, sostuvo. Recordó que el Plan Rector, en su preámbulo, se reconocía la propiedad a la familia Jordán Martinón, “pero como algo muy impreciso”.
En los años cincuenta, un alemán estuvo interesado en la compra de Alegranza pero finalmente la transacción no se hizo porque el comprador tenía que depositar un abono de seis millones de pesetas y sólo ingresó en el banco seiscientas mil pesetas.
Agravio comparativo
Jordán comentó que el pueblo marinero de La Graciosa, que recuerda de su niñez, estaba formado por unas cien casas y una población aproximada de quinientos habitantes, mientras que hoy, realza, hay cientos de apartamentos de explotación turística. Considerando este aspecto, entiende que si La Graciosa tiene 28 kilómetros cuadrados, con unos 300.000 metros urbanos, y Alegranza tiene 13 o 14 kilómetros cuadrados, “pues que me dejen la mitad y yo lo vendería o lo urbanizaría”. Siente que hay un agravio comparativo entre el crecimiento de La Graciosa y las limitaciones a la explotación de Alegranza. Jordán es partidario de regularizar la caza de pardelas para que la gente no pierda su cultura y a la vez se pueda mantener la especie. La familia Jordán Martinón está documentándose al máximo para defender sus intereses.