Dory Hernández /. M. A. Ferrer.
La gestión realizada en los Centros de Arte Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACTs) entre los años 1997 y 2003 volvió a centrar el debate político desarrollado este viernes en el marco del último pleno de la Institución insular. Tras conocer las conclusiones de un informe jurídico penal, solicitado con anterioridad por el área de Economía y Hacienda, todos los partidos políticos representados en el Cabildo, salvo el PIL, cuyas consejeras Plácida Guerra y María José Docal no estuvieron presentes en la sesión, acordaron por unanimidad presentar una denuncia ante la Fiscalía para que este órgano determine si existen o no pruebas de comportamientos delictivos en la gestión de los CACTs.
Los diferentes grupos políticos coincidieron en señalar la necesidad que tiene el Cabildo de depurar responsabilidades al respecto y aportar mayor transparencia a la gestión de lo público, sobre todo, después de conocer que el dictamen jurídico penal elaborado a raíz de la auditoría llevada a cabo por la empresa KMG Auditores S.L. aprecia “indiciariamente” hechos constitutivos de multitud de “infracciones penales”. Concretamente, el dictamen, elaborado por dos expertos abogados en derecho penal, cita la prevaricación administrativa y nombramientos ilegales, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, fraude a la Administración o las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos u abuso en el ejercicio de a función pública como algunos posibles delitos cometidos.
Asimismo, la conclusión del dictamen jurídico añade que para hacer efectivas las eventuales responsabilidades criminales cabría desarrollar “una minuciosa investigación”, ya que “las rigurosas garantías que rigen en el proceso penal español no permiten exigir responsabilidades penales por la constatación de meros indicios o sospechas”. Los juristas Miguel Olmedo y José María Suárez, responsables del informe presentado este viernes a los portavoces de los grupos políticos,advierten, no obstante, que en el ámbito público la obtención de pruebas para acreditar casos de posible corrupción resulta “bastante dificultosa”, si bien sostienen que “no es en absoluto imposible si se realiza una investigación concienzuda” como se propone anteriormente.
Además, destacan que “los indicios” que se muestran en el informe de auditoría “ponen sobradamente de manifiesto la necesidad de esclarecer suficientemente los hechos”, para lo que sugieren dos vías: la denuncia ante el Ministerio Fiscal o bien la presentación de querellas ante los “posibles responsables”. Una vez conocidas las dos opciones volcadas por el documento y tras un breve debate desarrollado durante un receso tomado por el pleno, los consejeros del cabildo aprobaron por unanimidad presentar una denuncia en el Ministerio Fiscal, requiriendo para ello el traslado de los documentos auditados, la propia auditoría de los Centros y el informe jurídico penal elaborado a raíz de la misma.
