Alternativa sostiene que la Adaptación Básica del Plan General de Arrecife no tiene vigencia, en tanto en cuanto no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) después de la corrección de errores, por cierto impugnada por el Gobierno de Canarias. El Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL) asegura que sí está vigente desde que se aprobara en junio de 2003. El portavoz del Partido Popular, Cándido Reguera, también recurre al argumento del PNL, aunque lo hace en declaraciones a los medios de comunicación, y no en el transcurso de la sesión, en la que declinó pronunciarse y entrar en debate de la moción presentada por Alternativa Ciudadana (AC). Lo mismo que los dos partidos del grupo de gobierno y Coalición Canaria. Y así, el punto más caliente y polémico de una sesión plenaria celebrada ayer en Arrecife, con pocos puntos trascendentes, dejó a los asistentes con la miel en los labios.
La cuestión de la Adaptación y su vigencia tiene que ver para Alternativa con la nulidad de pleno derecho del Plan General aprobado por Coalición Canaria en el pleno del 19 de marzo de este año. De ser cierta la postura de Alternativa, y de acuerdo a la disposición Transitoria Segunda de la Ley de Territorio de Canarias, “posteriormente al 15 de mayo de 2007, no podrá tramitarse planeamiento de desarrollo ni modificaciones del planeamiento general que no haya sido adaptado al Texto refundido. La aprobación de cualquier planeamiento, sin previa adaptación del planeamiento urbanístico en la forma anteriormente citada debidamente aprobada por el órgano competente, será nula de pleno derecho”.
Ante una obviedad como ésta, y el cúmulo de informes que apoyan las tesis de Alternativa Ciudadana declarando nulo de pleno derecho el Plan General, el gobierno declina el debate y vuelve a recordar que está a la espera de los informes de la COTMAC sobre este asunto.
Sería porque los concejales ya tienen sueño o hambre, o porque han pasado más de cuatro horas de pleno y el reloj se acerca a la medianoche, pero en la sesión plenaria nadie, excepto Pedro de Armas, entra a considerar siquiera la moción de AC, aunque tampoco dudan en rechazarla, nuevamente todos menos el PNL, que al igual que aquel 19 de marzo opta por la abstención.
Pero lo más sorprendente llega con una pregunta, casi a destiempo, del portavoz del PP, Cándido Reguera, que pregunta a la secretaria del Ayuntamiento sobre la vigencia de la Adaptación Básica. La cara de la mujer es un poema. Dice que cree que sí, pero mirando alrededor, no puede responder con seguridad.
Diez nuevos taxis
Con los votos del grupo de gobierno y de Alternativa Ciudadana, el Ayuntamiento aprueba la concesión de diez nuevas licencias de taxi en Arrecife. Dos de estos taxis serán vehículos de accesibilidad, pensados para las personas de movilidad reducida.
En este punto, rechazado por CC y PP, los nacionalistas sacan a la palestra la normativa estatal que regula el sector del taxi asegurando que el gobierno ha incumplido uno de sus artículos. Concretamente el referido a la necesidad de realizar un estudio en profundidad sobre las necesidades reales del sector, el crecimiento de la población en los últimos años. Según el mismo reglamento, el Ayuntamiento debería, según CC, convocar a las asociaciones profesionales del taxi para conocer su parecer. En palabras del portavoz de Coalición, Luís Morales, nada de esto se ha hecho en este caso, opinión que comparte el Partido Popular. Por su parte, el gobierno asegura que todos los preceptos legales se han cumplido a rajatabla y saca adelante la propuesta.
La obra de la calle Balayo
Alternativa Ciudadana lleva más de un año denunciando a una empresa que levanta un edificio de diez viviendas en la calle Balayo, en Argana Alta. Y no son los únicos. Hasta el Gobierno de Canarias ha mandado precintar la obra, y también el Ayuntamiento de Arrecife. Tras desprecintarla hasta tres veces, el constructor sigue levantando el bloque, y ya va por el techo.
La licencia fue denegada por el Pleno de Arrecife el 10 de enero de 2006 por encontrarse la obra en suelo urbano no consolidado. Pero ni los precintos ni la acción de la Policía han logrado pararle los pies al empresario.
El propio concejal de Urbanismo, Antonio Hernández, reconoce que se trata de un empresario acostumbrado a actuar de esta manera. “Tiene tres obras en Arrecife, y todas son ilegales”, dice Hernández, que para demostrar que no tiene los ojos cerrados, ni hay connivencia con la empresa, enseña en decreto para el derribo del edificio. Previamente explica que el constructor se ha negado expresamente a paralizar la obra. “No podemos entrar en su propiedad para derribar, tenemos que esperar una resolución judicial”, se justifica el responsable del Área.
No le vale a Andrés Barreto las explicaciones del grupo de gobierno. “Usted está haciendo lo que quiere el constructor. Esperar a que el problema se resuelva por la vía contencioso administrativa supone darle cuatro años a este señor”. Ante la evidencia de que todas las obras del mismo constructor son ilegales, “no queda más remedio que denunciarlo ante la Fiscalía para que no pueda volver hacerlo”, dice Barreto. Y el alcalde está de acuerdo. Enrique Pérez Parrilla promete que esa posibilidad será tenida en cuenta la denuncia llegará al Ministerio Fiscal.
