Fotos: Dory Hernández
El abogado y ex militante del Partido Popular Federico Toledo, en calidad de portavoz de diversas patronales de la Isla como Aetur, Asolan, Felapyme, la Asociación de Empresarios de la Construcción, Femelan y la Cooperativa de Transportes por Carreteras instó este miércoles a las administraciones a que promuevan las inversiones públicas en la Isla “de forma inmediata”.
Todelo, apoyándose en un informe económico y jurídico, puso de manifiesto la necesidad de tomar medidas concretas para paliar la crisis económica que -dice- atraviesa Lanzarote. A juicio del abogado, “estamos en una clara desaceleración económica que a nadie se le escapa”. Por ello, aseguró que las inversiones públicas “contribuirían, en gran medida, a iniciar el proceso de recuperación”. Un proceso de recuperación que, según dijo, pasa por “la reanimación del sector privado”.
Actuaciones
Para ello, Toledo, que también pertenece a la Cámara de Comercio de Lanzarote, hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones acometan actuaciones como la reforma del muelle de Los Mármoles, la puesta en marcha de la Universidad, la mejora de la red de infraestructuras sanitarias, la ampliación del aeropuerto y la remodelación de las carreteras de la Isla.
Asimismo, el economista Nicolás Láiz, informó de que aproximadamente el 10 por ciento de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) “está pendiente todavía de materializar”.
Falta de determinación
Toledo atribuyó estos problemas sociales y económicos a la falta de determinación política para concretar el modelo territorial de la Isla. Además, el informe señala que Lanzarote no cuenta con la seguridad jurídica necesaria para los empresarios, que precisa una revisión del PIOT (Plan Insular de Ordenación Territorial), algo que ya está en proceso, y que es igualmente necesaria la reforma de los alojamientos turísticos en Puerto del Carmen y Costa Teguise.
Para paliar la “difícil situación de estancamiento”, Toledo planteó medidas como la aprobación de los planes generales, la entrada del “dinero ocioso” de los fondos del RIC o una gestión administrativa ágil.