Finalmente y después de dos suspensiones ha arrancado este martes el juicio contra el ex presidente del Cabildo Pedro San Ginés, el ex secretario de la institución Francisco Perdomo y el ex gerente del Consejo Insular del Agua José Juan Hernández Duchemín por ordenar y ejecutar la incautación de la planta desaladora que la empresa Club Lanzarote S.L. gestionaba en el Plan Parcial de Montaña Roja, en el municipio de Yaiza. La jueza titular del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, María Luisa Moreno, siguiendo el criterio expuesto el día anterior en un auto por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha negado el intento de la defensa de los tres encausados de volver a suspender la sesión, atendiendo al hecho de que ya se había rechazado por órgano competente y que a pesar de no contar con acusación de la empresa afectada ni con calificación particular se sostenía el caso con la acusación popular. Como ya se informó en su momento este diario, está sostenida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, consejeros del Cabildo en el pasado mandato, que en el anterior juicio, dentro del galimatías en el que se convirtió, llegaron a ofertar una rebaja de los más de 10 años de inhabilitación que pidieron inicialmente. Terminadas las cuestiones previas, se ha informado a los muchos medios de comunicación presentes, puesto que el caso ha generado una enorme expectación mediática por la participación de quien ha ejercido durante mucho tiempo como líder de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, que arrancaba el juicio y que éste, muy probablemente, tendría una sesión doble para recuperar la parte del procedimiento que se paralizó con la primera suspensión.
El ex presidente del Cabildo de Lanzarote afronta por tanto, tal y como ya adelantó Crónicas, la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas rechazara este martes la nulidad de las actuaciones que había solicitado su defensa. La Sección Sexta que preside el magistrado Emilio Moya Valdés, la misma que está juzgando en estos momentos una de las piezas centrales del caso Montecarlo, decidió el lunes, un día antes del juicio, no atender la reclamación y darle firmeza a su decisión alegando en su auto, entre otras razones, que la doctrina del Tribunal Constitucional determina que la solicitud de la nulidad de las actuaciones “no debe ser utilizada como un nuevo recurso para replantear cuestiones ya definidas en la resolución recurrida con el pretexto de que hay en juego derechos fundamentales”. “En todo caso, ha de ser utilizado para resolver la vulneración de derechos fundamentales que no haya podido denunciarse antes de dictarse la resolución que pone fin al proceso”, añaden los magistrados como fundamentos jurídicos de su decisión, decisión que ha servido a Moreno para dar orden de que se celebrara el juicio.
La defensa de Pedro San Ginés comenzó su intervención destacando las razones que les habían llevado a realizar diferentes protestas a lo largo del proceso fundamentadas en su mayor parte por la falta de legitimidad de la acusación que se presenta por parte de dos consejeros de un partido político como Podemos que eran adversarios claros y pefectamente definidos de su representado. Asimismo, dijo que los dos consejeros no pidieron personarse como personas físicas, que era la única forma de que se les permitiera mantener el procedimiento, puesto que lo hicieron como grupo político, exactamente lo mismo que en otro juzgado no aceptaron que hicieran en Coalición Canaria (CC) en el caso de los Centros Turísticos que afectaba al socialista Carlos Espino. Además el letrado expuso que en otra pieza otro juzgado si negó a Carlos Meca la personación porque no era él quien estaba personado en la causa principal, es decir la de la desaladora de Montaña Roja, si no el grupo político Podemos. Una vez más pidió un receso para que su señoría recapacitara y resolviera con carácter previo la posición procesal, cosa a la que la juez se negó esta vez.
La fiscal Celia Asensio comenzó su intervención discrepando de la defensa de San Ginés en cuanto a la representación de los denunciantes, ya que estaba de acuerdo en que lo hacían como personas independientes que pertenecen al partido Podemos y no como grupo, lo que para ella había quedado claro finalmente.
La abogada de la Acusación Popular, Nora Ferrer, fue contundente al afirmar que “cuanto más intentan que no se celebre el juicio, más culpables son”. Aclaró además que la personación de los dos consejeros de Podemos es firme y consentida desde 2015 y que no existía ningún acuerdo como grupo. Así, explicó a la jueza que en cada tomo del procedimiento figuran los nombres de los dos de forma individual. “La defensa confunde que hay nulidades cuando no tiene razón, sabiendo que una cuestión previa tendrá que ser resuelta en la sentencia”, comentó la letrada.
Interrogatorio
Una vez que quedó claro que se iniciaba el juicio, el primero en declarar fue Pedro San Ginés. Como estaba previsto, el ex presidente contestó a todas las preguntas que le fueron formulando a excepción de las de la abogada de la Acusación Popular.
