El pacto se gobierno entre Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Partido Socialista (PSC-PSOE) se tambalea seriamente, esta vez a cuenta de la polémica de los hoteles ilegales de Lanzarote, que ha dado lugar a un grave cruce de declaraciones públicas y comunicados oficiales con críticas entre ambos socios de gobierno.
Este viernes la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, calificaba de “disparate” la propuesta que la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, pensaba llevar a pleno en defensa de la regularización de dichos hoteles.
En principio, todo parecía indicar que el PIL daría este jueves un importante paso más en el apoyo a la legalización de los hoteles “ilegales” de Isla, la mayoría de ellos situados en Playa Blanca.
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, había previsto presentar una moción en pleno para oficializar la declaración de apoyo a la “inclusión en la Ley de Medidas Urgentes de ordenación territorial de las disposiciones que permitan la regularización de los establecimientos hoteles y extrahoteleros”. Sin embargo, durante el pleno ordinario de este jueves en Yaiza la alcaldesa dio marcha atrás y finalmente la moción quedó retirada, a pesar de que, previsiblemente, la propuesta iba a contar con el apoyo de todos los grupos políticos del municipio, a excepción probablemente de la única concejal del socialista en Yaiza, Olivia Cedrés.
Contundente respuesta
Este viernes por la mañana nos desayunábamos la reacción por parte del Partido Socialista, que no se ha hecho esperar. La presidenta de la Máxima Corporación insular, Manuela Armas, calificaba de “disparate” la iniciativa de Acuña, a pesar de que ésta fue luego retirada durante el pleno. La representante socialista considera, en un comunicado oficial, que la moción que se ha pretendido llevar a la consideración del Pleno de Yaiza respondía a los apremios del Gobierno de Canarias para la inclusión en la Ley de Medidas Urgentes de las medidas que permitan la legalización de dichas instalaciones alojativas anuladas por los tribunales.
Manuela Armas señala que el texto del “acuerdo” de la moción resulta censurable, porque “es un cheque en blanco que se da al Gobierno de Canarias para que busque la manera de quebrantar el principio de igualdad y de legalidad”, introduciendo en la ley una serie de medidas de gracia para evitar que a los establecimientos que fueron construidos con licencias ilegales, anuladas en firme por la Justicia, se les aplique la Ley.
“El planteamiento del Ayuntamiento de Yaiza era tan disparatado que incluso podría pensarse que quienes votaran a favor podrían estar incurriendo en prevaricación porque lo que se pretendía era, una vez declaradas ilegales más de 20 licencias concedidas por ese Ayuntamiento, que no se ejecutaran las sentencias y se consagrara la ilegalidad cometida”, reza el comunicado.
Armas critica, además, que haya sido precisamente el Ayuntamiento de Yaiza, el que más licencias ilegales concedió, el que haya propuesto esta iniciativa. La presidenta dice textualmente que “no se puede entender en modo alguno que solicite el ‘apoyo' de los demás ayuntamientos y del propio Cabildo a semejante disparate, en aras a ‘consagrar' la ‘legalidad', o mejor, la ‘impunidad' de las mayores ilegalidades urbanísticas que se han cometido en la historia de nuestra isla”.
Moción "arbitraria y engañosa"
Según Armas, la moción, ya desde sus antecedentes, resultaba “arbitraria y engañosa al tratar conjuntamente a todos los complejos con licencia anulada por la Justicia, sin analizar ni explicar la situación de cada uno en particular y los motivos que, en cada caso, impidan que se inicie el expediente de legalización que está obligado a poner en marcha el Ayuntamiento, por orden del Tribunal que ha anulado las licencias”.
En sus consideraciones, Manuela Armas resalta que el texto de la moción “mezcla” deliberadamente supuestos que no tienen nada que ver, “olvidando” que de la treintena de licencias urbanísticas “relativas” a establecimientos turísticos “afectados” por procedimientos judiciales, no todas se refieren a complejos turísticos terminados o en funcionamiento, porque una tercera parte de las sentencias declaran ilegales proyectos de obras cuya construcción no se ha iniciado, precisamente por el éxito de los recursos presentados contra esas licencias; o bien, han declarado ilegales proyectos de obras que no se pudieron terminar porque las obras fueron suspendidas por los Tribunales”.
La presidenta deja entrever que, a su juicio, lo que se pretendía entonces con la moción no era más que facilitar que se terminen otros cinco hoteles, cuyas obras fueron suspendidas cuando, en su mayoría, estaban en su fase inicial, y que se introduzcan medidas “legales” para permitir que se puedan construir hoteles que no se pudieron iniciar por los recursos contra las licencias.
Armas aclara, además, que la situación de estos hoteles no es irregular, sino “ilegal”, porque así lo han determinado los Tribunales de Justicia teniendo en cuenta que estos establecimientos ya no tienen licencias de obras, porque han sido anulada en firme por la Justicia.
PIOT y Directrices
La máxima dirigente cabildicia recuerda que la moción de la alcaldesa de Yaiza dice que el Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) no está adaptado a la Ley del Territorio ni a las Directrices, y subraya que es “radicalmente incierto” que eso impida o dificulte la eventual legalización de esos complejos turísticos. “La totalidad de las licencias que han sido anuladas son anteriores a las Directrices de Ordenación General y a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por la Ley 19/2003, de 14 de abril, e incluso al Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”. Por tanto, prosigue la presidenta, estas normas no podían ser aplicables a esos casos ni al Plan Insular (porque cuando se concedieron esas licencias no existían)”.
La presidenta critica igualmente la referencia que hace la moción a la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Directrices. Armas sostiene que esa disposición ni siquiera está en vigor y solo aludía a la oferta hotelera y no a la extrahotelera, ya que se incluyó en la Ley para que “excepcionalmente” y sólo “durante el primer año de vigencia de la presente Ley” -plazo que finalizó hace más de cuatro años-, se pudieran conceder autorizaciones turísticas y licencias de obras a “aquellas instalaciones hoteleras que dentro de la categoría mínima de cuatro estrellas prueben fehacientemente encontrarse en funcionamiento incumpliendo algún requisito de legalidad al 15 de enero de 2001, o haber funcionado con anterioridad a esa fecha ininterrumpidamente por más de diez años”.
Es decir, que dicha disposición tenía por objeto únicamente la regularización de algún aspecto administrativo o turístico del establecimiento hotelero de 4 estrellas, no era aplicable a la oferta extrahotelera, su operatividad se restringió al primer año desde la entrada en vigor de la Ley y sólo era posible si se cumplían los estándares de calidad y “el resto de la normativa aplicable”.
En cuanto a la referencia que se hace a la Disposición Final Primera de la Ley de Directrices, considera la presidenta que resulta todavía “más absurda”, porque dicha norma dispuso que el Gobierno habría de presentar un proyecto de ley, no sólo “para la regularización, en su caso, de la oferta de alojamiento turístico irregular”, sino también y paralelamente “para el reforzamiento de las medidas de disuasión, inspección, sanción y eliminación de la oferta ilegal”.
La presidenta subraya que en el caso de los hoteles y apartamentos cuyas licencias han sido declaradas ilegales por la Justicia, “es evidente que esa Disposición Final de la Ley de Directrices obliga al Gobierno al establecimiento de medidas para la ‘sanción y eliminación de la oferta ilegal', que es la situación en que se encuentran todos esos establecimientos turísticos que están abiertos al público sin licencia (porque los Tribunales han declarado que se construyeron con licencias ilegales) y que, en varios casos, incluso tienen expresamente denegada la autorización de apertura turística por el propio Cabildo”.
En definitiva, Armas asegura que desde la óptica del Cabildo, es evidente que dicha moción “de ningún modo podría ser admitida en la Primera Corporación por varias razones, que enumera a continuación. Entre ellas, alega que el Cabildo no puede pedirle al Gobierno regional que se regularicen por Ley hoteles que tienen informe negativo del PIOT; que admitir la moción supondría que el Cabildo estaría yendo contra sus propios actos, “recurriendo licencias que incumplen el PIOT y, una vez que han sido anuladas por los Tribunales, solicitando que se regularicen dichos establecimientos sin más”; y que dichos establecimientos no pueden ser tratados conjuntamente al tratarse de casos “totalmente distintos entre sí”, ya que en caso contrario se estaría metiendo todo en el mismo paquete y beneficiando al infractor, además de perjudicar gravemente los intereses insulares. Por último, Manuela Armas explica que la moción resulta “arbitraria e improcedente” al no constatar si quiera mínimamente la situación de los complejos a que se refiere.
El trabajo del Cabildo y la responsabilidad de los ayuntamientos
Según Manuela Armas, el Cabildo culminará durante este mismo mes de septiembre el análisis de la situación de esos complejos, una información que pronto se hará pública “para que todos sepamos qué es lo que incumple cada complejo y en qué situación están los planes parciales en que se edificaron los hoteles”.
La presidenta asegura que los equipos técnicos y jurídicos del Cabildo están “ultimando un exhaustivo informe sobre cada uno de los incumplimientos de las licencias anuladas”. “Me comprometo, una vez más, a que tan pronto se finalice esta documentación, los ayuntamientos, estén o no afectados, los partidos del gobierno y la oposición, y los órganos de participación y representación de la sociedad insular, tendrán cumplida información sobre cada una de las licencias anuladas”, recoge el texto.
Del mismo modo, recuerda que las sentencias contra las licencias de los hoteles son firmes y que corresponde ahora a los ayuntamientos afectados iniciar los expedientes de legalización. “Pero no para legalizarlos sin más, sino para ver si actualmente cumplen con la legalidad aplicable, otorgándose nueva licencia si así fuera u ordenándose su demolición en caso contrario, como así declara reiteradamente la Justicia en sus numerosas sentencias”, precisa. Según Armas, será entonces cuando los ayuntamientos deban pedirle al Gobierno de Canarias que se sume a las mesas de trabajo y respalde al Cabildo en sus propuestas.
Armas habla de prisas “injustificadas e injustificables del Gobierno de Canarias, que aparece ahora, en la recta final de los procesos, tras haber sido el gran ausente cuando esta isla luchaba en solitario en defensa de una legalidad de la que el Gobierno de Canarias debía ser el mayor garante”, concluye.
