El Catálogo Arquitectónico Municipal de Arrecife, elaborado y aceptado inicialmente por el Ayuntamiento, ha sido rechazado por el Área de Patrimonio del Cabildo. Así se recoge en el informe que salió de la Primera Corporación insular el pasado 8 de agosto, firmado por el consejero de este departamento, Carlos Espino, y dirigido a la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz de León. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se determina, entre otras cosas, que el trabajo municipal no refleja correlación entre los valores reconocidos en las fichas y la protección que se les ha otorgado, permitiendo de esta forma un aprovechamiento similar al de cualquier otra parcela y facilitando, por tanto, la destrucción del bien.
El informe emitido por el servicio de Patrimonio Histórico alude también a las incoherencias emitidas en dicho catálogo entre el volumen del edificio en las fichas y las propuestas para el aumento de la estructura de los mismos. De esta forma, un inmueble histórico situado en una parte del territorio con posibilidad de varias alturas nunca será objeto de interés en cuanto a su preservación y estará abocado a la ruina y a su demolición.
Patrimonio entra en detalle y asegura en su informe que en el catálogo defendido por el Ayuntamiento de Arrecife no se recoge ninguna muestra arquitectónica de calles como José Antonio, el Charco de San Ginés, el barrio del mismo nombre, así como los elementos no incluidos de la calle Coronel Bens. Además, el informe de alegaciones critica duramente las contradicciones que presenta el documento elaborado por el Consistorio, ya que propone intervenciones sobre algunos bienes, que “en algunos inmuebles pueden llegar a la demolición total” y que en última instancia impediría su protección.
De igual forma, las últimas noticias apuntan a que el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente este catálogo sin el correspondiente informe de la Consejería de Carlos Espino y sin que se hubiera cumplido el plazo que Patrimonio tenía para presentar ese informe. Un plazo de un mes que empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del mismo. En este caso se notificó el 19 de abril y el plazo vencía el 20 de mayo, por lo que no operaba el silencio positivo respecto al documento.
Silencio de Espino
Tras la aceptación inicial por parte del Ayuntamiento del catálogo que incluye únicamente 69 de los más de 180 inmuebles protegidos, la oposición ha lanzado duras críticas contra el consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino. Le acusan de tramitar las alegaciones de la Máxima institución sin consultarlo previamente ante el Pleno ni informar sobre ello.
Al parecer el reciente informe emitido desde la Consejería de Política Territorial establece una lista de 27 alegaciones al documento aprobado inicialmente por el Pleno municipal, alegaciones que se han tramitado, según denunció el jueves Pedro Hernández, consejero de Alternativa Ciudadana, en el programa El Despertador de Lanzarote Radio, “de forma unilateral por el señor Carlos Espino que ni nos convoca ni nos informa de los tramites que está llevando a cabo, buen ejemplo de ello ha sido el Plan General de Haría”. Asimismo, Hernández acusó al consejero de ocultar los tramites y las alegaciones y recordó que hay un proceso reglamentado para intervenir en los bienes de interés cultural que consiste, primero, en realizar la propuesta de intervención que debe ser informada por los técnicos del Cabildo, y posteriormente en convocar a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, ya que debe ser un órgano colegiado el que dé el visto bueno al documento.
Lo más grave, según el consejero de Alternativa, es que se están realizando alegaciones sin conocimiento de la corporación entera, compuesta por gobierno y oposición, lo que demuestra, según dijo Hernández, que “en estos momentos en el Cabildo no se informa de los procesos y no hay comunicación en el seno del grupo de gobierno”.
La cuestión cobra aún mayor importancia si se entiende que el patrimonio histórico constituye un recurso del pueblo y por tanto la imagen que se proyecta de lo que el pueblo es y de lo que ha sido. Por esta razón, Hernández recalca que “no es posible que se distorsione y destruya la imagen del patrimonio de un pueblo, por los intereses de unos pocos”.
Por su parte, la portavoz popular, Loly Luzardo, declaró ayer durante el mismo programa de Lanzarote Radio que en el caso de su partido han tenido que ser ellos los que reclamaron el informe, ya que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo se lo facilitó, “es penoso que un informe de esta categoría no se discuta en el pleno del Cabildo, es un informe de una institución que la compone tanto el gobierno como la oposición y ni siquiera se lleva a pleno”. Luzardo también informó de que la memoria la componen muy pocas estructuras que se pueden proteger, ya que al parecer hay apartados en los que no se entiende qué es lo que se va a respetar si se modificase la altura, el volumen o la ocupación de la vivienda.
Uno de los ejemplos más llamativos de la muestra de contradicciones que se dan en el catálogo, fue la contemplada ayer por la portavoz popular que apuntó a los edificios que se encuentran junto a la plaza de San Ginés. A estas construcciones se les exige que continúen con una planta en la cara que da a la biblioteca católica, sin embargo, en la parte que da a la Avenida de la Marina se les permite elevar 4 plantas.
Por su parte el PP reclamó que se tuviera en cuenta el catálogo de 2002 ya que según subrayó su portavoz, “se ha retirado la protección a un gran número de edificios sin especificar la razón, y ahora quedan desprotegidos”. Además, Loly Luzardo confesó tener esperanzas en las COTMAC que a su juicio no aprobará un catálogo con 27 folios de alegaciones por parte del Cabildo y que cuenta con alegaciones de todos los partidos de la oposición.
