martes. 22.04.2025
La alcaldesa reconoce que ha sido incapaz de encontrar a alguien que sustituya al interventor y ve el panorama complicado a corto plazo para afrontar los pagos de la institución

Astrid Pérez: “Si el Gobierno central nos quita los 49 millones de euros que tenemos en el banco, lo mejor que puede hacer es cerrar el Ayuntamiento de Arrecife”

Adelanta que avalará con su firma todos los pagos de los contratos que se hayan hecho después del decreto de estado de alarma por el coronavirus y hasta que Función Pública les dé una solución a su problema

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha reconocido este viernes en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que por más que ha puesto todo el empeño del mundo no le ha sido posible encontrar un sustituto al interventor de la institución, que dejó su puesto precisamente hace ahora una semana. Sin embargo, lo peor para ella, peor que lo del interventor, puede estar por venir, si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que se muestra especialmente crítica, consuma su idea de quitarle a las administraciones locales el superávit que tienen. Si se toma esta medida, que califica de “auténtica locura”, cree que sería mejor que echaran la llave y cerraran para siempre el Ayuntamiento de la capital de la Isla.

En su relato de la odisea administrativa asegura que ha hecho de todo, desde pedir a otras administraciones que convenzan a alguno de sus interventores para que acumule el trabajo en la capital de Lanzarote a ofrecerle el puesto a todos los trabajadores de su institución que podrían ocupar el cargo. Todo ha sido inútil. Lo peor es que el vacío en el puesto, que tampoco puede cubrir Función Pública del Gobierno de Canarias porque no tiene los registros operativos, ha llegado en el peor momento, en el instante en el que se ha establecido un estado de alarma sanitaria propiciado por el dichoso coronavirus y por el intento de todos por evitar su propagación. “No tenemos a la vista una solución fácil. Función Pública ha suspendido las bolsas de empleo y se ha paralizado el concurso nacional. Lo que hemos hecho, porque es nuestra obligación, es mandar una carta a todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Arrecife si querían acceder a sustituir al interventor de manera accidental y ninguno ha querido. Seguiremos adelante con el trámite, se lo hemos notificado otra vez a Función Pública y esperaremos a que nos den una solución, porque la competencia en este tema es de ellos”, relató la alcaldesa. “Hemos hecho todo lo que hemos podido, la verdad, pero hemos tenido muy mala suerte”, subrayó.

A pesar de la situación, la alcaldesa explicó que antes de la marcha del interventor dieron un fuerte impulso a los pagos, sacando 900.000 euros en el último mes y un total de 11 millones de euros en lo que va de año, cifra que se queda corta por la cantidad de facturas que deberían ir a reconocimiento extrajudicial de crédito para poder abonarlas en estos días, precisamente días en el que el resto de los ayuntamientos que sí tienen interventor están haciendo frente a los pagos con la mayor agilidad que se recuerda en las administraciones locales. Además, anunció que ella misma va a asumir con su firma la responsabilidad sobre todas las facturas que tengan que ver con la emergencia social que se ha generado y que no tira la toalla a la hora de tratar de encontrar en estos días una solución. “En este mes de marzo hemos pagado más de 900.000 euros. Desde enero a marzo hemos pagado más de 11 millones de euros a proveedores. Hace más de un mes le pedí a Hacienda que hagan un expediente extrajudicial de reconocimiento de deuda de otras facturas, para que cuando venga el próximo interventor esté listo y lo podamos llevar a pleno. Mientras, estamos avanzando en muchos expedientes para lo mismo, para que se fiscalice”, señaló sobre la acción concreta que la situación les permite afrontar.

A pesar de todo, no están cruzados de pies y manos, y Pérez adelantó que será ella con su firma quien avalará todas las facturas que se tengan que abonar que estén directamente relacionadas con la crisis que se ha generado con el coronavirus y que aborden asuntos cruciales en servicios sociales como los que se están encontrando cada día. “En unos días, cuando Función Pública nos conteste, yo asumiré con mi firma esos pagos, con la salvedad de que entiendo que luego todo tendrá que ser convalidado por el interventor que venga. Yo asumiré como alcaldesa de Arrecife los pagos de todo lo que se ha contratado a raíz del decreto del estado de alarma”, afirmó rotunda. “Lo permite la ley y es lo que tenemos pensado hacer. No lo hemos hecho todavía porque estábamos intentando agotar otras vías, y espero que Función Pública nos conteste ya”, sentenció.

Críticas al Gobierno central

Por otro lado, la alcaldesa se mostró especialmente crítica con el Gobierno central y con su presidente, Pedro Sánchez. Igual que alabó la labor que se está desarrollando en el Cabildo de Lanzarote y la coordinación tremenda y efectiva que está habiendo entre los siete ayuntamientos de la Isla, dijo no entender la cantidad de cuestiones que se están haciendo mal en Madrid, muchas de ellas a su modo de ver repetidas también en Canarias. “Me parece una barbaridad, una locura casi todo lo que está haciendo el Gobierno español. Lo primero que critico es la falta de información que está habiendo por parte del Gobierno central y por parte del Gobierno canario. A día de hoy, por ejemplo, no sabemos cuánto material llega a Lanzarote, cuántos test se hacen, cuántos test realmente se han hecho desde el principio. Hay un ocultismo total por parte del Gobierno canario respecto al tema de la enfermedad”, argumentó.

Lo peor de todo, como al resto de alcaldes, está siendo la posibilidad que se lanzó como globo sonda sobre la asunción por parte del Ejecutivo central de los fondos de las instituciones locales que están en los bancos, los ya famosos superávit. “Lo de confiscar el superávit no cabe en cabeza pensante. Espero que sea una broma de mal gusto de alguien del Gobierno. Ahora, como es lógico, van a caer todos los ingresos de las corporaciones locales, caerá el IGIC, caerá el IBI, caerá todo; si entramos en esa situación y la iniciativa privada no puede plantear inversión, se destruirá empleo y será la administración pública la que tendrá que hacer la inversión. Si a nosotros nos quitan los 49 millones de euros que tenemos como remanente en tesorería, lo mejor es que el Gobierno central cierre el Ayuntamiento de Arrecife”, resaltó visiblemente molesta. “Lo mejor sería que hiciéramos un ERTE y cerráramos las puertas. ¿Para qué quedarnos dentro si no vamos a tener dinero con el que prestar servicios esenciales a los ciudadanos?”, preguntó a modo de reflexión.

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