La empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A, Inalsa, celebró este miércoles un Consejo de Administración en el que se autorizó a la consejera delegada, Plácida Guerra, a materializar un acuerdo verbal alcanzado recientemente con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio, por el cual ésta no seguirá con sus acciones legales contra Inalsa a cambio de 2,5 millones de euros (unos 400 millones de las antiguas pesetas).
Así lo explicaron a Crónicas fuentes del Consejo de Administración, quienes reconocieron que los representantes de Inalsa habían mantenido conversaciones y negociaciones en las últimas fechas para conseguir, a través de un acuerdo extrajudicial, que la UTE desestimará la continuación de sus acciones judiciales, a cambio de que el Cabildo de Lanzarote le reporte 2,5 millones de euros.
El acuerdo llega dos años después de que fuera conocido el laudo arbitral dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de fecha 9 de junio de 2006, que condenaba a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio, tras el contrato firmado entre ambas entidades durante la legislatura 1999-2003 para la construcción de una, a día de hoy inexistente, planta desaladora en la zona de Janubio, Yaiza.
Los nueve miembros del Consejo, entre ellos los representantes de los municipios, los alcaldes de Teguise y Arrecife, José Dimas Martín y Enrique Pérez Parrilla, respectivamente, votaron a favor del acuerdo, que ahora deberá plasmarse en un documento oficial.
Reacciones y vía extrajudicial
Tras el acuerdo del Consejo de Administración, las reacciones en el seno del Cabildo no se han hecho esperar. De momento, Coalición Canaria (CC), que representó este miércoles a los tres grupos de la oposición de la Corporación (CC, PP y PNL), calificó el acuerdo de "disparate" y se apresuró a acusar al grupo de gobierno cabildicio de mentir cuando en fechas recientes negaba que estuviera manteniendo cualquier tipo de conversación con la UTE.
Los nacionalistas, con voz pero sin voto en el Consejo de Administración, se oponen frontalmente al acuerdo presentado este miércoles por Plácida Guerra, pues a su juicio no hay razones objetivas que aconsejen "tirar la toalla" en la campaña de defensa judicial emprendida desde Inalsa y el Cabildo.
"Nos parece que si hay una vía judicial emprendida por el Cabildo, ahora la institución no tiene por qué pagar por esa obra fraudulenta, y creemos que por la vía judicial podría demostrarse que el Cabildo no tiene que pagar por algo que nunca se hizo". En ese sentido se manifestó Marci Acuña, consejero de CC en el Cabildo, quien acudió a esta última sesión en sustitución del portavoz nacionalista, Manuel Fajardo Feo.
"Hace poco la Audiencia Provincial de Las Palmas se pronunció sobre el laudo, el Cabildo recurrió su sentencia y desde Inalsa se aseguró hace una semana que se seguiría con el proceso, con lo cual el acuerdo es toda una sorpresa", aseveró.
Para CC, "todavía no se ha agotado la vía judicial, y el Cabildo, que no tiene responsabilidad porque se ha contratado la construcción de una planta desaladora que no se ha hecho, va a ser ahora el que pague, con el dinero de todos los conejeros, la nefasta gestión a que nos tienen acostumbrados los gobiernos de Partido Socialista (PSC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
Según Acuña, Inalsa está amparada por varias decisiones tomnadas hasta ahora desde distintas instancias jurídica, como el Consejo Consultivo de Canarias -órgano del Parlamento de Canarias- y el Juzgado Número 2 de Arrecife (que hablaba de ausencia de autorizáción de la UTE para producir agua en Lanzarote), junto con un tercer respaldo que podría haber sido el del Juzgado Número 13 de Las Palmas, que aún nose ha pronunciado. "Todo ese trabajo de servicios jurídicos realizado durante varios años se va a tirar a la basura, cuando la defensa judicial de Inalsa está muy bien montada", lamentó.
Liberación del secretario general de UGT
Además, en la sesión de este miércoles el Consejo de Administración de Inalsa tomó conocimiento de la próxima liberación por parte de la empresa de uno de sus trabajadores, que a su vez es secretario general de UGT en Lanzarote, César Reyes.
Para CC, la decisión del Consejo, que venía barruntándose hace meses a pesar de que el propio Reyes aseguró desconocer tal extremo, sienta un mal precedente. "Simplemente es otro trabajador de Inalsa, pero se le libera e Inalsa seguirá pagándole para que pueda hacer gestiones en su sindicato", denunció Marci Acuña. Para los nacionalistas, tras esta decisión otros otros empleados en situaciones similares podrían optar por exigir lo mismo.
Un segundo gerente
Por otra parte, en la sesión de esta mañana fue presentado a los miembros del Consejo de Administración el que será el segundo gerente de la empresa, que sumará sus esfuerzos a los del gerente ya existente, Pedro Márquez. Se trata de un empresario vasco y que procede del ámbito privado.
Para la oposición, parece algo surrealista que la empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A. tenga dos encargados de la gerencia, y que dicha decisión tampoco haya sido consensuada en el órgano decisorio pertinente.
Finalmente, en el Consejo de Administración se presentó también un nuevo Plan de Viabilidad Financiera y Eficiencia para Inalsa. Nuevamente, CC aseguró que se trata de un plan utópico y algo idealista en ciertas cuestiones, y lo consideó un plan impuesto, pues no ha sido negociado con el Comité de Empresa ni con el resto de miembros del Consejo de Administración de Inalsa.
