Fotos: Dory Hernández
El Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Lanzarote (PTEOT) carece de “informe se sostenibilidad y de contenido ambiental”, dos requisitos fundamentales para que el documento pueda ser aprobado inicialmente por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Así se advierte en las conclusiones del informe jurídico emitido por la empresa pública Gesplan, encargada de la tramitación del texto tras la renuncia de su responsable Fernado Prats, en noviembre del pasado año.
Según esta valoración, la documentación omitida por Prats “es sustancial para considerar al instrumento incompleto” y por tanto proceder a la aprobación inicial del mismo “supondría incurrir en causa de anulabilidad”.
En este contexto, Gesplan recomienda no presentar el planeamiento a su aprobación inicial hasta que se complete la documentación requerida, esto es, el informe de sostenibilidad que exige la normativa europea y el contenido ambiental al que obliga la ley canaria en materia de planes territoriales. De este modo, el documento sufre nuevos retrasos en su proceso de elaboración y dilata todavía más los plazos previstos por el Cabildo de Lanzarote para su entrada en vigor.
Ante esta situación, el Cabildo estudia ahora si está o no obligado a abonar al redactor del documento, Fernando Prats, las cantidades económicas que reclama por el trabajo, tal como explicó la presidenta de la Institución, Inés Rojas, tras la junta de portavoces celebrada este lunes en la casa Cabildo. En concreto, Rojas señaló que se ha solicitado a los técnicos de la oficina del PIO (Plan Insular de Ordenación) un análisis que determine si al documento en cuestión le falta informe ambiental. “Hoy se le ha solicitado a los técnicos del PIO si consideran que a nuestro documento le falta contenido ambiental y si entienden que el equipo redactor ha cumplido con el pliego de condiciones”, afirmó la presidenta.
Y es que el antiguo equipo redactor, encabezado por Fernando Prats, reclama un total de 60.000 euros por la elaboración del planeamiento. Sin embargo, desde el Cabildo consideran que no tienen que pagar esta cantidad “porque el pliego de condiciones dice que tenían que estar hasta la aprobación inicial, para lo que era necesario hacer la aprobación provisional, ponerlo a exposición pública, recoger las alegaciones y tramitarlas y no lo han cumplido”, dijo Rojas. “No han entregado un documento incompleto”, sentenció.
Aumento del presupuesto
Con la renuncia de Prats el Cabildo consiguió que el Gobierno de Canarias financiara el informe de sostenibilidad, en aquel momento único requisito pendiente del documento. El trabajo se encomendó a la empresa Gesplan por un total de 30.000 euros, según la presidenta. No obstante, Rojas explicó que una vez que Gesplan estudia la documentación y advierte de sus carencias, constata que el coste del informe “se multiplica por tres” su precio global.
En cuanto a los contenidos que en materia de oferta complementaria contempla el PTE, y que actualmente elabora la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo aseguró que en un plazo de quince días aproximadamente podrían estar en el Cabildo, si bien no se harán público hasta que lo estudien todas las fuerzas políticas representadas en la Institución. “Hemos acordado que el borrador será consensuado con todos las fuerzas políticas del Cabildo para después hacerlo público”, concluyó la presidenta.
Adaptar el PIO
En otro orden de cosas, la Junta de Portavoces del Cabildo acordó solicitar al equipo técnico del Plan Insular que analice qué documentos necesita el planeamiento insular para adaptarse a las normativas actuales que rigen este tipo de instrumentos urbanísticos. Según la responsable de la Primera Corporación, Inés Rojas, el PIO no está adaptado aún a las nuevas leyes del Gobierno de Canarias y “se ha quedado totalmente desfasado”. Esta petición se realizará a instancias del consejero de Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Pedro Hernández, quien advirtió de esta situación a la Junta.
