El Cabildo de Lanzarote aplica desde este jueves a su funcionamiento la Ley Estatal de Modernización del Gobierno Local, más conocida como Ley de Grandes Ciudades.
La Corporación conejera, junto a la de La Palma, decidió acogerse a esta norma el pasado año, tras darse la oportunidad de hacerlo a los Cabildos de más de 75.000 habitantes.
En unas declaraciones que la presidenta de la Primera Institución, Manuela Armas, realizó este viernes sobre este asunto, afirmó que la Ley de Grandes Ciudades que ahora impera en la Institución y que le concede grandes competencias a este órgano impide contar con más de un miembro de la oposición.
Además, manifestó que le da una opción a la participación ciudadana y que existen dos alegaciones del período de exposición pública que se valorarán. "Esa ley moderniza la gestión en el Cabildo, la administración y, por ejemplo, hay una parte que yo creo que es la más interesante que es que la participación ciudadana tiene una opción", Dijo en este sentido.
Armas explicó que el Consejo Insular de Gobierno tiene que tener un tercio del número total de miembros de la Corporación, de 21 son siete, y además, de esos siete otro tercio lo conforman personas "que no han sido elegidos en las urnas y que por sus conocimientos o aportación a la ciudadanía pueden pertenecer a ese Consejo".
La presidenta aseguró además que "el hecho de que haya entrado la ley en vigor no quita que haya un reglamento para desarrollar esa ley que hasta ahora mismo ha estado a disposición pública con dos alegaciones" y luego añadió que "la ley empieza a funcionar porque son 18 meses a partir de que son llevadas al Parlamento, hay cosas que nosotros asumimos porque entendemos que al cabildo le vienen bien y otras que no".
A partir de ahora, según dijo, habrá un secretario de Pleno y un secretario del Consejo de Gobiernoy se debatirá la elección de directores generales y unificación de áreas. "Este Consejo Insular de Gobierno o Comisión Insular va a tener casi todas las competencias que tenía antes el Pleno", expuso y luego añadió que por ello entendió necesario contar con un miembro de la oposición con carácter rotativo.
Cuestionada sobre si la oposición se había manifestado al respecto sentenció que "la oposición está conforme; no puede ser más de uno, es imposible que haya más, hemos puesto tres del PIL, tres del PSC y este miembro, que podia también ser ajeno, ya que entendimos que era la oposición quien tendría que estar representada" para luego añadir que "cada uno es libre decir lo que quiera pero si de nada pasamos a uno yo creo que es una buena cosa, además han llegado al acuerdo de ir rotándose con un calendario"
La norma estatal de Modernización del Gobierno Local dota de mayores competencias al Consejo Insular de Gobierno
La norma estatal de Modernización del Gobierno Local dota de mayores competencias al Consejo Insular de Gobierno.La modificación más llamativa de la gestión de la administración cabildicia a partir de la fecha será el traslado de muchas de las competencias del Pleno a un Consejo Insular de Gobierno. Asuntos como la aprobación del Presupuesto anual, la planificación territorial o la organización laboral serán responsabilidad de este órgano.
Sus integrantes son designados por la presidenta, Manuela Armas, quien encabeza el Consejo. Un tercio de su composición (dos miembros como máximo) pueden elegirse entre trabajadores de la Corporación sin cargo electo, por sus conocimientos o perfil profesional.
El Consejo Insular de Gobierno se conformó a principios de la actual Legislatura y está integrado por la presidenta y los consejeros Carlos Espino, Juan Felix Eugenio, María José Docal, Fabián Martín y Ramón Bermúdez.
Además, con el objeto de gestionar de forma transparente y hacer partícipes a todos los grupos políticos con representación de la toma de decisiones, la presidenta ha dado entrada en el órgano a un representante de la oposición, con carácter rotario entre los tres partidos.
Parlamento insular
Por su parte, el Pleno se convertirá en un “Parlamento insular” donde se debatirán los asuntos desde un punto de vista más ideológico y los referidos a ordenanzas y normativa, perdiendo parte de su naturaleza ejecutiva.
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, considera la entrada en vigor en el Cabildo de la Ley de Grandes Ciudades como “un signo de modernidad y un paso más hacia el incremento de la agilidad y la eficacia de la administración insular”.
Desde el 1 de enero de 2004, la Ley de Modernización del Gobierno Local se aplica en los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife.
El Parlamento regional dio el visto bueno a la solicitud de Lanzarote, y La Palma en 2006, tras lo que estableció un plazo de 18 meses para su puesta en funcionamiento. Durante el periodo de exposición pública, el texto ha recibido algunas alegaciones, que están en la actualidad en fase de estudio, sin que ello afecte a la fecha de inicio de aplicación de la Ley.
