Después de tres años luchando, los tribunales de justicia han dado la razón a los 46 trabajadores de los centros de acogida de Lanzarote señalando que el Cabildo les había empleado con “contratos en fraude de ley”. Así lo confirmó el miércoles a este diario Andrés Barreto, abogado de Intersindical Canaria de Lanzarote.
La semana pasada se celebró el acto de juicio en el que el Cabildo aceptó que los trabajadores sean, a partir de ahora, trabajadores indefinidos. Hasta ahora, tenían un contrato por obra y servicio que no se correspondía con la labor que desempeñan atendiendo a los menores inmigrantes y a las mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos sociales.
El presidente del Comité de Empresa, Luis Caravallo, se mostró satisfecho con la sentencia judicial pero admitió que, “como Comité de Empresa, nos duele que la Consejería de Empleo del Cabildo de Lanzarote haya cometido un delito laboral y que haya tenido que ser la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, es decir, una instancia superior, quien le haya obligado a aceptar la ley”, dijo.
Efectivamente, en este juicio ha actuado de oficio la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias contra la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote. No obstante, “ha sido una larga lucha que ha terminado bastante bien para los trabajadores”, reconoció.
Antecedentes
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Cabildo creó en su momento un ente autónomo llamado Instituto Insular de Atención al Menor a través del cual realiza las contrataciones del personal. Todo comenzó cuando la empresa en cuestión cerró uno de los centros y despedió a los trabajadores. Los trabajadores entonces presentaron una demanda por despido contra esa resolución y, tanto el juzgado de Arrecife como la sala, decidió que el despido había sido nulo y por lo tanto, tenía que readmitir a los trabajadores, explicó Barreto.
Al mismo tiempo, “el Comité de Empresa presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque los contratos que el Cabildo estaba haciendo eran contratos en fraude de ley, no eran contratos conforme a lo que la ley dice sobre contratación eventual y obras o servicios”, señaló el portavoz sindical. A raíz de esta denuncia presentada ante la Inspección, intervino la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Finalmente, “la Inspección levantó acta reconociendo la infracción porque se estaba cometiendo una negligencia por parte del Cabildo”, concluyó Barreto.
La situación actual es que los trabajadores ya tienen un contrato indefinido. Lo tienen desde el día que se firmó la sentencia, el pasado 15 de febrero. A este respecto, Caravallo precisó que la sentencia afecta a más de 80 personas porque también beneficia a los ex trabajadores.
