- Manuela Armas, que en respuesta a las protestas de los pacientes psíquicos asegura que este año puede quedar publicado el concurso para la construcción y gestión de un centro, insiste en que la voluntad política del Cabildo es buscar soluciones al conflicto de los hoteles, dentro de la legalidad, pero sin que ello evite necesariamente el derribo de algún establecimiento
Fotos: Dory Hernández
Los recursos que el Cabildo insular de Lanzarote ha interpuesto desde el año 2000 al 2008 contra las licencias irregulares concedidas por ayuntamientos de la Isla para la implantación de nuevos alojamientos turísticos han evitado la implantación de más de 10.000 camas turísticas en estos ocho años.
Así lo puso de manifiesto el equipo de gobierno del Cabildo a través de su consejero Carlos Espino, y de su abogado, Agustín Domingo Acosta Hernández, quien expuso este miércoles, en sesión extraordinaria del Consejo de la Reserva de la Biosfera, el “Balance de los recursos contra licencias urbanísticas interpuestas por el Cabildo (2000-2008)”.
En total, la Primera Corporación lanzaroteña ha interpuesto 17 recursos defendiendo la aprobación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) aprobado en 1991, y ha hecho lo propio con la revisión del año 2000 -con la conocida como ‘moratoria turística'- a través de 17 recursos contra los acuerdos de inicio de la revisión, 15 recursos contra los acuerdos de suspensión de licencias y otros 11 contra su aprobación definitiva. En conclusión, el Cabildo ha recurrido un total de 20.772 plazas alojativas turísticas en este tiempo: 7.834 plazas corresponden a promotores que, con un Plan Parcial existente, no habían comenzado las obras; 4.090 plazas pertenecen a promotores que, con Plan Parcial, no habían iniciado las obras; y, dentro de las licencias concedidas aun careciendo de Plan Parcial, el Cabildo ha recurrido 2.123 plazas de proyectos sin comenzar y otras 6.725 plazas de establecimientos que ya habían iniciado sus obras.
Los familiares de pacientes psíquicos volvieron a protestar por la "tomadura de pelo" que, a su juicio, les han vuelto a proporcionar los representantes políticos de la Isla.
En suma, los recursos del Cabildo han sido interpuestos contra el Plan parcial de Costa Teguise (el más recurrido, con 4.000 plazas); el de Montaña Roja, Las Coloradas, Costa Papagayo, Castillo del Águila y San Marcial de Rubicón.
Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido un total de 21 sentencias anulando las licencias que en su día otorgaron determinados ayuntamientos de la Isla, pero sólo 7 de ellas son firmes pues han sido avaladas también por el Tribunal Supremo (TS).
Los recursos se presentaron bien porque dichas licencias no respetaban la norma de rango superior -en este caso los preceptos legales establecidos en el PIOT-, bien por la ineficacia de su Plan Parcial por carecer de vigencia; bien por la falta de aprobación del instrumento de ordenación; o por la valoración de la suspensión de licencias; por omisión de trámites esenciales del procedimiento (algunas licencias fueron concedidas incluso con informe municipal negativo); bien por el incumplimiento de normas sectoriales; o por la edificación en suelo aun careciendo de Plan Parcial, motivo por el que, según los servicios jurídicos del Cabildo, han sido impugnados todos los actos de ejecución contenidos por ejemplo en el Plan Parcial de Playa Blanca.
A día de hoy, según el grupo de gobierno, quedan todavía dos casos más que recurrir, que todavía no están en ejecución, y otros cuatro más que sí comenzaron con su ejecución.
“La revisión del PIOL sigue siendo legal”
Ante el cuestionamiento de las normas de rango superior a las municipales emitido durante años por ciertos representantes locales, el titular de los servicios jurídicos del Cabildo, y también la propia presidenta, Manuela Armas, insistieron en la idea de que mientras el Tribunal Supremo no confirme la nulidad decretada por el TSJC sobre la revisión del Plan Insular de Ordenación Territorial del año 2000, éste goza de toda legalidad. “Si una sentencia anula una disposición general, esta nulidad no tendrá efecto mientras no sea confirmada”, afirmaron.
Según los datos aportados en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, tan sólo tres planes parciales han cumplido con el PIOT de 1991, pero ni uno sólo ha respetado su revisión.
Expedientes de legalización
A pesar de las dos reuniones de la presidenta con los empresarios “para conversar” (que no “negociar”), ni el Ayuntamiento de Teguise ni el de Yaiza han iniciado expediente alguno de legalización de ninguno de los hoteles construidos fuera de la legalidad.
Según los servicios jurídicos del Cabildo, las sentencias no dejan otra opción a los promotores que la de acogerse al artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias. Así, la única alternativa a reside en la cruzada iniciada por el Cabildo, que se ha propuesto llegar a algún tipo de acuerdo con esos promotores para que intenten subsanar las irregularidades en que incurrieron en su día, para así poder obtener una nueva licencia que, esta vez, sí respete las normas de rango superior a las municipales recogidas en el PIOT, para lo que es preceptivo que el Cabildo emita el pertinente informe de adaptación positivo del proyecto al Plan Insular de Ordenación. “En muchos de los casos que tenemos sobre la mesa se trata de una cuestión temporal en la que tiene mucho que ver la programación de la implantación de camas”, aclaró Carlos Espino, puesto que la revisión del PIOT estableció nuevos parámetros para evitar los excesos en la proliferación de camas turísticas.
Por su parte, los ayuntamientos que en su día concedieron las licencias deben hacer ejecutar dichas sentencias (competencia que no corresponde al Cabildo) y reestablecer la realidad alterada.
Lo que dejó claro la presidenta de la Máxima Corporación insular es que “la voluntad política de este equipo de gobierno es buscar soluciones al conflicto de los hoteles, siempre dentro de la legalidad y buscando el interés general, pero sin que ello no quiera decir que no pueda producirse, en última instancia, el derribo de algún establecimiento”.
En cuanto a las compensaciones a las que habría que hacer frente, Armas y Espino concretaron que éstas deben ir destinadas en primer lugar a los propietarios de solares que sí respetaron las normas y que entendieron que lo correcto era esperar en lugar de construir, a los trabajadores de esos establecimientos turísticos alegales y, en general, a toda la ciudadanía de a pie, por la pérdida de calidad de vida y la merma de servicios públicos que ha supuesto este crecimiento desenfrenado.
Conclusiones
Matices críticos
Por su parte, los representantes de los colectivos integrados en el Consejo de la Reserva de la Biosfera cuestionaron si la ejecución de las sentencias era algo que dependía del entorno judicial o político, preguntaron por qué el Cabildo no dejaba de otorgar licencias de apertura; pidieron explicaciones de por qué la Corporación había recurrido unos planes parciales pero no otros; y criticaron que ahora se intente “regalar privilegios a quienes un buen día decidieron incumplir el modelo de sostenibilidad propuesto entre todos”.
Enésima protesta de los pacientes psíquicos
Al inicio de la sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera, cuyos representantes criticaron que sólo se hubiera convocado en dos ocasiones en lo que va de año -en lugar de cada 45 días, como es preceptivo- una decena de familiares de pacientes psíquicos protestaron con una pancarta (“Salud Mental: hoy es nuestro problema, mañana puede ser tuyo”) por el retraso en la construcción de un centro de atención para este tipo de enfermos en la Isla.
“Construir y equipar la residencia podría costar alrededor de 400 millones de las antiguas pesetas, aproximadamente la misma cantidad que el Cabildo tiene previsto regalar a la UTE Edad Janubio”, lamentan.
En respuesta, Manuela Armas recordó que “hemos comenzado a gobernar desde 2007, y no antes”, y aseguró que estos días se está redactando el pliego de condiciones para que “quizás” este año pueda quedar publicado el concurso para la construcción y gestión de dicha residencia.
