El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, precisa que el informe remitido al Ayuntamiento capitalino sobre la admisibilidad del Plan General de Arrecife, en cuanto a si su tramitación cumple o no con la legalidad para ser presentado ante la Consejería que dirige, “no entra en el fondo” de los ajustes y correcciones que deben hacerse, así que, según apunta, es responsabilidad del Ayuntamiento seguir con la tramitación del documento o revocarlo. El estudio solicitado por el concejal de Urbanismo de Arrecife fue enviado al Consistorio con “consideraciones técnicas” más bien de forma. “Informamos sobre si posee el documento de sostenibilidad, el mapa de riesgo y todo este tipo de cuestiones que deben acompañar a un plan y lo que puede mejorarse”, agregó Berriel.
Alternativa para los municipios pasotas
El consejero destaca que el Gobierno de Canarias ha puesto muchísimo dinero, durante tres años consecutivos, para apoyar a los ayuntamientos en la tramitación de los planes y tener listos unos 79 documentos de ordenación a mitad de 2009. Si el Gobierno regional ve que las administraciones públicas no pueden o no quieren tramitar los planes generales, hará uso de la legislación en curso para redactar un planeamiento supletorio al cual pueda adaptarse cada ayuntamiento sin desplazar la voluntad de la propia administración. “Los vecinos tienen derecho a tener un planeamiento que les de garantías jurídicas, igualdad de oportunidades y suelo necesario para escuelas, centros sanitarios y demás”, puntualiza el consejero. Berriel asegura que en los trámites municipales es donde se detecta el mayor retraso de los planes de ordenación.
Da la razón a La Santa y El Golfo
De otra parte, Berriel, con respecto al deslinde de La Santa y El Golfo propuesto por la Dirección General de Costas, explica que no solamente no está de acuerdo con el mismo, sino que el Ejecutivo entiende que no debe adoptar la postura de mirar para otro lado. Berriel señala que el Gobierno está convencido de que es competencia suya definir el ancho de la línea de servidumbre en función de la ribera del mar que establece el Ministerio de Medio Ambiente a través de Costas. En tal sentido, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) adoptó, en febrero de 2007, el acuerdo de considerar suelo urbano la zona de El Golfo y La Santa y consecuentemente le comunicó a Costas que no debía insistir en la línea de dominio público de 100 metros sino de 20 metros, argumentando que es la COTMAC, como autoridad urbanística, quien determina si las zonas tenían o no la consideración de urbanas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Costas.
El Golfo se une a la Plataforma Nacional de Afectados
Los residentes en el pueblo sureño de El Golfo se han unido a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, constituida el pasado 7 de nero, con el fin de hacer un frente común y defender los intereses de todos ante el Gobierno de España y la Unión Europea. De hecho, la Plataforma enviará un escrito a Bruselas poniendo en conocimiento lo que considera un atropello contra muchos ciudadanos del país. Los vecinos de El Golfo piden mayor compromiso de Marcos Hernández, senador socialista por la Isla en la presente legislatura, con el conflicto de este pueblo porque entienden que ha concentrado su atención en resolver solamente la situación similar que viven los vecinos de La Santa. “Ya el director de Costas nos dijo que era imposible que la línea de dominio público quedase a 20 metros del mar”, dijo uno de los afectados. “Nos darán un concesión para disfrutar 30 años de las casas con la posibilidad de prórroga a 30 más pero seguramente al día siguiente nos darán 3 duros y ya”, agregó.
