- Las patronales turísticas suscriben la intención del Cabildo de Lanzarote de legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos siempre que la Ley lo permita
- Asolan y Aetur recuerdan que todos los hoteles de la Isla se edifican en parcelas urbanas y suelos clasificados con uso turístico
Por orden de ambas directivas, los empresarios de Asolan y Aetur se negaron a responder a una sola de las preguntas de los periodistas tras dar lectura al comunicado. Fotos: Dory Hernández
Los empresarios turísticos agrupados en las patronales Asolan (Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote) y Aetur (Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote) reclamaron este martes al Cabildo insular que emprenda acciones inmediatas para restablecer la buena imagen turística de la Isla como destino turístico y sus establecimientos hoteleros.
Tras la información publicada este lunes bajo el título ‘La lucha contra el urbanismo salvaje' en el diario español de mayor tirada, El País, en la que “se pone en duda” la legalidad de la mayoría de los establecimientos alojativos de la Isla, ambas patronales comparecieron ante los medios de comunicación para denunciar que el periódico “no contrasta su información al obviar que el decreto de la moratoria de Lanzarote del año 2000 está anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias” (TSJC).
“La divulgación de esta noticia en este diario de tirada nacional ha provocado una considerable erosión a la imagen turística de la Isla, cuyos daños son difíciles de cuantificar”, subrayan.
Los empresarios denuncian que la noticia, en la que se describe que existen 22 sentencias que anulan licencias turísticas de varios complejos (en la actualidad abiertos al público y en muchos casos con las preceptivas licencias de apertura otorgadas por el propio Cabildo, la misma Administración que formuló los recursos administrativos), obvia que los fallos del TSJC de Canarias no aluden en ningún caso a la vulneración del decreto de la moratoria turística de Lanzarote -decreto 95/2000, de 22 de mayo, de aprobación definitiva de la Revisión Parcial del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, sino a meros defectos de forma, a su juicio, subsanables.
El Tribunal Supremo ha anulado dicho decreto “con múltiples sentencias” (...) “y previamente anuló en octubre de 1998 la citada norma, porque el Cabildo de Lanzarote no sometió a información pública el documento de revisión del PIOT de 1991”.
Agregan los empresarios que durante años, las empresas afectadas han obtenido de los ayuntamientos las correspondientes licencias urbanísticas para poder ejecutar sus hoteles en parcelas con calificación de urbanas y en planes urbanísticos aptos para ellos, “aprobados por las administraciones municipales, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado”.
Fundamentos jurídicos
Desde Asolan y Aetur se recuerda que los fundamentos jurídicos que esgrimió el TSJC en la anulación de estas licencias conocidas desde el año pasado “se basan en la ausencia de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de las correspondientes normas y ordenanzas de los planes parciales, y otros pequeños aspectos jurídicos”.
A día de hoy, además, todos esos defectos han sido subsanados por los correspondientes ayuntamientos de la Isla, y el Cabildo de Lanzarote inició el pasado año un proceso de negociación con cada empresa hotelera afectada, a fin de subsanar y legalizar estos detalles jurídicos.
Asolan y Aetur, y en su conjunto el sector turístico de Lanzarote, que recuerdan que dan empleo a más de 20.00 trabajadores de forma directa en todos los complejos turísticos de la Isla, aseguraron este martes que suscriben en su intención la intención de la Corporación lanzaroteña de legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos, siempre que la Ley lo permita, tal y como ya habían señalado en un comunicado”. Y ello es así porque cada hotel o complejo extrahotelero anulado se edifica en una parcela calificada para ello y en suelo catalogado como urbano y de uso turístico, como también reconocen los ayuntamientos en cuyos municipios se ubican dichos hoteles, que desean lograr un acuerdo sobre estos recursos.
Once sentencias firmes de derribo
Por otra parte, es cierto, tal y como publica este martes el diario Canarias Ahora, que once complejos turísticos declarados ilegales en Lanzarote ya pueden ser demolidos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretase en fechas recientes la invalidez de futuros recursos ante el Tribunal Supremo (TS). Con una sentencia que de aplicación por una reciente modificación legal, el TSJC declaraba firmes todas las sentencias anteriores en relación a la moratoria.
Pero esa es la teoría, pues otra cosa es que dichos establecimientos se derriben. En los casos de estos complejos hay que señalar, no obstante, que el Cabildo -la administración que se ha personado en los pleitos y que ha formulado los recursos administrativos- ha optado por no exigir el derribo de aquellos complejos que se consideren legalizables y cuyas deficiencias sean subsanables.
Según publica el citado medio, al menos once complejos turísticos ilegales radicados en la isla de Lanzarote ya se encuentran en fase voluntaria de ejecución de sentencia, situación previa a la tramitación de los correspondientes expedientes de demolición por parte de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, los denunciados, o por el Cabildo de la isla, el denunciante.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el pasado 4 de febrero siete recursos del Ayuntamiento de Yaiza en los que se solicitaba la nulidad de otras tantas sentencias que en su día revocaron licencias de construcción a complejos turísticos radicados en ese municipio lanzaroteño. Estos siete autos otorgan firmeza a esas sentencias y ordenan que se comunique al Ayuntamiento el inicio de la fase de ejecución de las mismas.
31 construcciones denunciadas
Los nuevos autos, que se unen a los ya dictados anteriormente sobre otras cuatro sentencias, afectan a cinco complejos de apartamentos y a dos hoteles. En total, ya pueden iniciarse los trámites de demolición sobre 799 apartamentos o bungalows, entre los que se encuentra un complejo de 422 unidades en el Plan Parcial Costa Teguise y otro de 190 denominado Riu Playa Blanca.
Pero también se han visto afectados por estos nuevos autos dos hoteles de cuatro estrellas, el Natura Palace, en el Plan Parcial Montaña Roja, con 466 camas, y el Gran Castillo, en Las Coloradas, con 394 camas.
El hotel Nature Palace, promovido por la empresa Yaiza Beach Club, S.L., fue receptor de una subvención de 3.055.654,22 euros por parte de la Unión Europea dentro del programa de incentivos regionales para regiones en declive. Otros diez hoteles se encuentran en una situación similar a éste, es decir, con sentencias que anulan sus licencias de construcción y con ayudas comunitarias que suman más de 36 millones de euros.
En total, la isla de Lanzarote acumula ya casi una treintena de sentencias anulando licencias de construcción de otros tantos complejos turísticos. Según fuentes de la investigación citadas por Canarias Ahora, la Justicia ha ordenado ya la nulidad de autorizaciones que afectan a 7.721 plazas turísticas, de las que 4.404 son hoteleras y 3.317 extrahoteleras.
Las mismas fuentes han cifrado en 31 el número de construcciones denunciadas, que en el caso de las ocho localizadas en el municipio suponen un presupuesto de construcción declarado por los promotores de más de 73 millones de euros. En Yaiza, donde están detectadas 23 licencias ilegales, la inversión declarada supera los 190 millones de euros.
El Cabildo tratará de legalizar las situaciones subsanables
Las sentencias del TSJC instan a que se restituya la situación previa existente en la zona donde se construyeron cada uno de estos establecimientos, lo que teóricamente sí implica la demolición, siempre y cuando el Cabildo la exija. Sin embargo, el Cabildo ya ha insistido en que tratará de restituir la legalidad en los casos en que sea posible. Así, si ciertos aspectos que rompen con la revisión del PIO o las Directrices de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias pueden corregirse, sobre dichos complejos dejarían de recaer esas sentencias. Y es que en algunos de estos casos sólo faltan informes de adaptación al PIOT, en otros habría que reducir la extensión de las habitaciones y en varios sólo habría que aminorar el número de camas turísticas construidas.
Por el momento aún no se ha comenzado a negociar formalmente entre empresarios y el Cabildo, pues se está a la espera de que el TSJC termine de emitir los autos sobre algunos expedientes todavía pendientes.
Un caso aparte es el del Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, donde la Dirección General de Costas, en su campaña de liberalización del litoral español, ha sido la que ha promovido, a través del Consejo de Ministros y el Ministerio de Medio Ambiente, la demolición del establecimiento por no cumplir con los 20 metros de distancia con la costa que legalmente debía haber respetado. En este caso, señala Costas, se ha invadido la zona de dominio público y no hay manera de restituir la situación previa. Como el caso del Papagayo Arena, la Dirección General de Costas ha detectado otros tres casos en el conjunto de las costas de Canarias.
