- El PP se opone a que se cree un macrocentro de 3.000 metros cuadrados en Güime y el PIL no lo ve necesario, mientras PNL-NC propone ubicar el centro en el aeropuerto. Un enclave definitivo podría estar en los terrenos que el Cabildo posee entre Arrecife y Tahíche
Los integrantes de Coalicíón Canaria (CC) solicitaron el pleno extraordinario de este viernes.
La construcción de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el pueblo de Güime será el único punto del orden del día del pleno extraordinario que celebra este viernes, a partir de las 8:30 horas, el Cabildo insular de Lanzarote.
Los terrenos del polvorín de Güime, propiedad del Ministerio de Defensa, donde se prevé construir el CIE para Lanzarote.
Una vez que el Consejo de Ministros autorizó el pasado 25 de enero la construcción del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para Lanzarote, en concreto en el pueblo de Güime, los distintos partidos de la Isla se apresuraron a oponerse a dicha resolución. A pesar de que el subsecretario del Interior, Justo Zambrana, se ha comprometido a iniciar negociaciones con las instituciones lanzaroteñas para decidir la ubicación del centro, de momento sólo el Partido Socialista (PSC) respalda la decisión del Consejo de Ministros, que propone levantarlo en los terrenos del antiguo polvorín de Güime, adscritos al Ministerio de Defensa.
Tras la polémica surgida no sólo por la ubicación, sino también por la propia idoneidad de que se lleve a cabo la construcción, Coalición Canaria (CC) había pedido un pleno extraordinario para rechazar la edificación del centro en el polvorín de Güime, y reclamó que se respete la autonomía local, ya que tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé como el propio Cabildo ya se habían pronunciado en el mismo sentido sobre este asunto.
“Ante la incoherencia del Partido Socialista”, explican desde CC, ante la aprobación en el Consejo de Ministros de la construcción de un Centro de Internamiento en el municipio de Güime, y “teniendo en cuenta que no se han respetado las decisiones adoptadas en el ámbito local, rechazando la construcción de este Centro, según la declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de 4 de octubre de 2006, y apoyada por unanimidad por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, y respaldado por el Pleno del Cabildo de 24 de enero”, Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote solicitaba la celebración de un pleno extraordinario de la Corporación para el debate de este asunto. Dicha sesión, en la que se discutirá sobre la propuesta del Consejo de Ministros, se celebra finalmente este viernes.
El Plan de 2005 y la “incoherencia del Gobierno regional”
Como contrapartida, el PSC de Lanzarote ha denunciado la “incoherencia de CC y PP”, recordando que ambos estaban de acuerdo y firmaron el Plan Conjunto de Actuación en Materia de Inmigración (2005-2007), suscrito el 17 de junio de 2005 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. En concreto, en dicho convenio intervinieron la Dirección General de la Policía por el Estado, y la Viceconsejería de Asuntos Sociales y Empleo, por parte del Ejecutivo canario. La financiación del CIE se basará, según dicho documento, en la introducción de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. De hecho, ya en las de 2007 había contempladas ciertas partidas.
La Comisión de 2002 y las 1.500 plazas
En respuesta, los nacionalistas argumentan que, a su vez, la comisión bilateral Canarias-Estado acordó en 2002 que no se construirían en el Archipiélago más centros de este tipo “si se superaba la cifra de las 1.500 personas”, una capacidad alcanzada sólo con el CIE de Fuerteventura. El presidente nacional de CC, José Torres Stinga,
Agregó que todas las instituciones de Lanzarote “sin excepción” rechazan el centro cuya construcción se ha autorizado en un lugar que definió como “un polvorín que en un momento se cedió al Ministerio de Defensa y que se entiende que se debe revertir a la ciudadanía”.
Torres Stinga instó al Gobierno español a que sea “solidario” con Canarias y a que cumpla el acuerdo de 2002, y agregó que la solución alternativa a la construcción de nuevos centros de internamiento de extranjeros en las Islas ha de ser la derivación a otras comunidades autónomas españolas.
También la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, recordó que en dicha Subcomisión de Extranjería del Gobierno central se acordó en 2002 construir cuatro centros de internamiento de extranjeros en todas las Islas. “Ya se han construido tres, pero el problema es que ya se han superado las 1.500 plazas que el Gobierno canario pidió que no se superaran, con lo que no hay por qué construir el centro”, afirmó.
La opinión de todos los partidos
En cuanto al enclave donde los socialistas ven otras opciones, el PSC se declina por la zona que está situada entre Arrecife y Tahíche, el área de la granja del Cabildo, el centro de drogodependientes y la protectora de animales, “donde la Primera Corporación insular posee muchas parcelas de su propiedad y podría cederlas al Ministerio sin ningún problema”.
Los distintos partidos que conforman el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla ya han explicado también sus posicionamientos.
Por un lado, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha mostrado su “rotunda oposición” a que el centro se ubique en el enclave que cita el Ministerio “por considerarlo perjudicial, no sólo para el municipio de San Bartolomé y especialmente para el pueblo de Güime, sino también por el impacto visual que produciría sobre el aeropuerto”.
El PIL entiende que Canarias ya ha sido “suficientemente solidaria” con la inmigración irregular, y considera que en el conjunto de las Islas existen centros de internamiento con plazas que superan las que se habían asignado a Canarias. Por ello, los insularistas estiman que en el supuesto de que se llegara a la conclusión de que deba construirse dicho centro, éste debería situarse en un enclave “que produzca el menor impacto posible en la población y su entorno”.
Macrocentro en zona de jable
Por su parte, desde el Partido Popular (PP) se ha acusado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de dar la espalda a las instituciones insulares al contravenir y no respetar los acuerdos del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé, “y el propio Plan Insular de Ordenación (PIOT), que cataloga la zona del polvorín como suelo rústico y paso de jable”.
Los populares consideran “innecesaria la instalación de un macrocentro de las características que plantea el Gobierno, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados”.
Entiende el PP en Lanzarote que la actuación del Gobierno debe circunscribirse a la creación de un pequeño centro de primera acogida para inmigrantes en el que puedan prestarse las debidas atenciones hasta su traslado a otros centros que ya existen en Canarias.
El portavoz del PP en el Cabildo, Francisco Cabrera, se compromete a “retirar el proyecto si Mariano Rajoy gana las elecciones generales”. “Los protocolos están para cumplirlos y ahora el señor Zapatero nos está tratando como una auténtica colonia de las de antes. Ni recibe en Madrid a los dirigentes del Gobierno canario ni hace caso de los acuerdos plenarios tomados por las instituciones lanzaroteñas”, dijo.
Alternativas
De otra parte, desde el Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) en San Bartolomé, su portavoz, Olimpia Martín, recordó que situar el centro en el polvorín es contrario a la ordenación territorial, según recogen varios informes jurídicos y técnicos del propio Ayuntamiento. Desde el PNL-NC en el Cabildo se propone el aeropuerto como una posible opción.
Por último, desde Alternativa Ciudadana 25 de Mayo (AC-25M), su concejal en Arrecife Andrés Barreto pide a los vecinos que exijan ahora el cumplimiento de los acuerdos plenarios, tanto el del Ayuntamiento como el del Cabildo. “El interés público del CIE en Lanzarote hay que demostrarlo”, agregó. “En última instancia es el Consejo de Ministros el que da la licencia para dicha actuación, pero ni siquiera el Consejo de Ministros puede saltarse el Plan Insular de Ordenación”.