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Técnicos del área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote comenzarán la próxima semana las inmersiones en la bahía de Arrecife, en el área afectada por las obras del emisario de UNELCO. Ante el riesgo de que los trabajos en la planta de Punta Grande dañaran los yacimientos que pudieran localizarse en la zona BIC, el consejero responsable del área, Carlos Espino, decretó, el pasado 15 de junio, su paralización; ese mismo día, solicitó a la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias el permiso necesario para iniciar las prospecciones, que fue remitido a finales de esta semana.
Según el consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, “ha sido motivo de enorme satisfacción la recepción temprana de un permiso que, según nuestra experiencia, suele dilatarse en el tiempo en torno a unos tres meses; pero, aunque entendemos la urgencia de UNELCO en retomar los trabajos, es nuestra responsabilidad garantizar que el entorno ambiental y patrimonial no se vea agredido en ningún caso”.
En estos días, el área de Patrimonio organiza los preparativos para las inmersiones que se llevarán a cabo a partir del próximo martes, y que permitirán prospectar visualmente un área de unos mil metros cuadrados. De no localizarse restos arqueológicos, el Cabildo levantará la paralización, resolución que no afecta a las dictadas por otras administraciones.
En el caso de que las prospecciones den como resultado la localización de un yacimiento, Patrimonio se plantearía la ejecución de un sondeo y la consiguiente excavación arqueológica, dado que el permiso solicitado al Gobierno de Canarias incluye ambas posibilidades.
El BIC Bahía de Arrecife abarca el área que se sitúa entre la Baja de las Caletillas y La Bufona y basa su delimitación en la localización de diverso material arqueológico, al ser un punto importante en la historia insular, dadas sus condiciones de puerto natural.
Como resultado directo de esta circunstancia, a lo largo del devenir de los tiempos la bahía ha sido escenario permanente de la vida comercial, militar, naviera y pesquera de la isla. Las prospecciones efectuadas y la información recogida por personas que practican actividades submarinas avalaron la decisión del Gobierno de Canarias de proteger este espacio.
