El Pleno del Cabildo ha rechazado este miércoles la moción de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) con la que ambas formaciones solicitaban sacar a concurso la gestión de los Centros de Atención a la Discapacidad Intelectual en base al Reglamento del Concierto Social aprobado por el Gobierno de Canarias y dejar sin efecto el procedimiento ya iniciado. Según explicó la consejera del área de Bienestar Social, Isabel Martín, el citado Reglamento no entra en vigor hasta el próximo 13 de abril, por lo que resulta totalmente imposible iniciar los trámites acogiéndose a dicho texto legal.
Igualmente, según ha explicado posteriormente en nota de prensa el Gobierno compuesto por Partido Socialista (PSOE), Podemos y el consejero tránsfuga de CC Juan Manuel Sosa, la consejera explicó que suspender en este momento los trámites iniciales de la licitación supondría volver a una situación de alegalidad injustificable pues, como recordó en su intervención “Hemos llegado a esta situación por la desidia de Pedro San Ginés que nos dejó, entre otras bombas pendientes de estallar, los servicios de bienestar social más importantes que presta este Cabildo sin ningún tipo de cobertura jurídica”.
En ese sentido, Martín volvió a recordar que la única alternativa ante esa situación fue acudir al Consejo Consultivo de Canarias, que confirmó la irregularidad de la situación, y poner en marcha el procedimiento de licitación.
La consejera insistió en señalar que si el Reglamento del Concierto Social hubiera estado en vigor, se habría recurrido al mismo, «pues va en nuestro ADN” y recordó que “la Ley de Servicios Sociales de Canarias es fruto del empeño de una consejera socialista, mi compañera Patricia Pérez que la dejó terminada, pactada con el sector, antes de la ruptura del pacto en diciembre de 2016 y Clavijo la mantuvo en el cajón hasta el final de la legislatura cuando no le quedó más remedio que llevarla a pleno al Parlamento de Canarias” y destacó que quien saca adelante el Reglamento es una consejera de Podemos, Noemí Santana.
Por último, Martín lamentó que CC y PP hayan ocultado la verdad: que el Reglamento del Concierto Social todavía no está en vigor.
Visión de PP y CC
Por su parte, PP y CC también han reaccionado a lo sucedido en el Cabildo. “Sorpresa y decepción a partes iguales”. Así definía el consejero Jacobo Medina el sentir del PP en el pleno extraordinario del Cabildo al comprobar que el Gobierno de PSOE y Podemos confirmaban su voto en contra de que el servicio de atención a la discapacidad que ha venido prestando Adislan se pueda acoger al concierto social aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias.
“Toda vez que el reglamento de desarrollo de la ley se aprobó en enero, dábamos por hecho de que tanto el PSOE como Podemos iban a votar a favor de nuestra propuesta y acogerse a la nueva norma”, reconoce Jacobo Medina, “pero, estamos sorprendidos y apenados por lo que han hecho estos dos partidos al dar la espalda a los cientos de familias y usuarios del servicio que ha venido prestando Adislan para la institución insular”.
"Y es que lejos de rectificar, Psoe y Podemos rechazan el nuevo instrumento que ellos mismos han puesto en marcha a nivel regional, dejando vendido a un sector que, alejado de la política, lo único que quieren es que los servicios se sigan prestando, y si es con una ONG como Adislan, mucho mejor porque le avala una trayectoria de casi 50 años en el sector y de trabajo con las administraciones públicas en materia de atención a la discapacidad”, remarca Medina.
En su nota de prensa el PP dice que mucho tendrán que explicar estos dos partidos, porque en el pleno no lo han hecho, los motivos reales por los que no se ha querido aparcar el procedimiento para la licitación. “No entendemos porqué o qué perjuicios tan graves e irremediables podría causar al Cabildo parar el proceso y acogerse al concierto social que precisamente se ha hecho pensando en el tercer sector”, explica Medina, quien recordó en el pleno las palabras del propio consejero del Gobierno de Canarias cuando anunció el decreto en enero, señalando que “facilita el que este tipo de servicios se presten por organizaciones no gubernamentales que sí tienen dificultades en esa competición con las empresas puramente comerciales”.
Por su parte, el Grupo Nacionalista (CC-PNC) lamentó también tras el pleno en nota de prensa que PSOE y Podemos, con la presidenta María Dolores Corujo a la cabeza, no hayan tenido la suficiente sensibilidad como para dejar a un lado las vendettas políticas y pensar en el futuro de los servicios de dependencia de la isla, perdiendo, durante el pleno extraordinario celebrado hoy a solicitud de los grupos de la oposición (CC y PP) “una magnífica oportunidad de debatir hacia dónde va el modelo de gestión para los servicios de dependencia de la isla, que nos habría apuntalado como el referente de toda Canarias que éramos”, tal y como manifiesta su portavoz adjunto, Pedro San Ginés.
"Hoy, en lugar de apuntalar este modelo a través del concierto social en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales heredada de Coalición Canaria, Dolores Corujo ha evidenciado que su objetivo es desecharlo, para apostar por un modelo de gestión de la dependencia, a través de empresas privadas, en lugar de ONGs", argumentan.
"Y lo ha dejado claro con el voto de su gobierno en contra de un acuerdo para desistir de la licitación ordinaria de los servicios que presta a día de hoy ADISLAN (Asociación de personas discapacitadas de Lanzarote) y acogerse a la concertación social, recientemente aprobada, para la prestación de este tipo de servicios de dependencia, tal y como estaba previsto en la citada Ley", insisten en su nota.
Para los nacionalistas, una de las grandes decepciones de la sesión plenaria de hoy ha sido la postura de Lanzarote en Pie-Sí Podemos, que ha afirmado, a través del consejero Jorge Peñas, que el concierto social, aprobado por la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, y compañera en la formación morada, Noemí Santana, es “un tipo de corrupción”, cuando este pasado lunes apoyó la moción al respecto presentada por CC en el Ayuntamiento de Teguise.
“Menudo papelón el de Podemos en el Cabildo de Lanzarote —apunta San Ginés— que ha permitido a la presidenta Dolores Corujo, que ni se ha dignado a recibir a las ONGs afectadas, quitarles los servicios que prestaban para dárselos a empresas privadas”.
Durante la celebración de la sesión plenaria, Dolores Corujo no solo no explicó por qué no aplica el concierto social, sino que además impidió que ADISLAN hiciera uso de la palabra, cuando San Ginés le ofreció que interviniese la ONG en vez de Coalición Canaria, aunque es su prerrogativa y pudo haberlo hecho, de haberlo querido, como tantas veces hizo el propio San Ginés en el pasado mandato.
Por su parte, y siguiendo la línea de engaños y falacias de la presidenta, también mintió en sesión plenaria la consejera de Bienestar Social cuando argumentó, para justificar que no se iba a desistir de la licitación y que no había posibilidad alguna de acogerse al concierto social, que los servicios de ADISLAN ya están en licitación.
Sin embargo, según informan los nacionalistas, se trata de una afirmación completamente falsa y que lo único que hay a fecha de hoy es un acuerdo del Consejo de Gobierno y que el concierto social estará en vigor y plenamente operativo el próximo 3 de abril, sin duda antes de que se tome posesión de los bienes cedidos a AFA y antes de que se adjudiquen los servicios de ADISLAN.
Finalmente, tras el pleno de hoy, el mensaje del Grupo Nacionalista es claro y contundente: Mientras en Canarias el ‘Pacto de las flores’, con Ángel Víctor Torres (PSOE) y Noemí Santana (Podemos Canarias) a la cabeza, promueve y presume de la concertación con ONGs en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, en Lanzarote, la presidenta del Cabildo insular, Dolores Corujo, y los consejeros de Lanzarote en Pie-Sí Podemos en la institución insular, privatizan los servicios de dependencia.
