- Rojas, que dice que pierde demasiado tiempo en el Cabildo salvando zancadillas, asegura que cuando el equipo de gobierno recibió el PTE, el documento ya llevaba más de dos meses en la Consejería de Política Territorial de Carlos Espino
La presidenta del Cabildo insular de Lanzarote, Inés Rojas, anunció este lunes que será la propia Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, previsiblemente a través de la empresa Gestplan, la encargada de tramitar la evaluación medioambiental del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTEOT) de Lanzarote, un documento cuya exoneración a la nueva Ley de Efecto ambiental fue rechazada el pasado viernes por la Cotmac -Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias- .
Además, Rojas adelantó, en declaraciones al programa El Despertador de Lanzarote Radio, que serán también los propios técnicos de la consultora que designe el Gobierno canario los encargados de culminar el PTE, incluyendo y corrigiendo cuantos pendientes todavía hayan quedado pendientes tras la renuncia, el pasado lunes, 6 de noviembre, del director del equipo redactor del documento, Fernando Prats, quien alegó en su marcha la falta de acuerdo en el seno del grupo de gobierno del Cabildo a la hora de tramitar la aprobación inicial del texto.
"Prats lo sabía"
A este respecto, la máxima dirigente cabildicia consideró “bastante probable” que Prats supiera a ciencia cierta que el PTE no podía ser exonerado de la Ley de Efecto Ambiental y que por eso renunció como máximo responsable del PTE antes de que el rechazo de la Cotmac fuera oficial y se hiciera público.
La presidenta aseguró que, tras la negativa recibida por parte de los técnicos de la Cotmac a los supuestos alegados por el Pleno del Cabildo para que el PTE no fuera sometido a la nueva ley estatal, se había “puesto las pilas” y que por eso ya había tratado este tema con el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, Domingo Berriel, quien le confirmó que los supuestos a los que se acogía el PTE eran claramente “insostenibles”, de ahí la contundencia del informe emitido desde la Comisión de Política Territorial y Medio Ambiente, firmado por un urbanista de la talla Faustino García Márquez -también asesor del propio Cabildo en los temas de la Reserva- y respaldado por dos ilustres letrados, Teresa Navarro Hernández y José Ricard.
“Le he asegurado (al consejero) que dispone de líneas de financiación para esta evaluación y le he pedido que se acelere al máximo el proceso”, subrayó Rojas.
Lo que está claro es que a estas alturas “hagamos lo que hagamos, no es posible evitar la evaluación ambiental -lo que alarga el proceso de adaptación del documento insular a las Leyes del Territorio y Directrices de Turismo de Canarias entre un año y medio y dos años más de la fecha prevista- ya que los supuestos a los que intentamos agarrarnos eran válidos sólo para documentos cuya redacción hubieran sido apoyada por el Pleno antes de de julio de 2004 como fecha tope”, explicó Rojas. La redacción del PTE de Lanzarote, en cambio, no fue respaldada sino a partir de abril de 2005, fuera de límite.
La inestabilidad política vivida en el Cabildo esta legislatura -con siete presidentes hasta ahora desde mayo de 2003- ha tenido sin duda algo que ver.
Recuperar tiempo perdido
“No perdamos más tiempo”, fueron las palabras de Rojas al consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, después de que la presidenta regresara el pasado jueves a la Isla de la feria turística de Londres. “Hay que dejar de lado de quién ha sido la culpa y olvidarse de reproches. Ahora lo importante es hacer la evaluación ambiental cuanto antes”, dijo. En este sentido, aseguró que “cuando se nos entregó el PTE al grupo de gobierno, el documento ya llevaba más de dos meses en la Consejería de Política Territorial del Cabildo”.
La presidenta tiene claro, además, que ha tenido que perder "demasiado tiempo en el Cabildo salvando las zancadillas" que le ponen en el camino. Según Rojas, aunque “se le insistió mucho al consejero, el documento no se conocía, se entregó incompleto y carente de cierta documentación, y se dio a conocer el 28 de abril, precisamente el día en que entró en vigor la normativa europea”, concluyó.
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