martes. 22.04.2025

Canarias celebró su fiesta y todos los rincones del Archipiélago se engalanaron para rendir homenaje a las tradiciones. Unas costumbres no siempre respetadas pero que marcan la vida de los isleño más allá del incremento poblacional experimentado en los últimos años. Aunque los lanzaroteños se reconocen tan canarios como españoles. Pero el 25 aniversario de la constitución del Parlamento regional no sólo es motivo de júbilo sino de reflexión. Las elecciones han dejado una dura tarea al nuevo gobierno: la aprobación del Estatuto del Autonomía en Madrid.

Fotos: Dory Hernández

En agosto de 1982 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la Ley Orgánica 19/1982 que aprobaba el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuyo ámbito territorial comprende “las siete islas que conforman el Archipiélago canario”, tal como se explicaba en el artículo segundo de dicha normativa. El miércoles, precisamente a pocos días de crear la nueva, se cumplieron pues veinticinco años desde la constitución de la primera Corporación del Gobierno regional y de la entrada en vigor del citado documento. Y aunque desde entonces hasta la fecha las Islas han experimentado cambios que han marcado su historia más reciente, éstos apenas han sido reconocidos por la Administración central. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía canario planteada por el Ejecutivo regional sigue estancada en el Congreso de los Diputados a la espera de su aprobación definitiva que le permita volver a las Islas completamente renovado. Una tarea a la que, sin duda, deberá dar prioridad el nuevo Gabinete salido de las urnas.

La propuesta del nuevo Estatuto de Canarias, con un total de 165 artículos, fue aprobada por el Parlamento regional el 13 de septiembre de 2006, con el apoyo de Coalición Canaria (CC) y del Partido Socialista (PSC-PSOE). Mientras que, como se recordará, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Nueva Canarias (NC), el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) y el grupo popular (PP) expresaron su rechazo al mismo. Entre sus novedades, el texto recoge la condición ultraperiférica del Archipiélago, ya reconocida por la Constitución europea y, derivada de esa condición, la modulación de las políticas que se apliquen en Canarias. Aunque el documento encontró contestación incluso entre las fuerzas políticas canarias se espera que finalmente el texto suponga un paso adelante en el desarrollo del autogobierno. En estos mismos términos se expresaron las diputadas lanzaroteñas María Isabel Déniz y Manuela Armas, para quienes el documento supone “un paso más” en el camino de la autogestión y ampliación de competencias.

Por su parte, para los representantes del PIL, Isaac Castellano, del PNL, Juan Carlos Becerra y para ex presidente del PP, Alejandro Díaz, el nuevo texto representa una “piedra en el camino”, “un retroceso” y “un error” que intentarán corregir antes de su aprobación definitiva mediante enmiendas en el Congreso.

Topes electores

Mucho se habló días atrás, en plena campaña electoral, de los topes electorales que establece la ley regional, y de la necesidad de reformar la normativa en esta materia. La rebaja de estos topes está incluida en el documento, si bien ha sido motivo de polémica. Mientras que unos piensan que la reforma electoral es un trámite posterior a la aprobación en Madrid del nuevo Estatuto, otros se llevan las manos a la cabeza ante la idea de perder el equilibrio entre las Islas. El emblema que debe recoger o no la bandera canaria también fue motivo de disputa durante el debate de reforma. Sin embargo, de momento, la bandera nacionalista de las siete estrellas verdes tendrá que seguir esperando. Y es que de lo que se trata es de que el Gobierno español entienda que el análisis del Estatuto de Autonomía de Canarias debe abordarse en dos formas: la primera, en consonancia con la las partes comunes de los demás estatutos autonómicos; y la segunda, atendiendo a las especificidades canarias, derivadas del Régimen Económico y Fiscal de las Islas, así como a la condición geográfica, al concepto de aguas interiores y a las necesarias comunicaciones entre islas. A ello se añade como característica singular un régimen electoral diferente al resto de autonomías, en el que la circunscripción es la Isla y no la provincia, como en el resto de España.

Una asignatura pendiente
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