El Cabildo de Lanzarote ha trasladado a los Juzgados de Arrecife la documentación que obra en su poder con el objetivo de dilucidar si el ex consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Carlos Espino, pudo incurrir en un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos mientras ostentaba dicho cargo.
En su escrito, el Cabildo justifica su decisión en varios puntos. El primero de ellos hace referencia a que la Institución tuvo conocimiento de la existencia de un informe jurídico, realizado por un abogado sobre irregularidades advertidas en la concesión de las licencias recurridas por el Cabildo de Lanzarote, a través de los medios de comunicación de la Isla, y que el original de este informe, encargado por el Pleno de la Corporación el 27 de mayo de 2005, aún hoy no ha sido recibido por la Presidencia a pesar de haber sido solicitado, de forma reiterada tanto escrita como verbalmente, desde el día 29 de noviembre de 2006.
En concreto, la presidenta requirió al consejero, de forma escrita, que le entregara algún tipo de informe en virtud del mandato del Pleno, si es que había llegado a realizarse.
El Cabildo solicita a los Juzgados, que inicien una investigación al objeto de conocer si el ex consejero Espino pudo cometer, presuntamente, un delito de infidelidad en la custodia de documentos, tipificado en el artículo 413 del Código Penal, según el cual “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Asimismo, el Cabildo acompaña esta solicitud de una serie de documentos en los que se pone de manifiesto tanto su firme voluntad de obtener dicho informe, como que el documento no figura en las dependencias del Cabildo, según se desprende de un escrito del director de la Oficina del PIOT, que asegura que este informe fue entregado al ex consejero.
