La jurista Elena Martín Martín aseguró este lunes durante su testimonio en la reanudación del juicio que lleva la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife sobre el conocido como caso Montecarlo que realizó un informe en el que señaló que se estaba vulnerando la ley de contratos y se estaban fragmentando facturas, lo que evidencia que no se estaban haciendo las cosas bien en la etapa que se está analizando. “Yo llevé los informes al alcalde Cándido Reguera, al concejal de Hacienda José Montelongo y al concejal del área en cuestión que era Eduardo Lasso y les pedí que me firmaran los informes”, señaló Martín. Además, indicó que realizó este documento para informar que ella no iba a seguir adelante con los procesos tras observar esta irregularidad.
La jurista aseveró que no recordaba que respuesta recibió, pero si destacó que solicitó no estar en dos departamentos a la vez, Contratación y Compra, debido a que “estaba a tope de trabajo y tenía miedo de que algo se me escapara”. La que fuera técnico del departamento de Contratación indicó que este espacio no proponía a los contratistas y que eran las concejalías quienes lo hacían. La elaboración de los presupuestos es otra de las cuestiones que afirmó que estaban en manos de las concejalías y que ella "no estaba capacitada". Acerca de si el área de Compras contaba con un técnico informó que "nunca lo ha tenido" y que siempre se ha dependido del interventor, quien era el encargado de realizar las compras y de fiscalizar las diferentes acciones. Martín además aclaró que está establecido por ley que a partir de una cierta cantidad se debía hacer una invitación a como mínimo 3 empresas para la realización de un proyecto, también explicó que no viene establecido por ley que deba ser el técnico o el concejal quien firma la factura pero sí debe ser alguien que haya realizado las correspondientes comprobaciones. Respecto a las facturas informó que se aportaba un documento modelo a las concejalías de forma previa a la proposición de la empresa y del presupuesto, siendo las propias concejalías las encargadas de rellenar el documento con estas cuestiones.
La actual alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, acudió a la vista realizada este lunes en calidad de testigo y como representante del Ayuntamiento capitalino. Apenas declaró unos segundos porque poco o nada podía aportar teniendo en cuenta que no estaba en la institución cuando sucedieron los hechos que se analizan.
Teresa Duarte Medina, quien fuera tesorera tanto accidental como titular, aclaró que durante la realización de esta función no intervino en el listado de facturas que se elaboró. Además, señaló que fue llamada por el que fuera alcalde, Cándido Reguera, y el antiguo concejal de Hacienda José Montelongo debido a que estaban buscando una alternativa para la tesorería accidental, que ocupaba María del Carmen Villaverde, porque “tenían problemas con ella”. Duarte también comentó que recibió desde el área de Hacienda, que dirigía José Montelongo, un documento para alterar el orden de pago de las facturas, acción legal que debía ser justificada con un escrito justificando este cambio.
El antiguo auxiliar administrativo del registro de facturas en el departamento de Intervención, Manuel Martín Guerra, afirmó que los diferentes proveedores podían presentar sus facturas directamente en intervención. Respecto al sello que se empleaba, aseguró que era manual y que en ocasiones las facturas se llevaban a concejalía y en otras se comprobaban en intervención, lo que provocó que se decidiera que los concejales debían acercarse a intervención para firmar las facturas.
