La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al ex secretario municipal Felipe Fernández Camero a 10 años y 5 meses de prisión y a la ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz a diez años y 6 meses de cárcel por la comisión de varios delitos en la investigación de la pieza Jable del conocido como caso Unión, el caso que instruyó en su día el juez César Romero Pamparacuatro y que puso patas arriba a la política de la Lanzarote de 2009. El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia Canario (TSJC) ha informado este lunes de que la sentencia que resuelve en primera instancia la presunta trama de corrupción político-empresarial en Lanzarote es contundente con los dos principales acusados, a los que se suma Dimas Martín, quien finalmente, después de confesar los delitos tras años de negar absolutamente todo y de sufrir una tras otra diferentes condenas, tiene una pena muy inferior.
La sentencia llega tras una dilación indebida del procedimiento en el tiempo de casi 15 años, tras salir a la luz los hechos en el año 2009, siendo estos de tal magnitud que se ha tenido que dividir en varias piezas la causa, como se ha venido contando en los últimos años. En este caso se analizaba lo que la entonces alcaldesa de la capital lanzaroteña y su secretario hicieron en varios asuntos, sobre todo lo relacionado con los sobornos que recibieron de la empresa de limpieza Urbaser.
Déniz ha sido condena como autora de delitos de fraude a la administración, prevaricación continuada y cohecho (soborno) continuado en distintas modalidades. Además de las condenas penales, se le imponen varias penas de carácter económico y de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Camero ha sido condenado por fraude, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial e infidelidad en la custodia de documentos.
El ex líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ex presidente del Cabildo de Lanzarote, ex diputado regional y ex senador Dimas Martín Martín, principal objeto de persecución tanto por la Fiscalía como por la Guardia Civil durante todo el proceso, ha aceptado una pena, tras su colaboración con la justicia, de un total de dos años y seis meses de prisión como autor confeso de un delito de fraude a la administración y otro de cohecho.
El antiguo responsable de la Oficina Técnica municipal de Arrecife Rafael Arrocha Arrocha ha sido condenado a dos años y 19 meses de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, revelación de secretos y falsedad.
Los ex directivos de Urbaser Santiago Alonso y Manuel Martínez reciben una pena de dos años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad, fraude y uso de información privilegiada. El antiguo gerente de Urbaser en Lanzarote Jacinto Álvarez por su parte recibe un año y 9 meses de prisión por delitos de cohecho, falsedad, fraude y uso de información privilegiada. Francisco José Martínez, quien también estaba vinculado a Urbaser, afronta una condena de un año de cárcel por los delitos de cohecho y fraude. El responsable de la constructora FCC Enrique José Hernández por el delito de cohecho recibe una pena de un año y tres meses.
Todos los condenados representantes de empresas, según destaca la sentencia, colaboraron durante la investigación con la justicia.
La resolución de la Sala, que se extiende a lo largo de 150 folios, absuelve de toda responsabilidad finalmente a Enrique Astorga González, Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo, Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, Miguel Ángel Leal, y Stephan Jean Balverde contra las cuales el fiscal había retirado los cargos.
La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
